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Costa Rica aún no decide sobre solicitud de asilo a grupo de ecuatorianos

Fuente: EFE  |  2012-05-12

San José, 12 may (EFE).- El Gobierno de Costa Rica confirmó hoy que su embajada en Quito recibió una solicitud de asilo político de cuatro personas, a las cuales no identificó, pero aún no ha tomado una decisión al respecto.

"El embajador de Costa Rica en Ecuador, Gerardo Lizano, dijo que las cuatro personas ingresaron en horas de la mañana (de este viernes) y dejaron una nota de cuatro páginas en la que no figura ningún nombre ni documento de identidad que los identifique, tras lo cual, abandonaron el inmueble", indicó la Cancillería costarricense en un escueto comunicado.

"De momento, la Cancillería no tiene más comentarios que hacer", concluyó el comunicado.

Los ecuatorianos Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo, afirmaron ayer en Quito que se sienten perseguidos por su Gobierno y por ello solicitaron el asilo político en la sede diplomática costarricense.

Ellos son los miembros de una veeduría que dijo que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, conocía los contratos que su hermano Fabricio tenía con el Estado.

Chambers dijo ayer en Quito que temen ser encarcelados luego que el comité concluyera que el volumen de los contratos ascendía a 657 millones de dólares y que hubo un perjuicio para el Estado de 143 millones.

El propio mandatario solicitó la creación de esa veeduría, pero una vez que hizo público su informe hace un año, Correa acusó a sus miembros de manipular documentos y de presentar una conclusión falsa, por lo que inició una demanda penal.

El próximo 17 de mayo los cuatro deben comparecer ante un tribunal para la presentación de cargos contra ellos y Chambers dijo estar "casi seguro" de que serán encarcelados ese mismo día por el delito que se les imputa de perjurio tratando de desestabilizar la democracia.

Los periodistas que revelaron este caso, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, también afirmaron en su libro "El Gran Hermano" que Correa sabía de los contratos.

El mandatario les enjuició por injurias, pero tras ser condenados al pago de 2,1 millones de dólares Correa les perdonó. 

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