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Instan a gobierno salvadoreño extraditar militares "Caso Jesuitas"

Fuente: dpa  |  2011-12-06

San Salvador, 6 dic (dpa) - El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), instaron hoy al gobierno salvadoreño a colaborar en el caso del asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas que está siendo juzgado en España desde hace dos años.

"El Estado (salvadoreño) debe atender la solicitud de extradición contra 13 ex militares que el Consejo de Ministros de España realizó el pasado 2 de diciembre, y así cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", dice un comunicado de las dos organizaciones humanitarias.

El juez Eloy Velasco, quien procesa a 20 ex militares salvadoreños y presuntos asesinos de los jesuitas y dos de sus colaboradoras, ha gestionado este año la extradición de los implicados a España, pero el Estado salvadoreño ha hecho caso omiso a las solicitudes.

El pasado 2 de diciembre fue el Consejo de Ministros de España el que autorizó a su gobierno exigir la extradición de los involucrados a El Salvador y a Estados Unidos, donde residen dos de ellos.

"Han pasado 22 años desde que estos graves hechos ocurrieron y el Estado salvadoreño no ha juzgado a los responsables en sus tribunales. Frente al incumplimiento de esta obligación, El Salvador tiene el deber inexcusable de cooperar con el proceso iniciado en España", dicen Idhuca y Cejil.

Agregan que "instan al Estado salvadoreño a actuar para que las personas acusadas en este caso puedan comparecer ante la justicia española, con el fin de que sean procesadas y sancionadas de acuerdo a la gravedad de sus actos".

El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos de origen español. Entre los asesinados estaban el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, y el vicerrector, Ignacio Martín Baró, ambos también prominentes filósofos de la Teología de la Liberación.

En El Salvador existe una amnistía general de 1993 que encubre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la guerra civil (1980-1992) y que el actual presidente Mauricio Funes se ha negado derogar.

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