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España, a las puertas de una "primavera caliente"

Fuente: dpa  |  2012-02-22
España, a las puertas de una "primavera caliente"

Manifestantes protestan contra la nueva reforma laboral el 19 de febrero de 2012 en Madrid. (No usar en China, Taiwan, Macao y Hong Kong) Crédito: picture-alliance/Photoshot

REPORTAJE         Por Theo Peters (dpa)

MADRID, 22 feb (dpa) - La tregua no duró ni dos meses. El nuevo gobierno español, de Mariano Rajoy, ha desatado las primeras protestas en las calles desde su investidura el pasado 22 de diciembre por sus durísimas medidas contra la crisis económica y el desempleo, que no solo imponen sacrificios, sino que recortan los derechos laborales.

Convocados por los dos grandes sindicatos españoles, CCOO y UGT, cientos de miles de personas salieron a la calle el domingo 19 de febrero para manifestarse contra una radical reforma laboral aprobada por decreto por el gobierno conservador, que amenaza con romper una prolongada convivencia social pacífica en el país.

Pocos días despúes de la movilización sindical en las calles de 57 ciudades españolas se produjo la primera carga policial contra manifestantes de la era Rajoy: el centro de Valencia, en el este de España, se convirtió en escenario de una batalla campal entre policías y cientos de estudiantes que protestaban contra los recortes en el gasto de la enseñanza pública previstos en el plan de ajuste.

La represión de los manifestantes, que la policía justificó en presuntas provocaciones y agresiones, alcanzó niveles de brutalidad hasta ahora poco habituales en España y que desataron una tormenta de indignación en la oposición política regional y nacional. Valencia no es solo la región más endeudada de España, sino que también concentra el mayor número de casos de corrupción pública en el país.

El Partido Popular (PP) de Rajoy, que gobierna en Valencia y en la mayoría de las otras comunidades autónomas españolas, amén de ejercer el poder nacional sobre la base de una amplia mayoría absoluta en el Parlamento, apoya al parecer sin fisuras la política de extrema austeridad por la que su líder ha optado desde el primer momento.

Con inusitada rapidez, el Ejecutivo conservador ha implementado medidas anticrisis como el obligado compromiso de déficit cero para toda la administración pública, una reforma financiera orientada al saneamiento de los bancos lastrados por la crisis inmobiliaria y, como proyecto estrella, una profunda reforma del mercado de trabajo.

Es la reforma laboral, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, calificó "off the record" de "extremadamente agresiva" y que Rajoy admitió, también en una charla privada captada accidentalmente, que le costaría una huelga general, la que ha encendido la alarma en el mundo sindical y en la oposición parlamentaria socialista.

La reforma abarata el despido reduciendo sustancialmente la cantidad de días laborales que se contabilizan para el pago de indemnizaciones. A las empresas con problemas, que son prácticamente todas, les facilita el despido tanto individual como colectivo y les permite reducir unilateralmente los sueldos. También limita de forma notable el poder de los sindicatos en las negociaciones salariales.

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que la reforma laboral es un "atentado inadmisible a los derechos de los trabajadores" y amenazan con convocar una huelga general, pero el gobierno del PP solo se ha declarado dispuesto a aceptar modificaciones marginales que no alteren la esencia del proyecto de reforma.

El Ejecutivo de Rajoy sostiene que la reforma laboral creará empleos nuevos, no de forma inmediata, según admite, sino a medio plazo, mientras que los sindicatos solo esperan, ahora y después, una mayor destrucción de puestos de trabajo en España, país que con el 22,9 por ciento ostenta el récord de desempleo en Europa.

La patronal española, por el contrario, no oculta su satisfacción por la reforma laboral y, sintiendo el viento en popa con el cambio de gobierno en diciembre, quiere que las medidas favorables a la empresa privada vayan aun más lejos: el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la organización empresarial CEOE, José Luis Feito, propuso que se retire el subsidio por desempleo a los que rechacen una oferta de trabajo, aunque sea "en Laponia".

Para el gobierno de Rajoy, una reforma laboral "extremadamente agresiva" debe no solo restaurar la confianza de los inversores en España, sino servir de argumento para que la Comisión Europea flexibilice como contrapartida los plazos para el cumplimiento de los objetivos de déficit pactados entre Bruselas y el país ibérico.

Según el Ejecutivo de Rajoy, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero le heredó un déficit de más del ocho por ciento del producto interior bruto, cuando se había comprometido a reducirlo al seis por ciento para finales de 2011. El gobierno del PP alega que esta "herencia" prácticamente hace imposible cumplir con el objetivo de dejar el déficit público a fines de 2012 en el 4,4 por ciento.

Al gobierno de Rajoy la situación peor de lo previsto que dice haber heredado del gobierno de Zapatero le ha servido de excusa para aplicar medidas que durante la campaña para las elecciones del pasado 20 de noviembre había descartado rotundamente: subidas de impuestos y reducción de los subsidios de desempleo.

El incumplimiento de sus promesas electorales básicas, aunado a un deterioro aún mayor del escenario económico, con una previsible vuelta a la recesión y un desempleo que no deja de crecer, coloca al gobierno en una situación extremadamente delicada. La población española otorgó en las urnas al PP un poder absoluto para que saque al país de la crisis, no dentro de dos o tres años, sino ya.

Ante este escenario, todo indica que la agitación social y la polarización política en España se va acentuando en los próximos meses, sobre todo cuando el gobierno anuncie, como parece inevitable, nuevos recortes drásticos en los presupuestos generales del Estado para 2012, que se darán a conocer a finales de marzo.

La inminente primavera en España promete ser caliente, con más movilizaciones de protesta y manifestaciones callejeras que desafiarán la capacidad de respuesta no violenta de las autoridades. El propio Rajoy admitió que es consciente de la complicada situación en que se encuentra: en una reciente conversación con el presidente del gobierno de Cataluña, Artur Mas, confesó: "Vivo en un lío".

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