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POR QUÉ NO AL PLAN FISCAL: el ciclo electoral arista (III)

Fuente: José Luis Vega Carballo  |  2011-04-06

Columna Pensamiento Crítico

El análisis del Plan Fiscal (PF) que como proyecto de ley se discute en la Asamblea Legislativa, debe ser analizado más allá de sus características generales y de los aspectos técnicos que involucra. Hay que examinar, ante todo, las situaciones, fuerzas e intereses que lo impulsan desde Rorhrmoser, Zapote y Cuesta de Moras; es decir, considerar su contexto sociopolítico, para poder entonces entenderlo a cabalidad y no ser víctima de los argumentos efectistas que se puedan esgrimir en su favor o en contra.

En tal sentido, debemos comenzar por desentrañar la conexión directa del PF con lo sucedido en la segunda administración de los Arias (2006-2008) en materia de política fiscal, o sea, su razón de ser, el motivo de que se redactara y presentara el 17 de febrero de este año al parlamento, como proyecto de ley insignia de la administración Chinchilla. Esto nos lleva a precisar por qué la anterior administración de los Arias disparó el gasto fiscal como lo hizo, astronómicamente, en momentos cuando los ingresos tributarios se desaceleraban y reaparecía el problema de un déficit fiscal que en la actualidad va llegando a casi un 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Fue también el momento cuando muchos economistas y sectores neoliberales empezaron a poner el grito en el cielo sobre el desequilibrio en el erario, al tiempo que colocaban el tema en los medios de comunicación. El año pasado anunciaron el eventual colapso del país y su economía si no se aprobaban medidas de contención del gasto, reducción de la deuda pública y aumento de la carga tributaria, en medio de lo que fue el inicio de una campaña mediática orientada a sembrar el miedo entre la población sobre las consecuencias de no aprobarlas a la mayor brevedad. Haciéndose eco de ese clamor de los círculos neoconservadores, el gobierno de turno ha amenazado a los diputados, a los dirigentes sindicales y líderes de otros grupos de presión de ser los posibles responsables del caos que se avecina si no se dan acciones que exige el ministerio de Hacienda en materia de reforma tributaria, todas ellas supuestamente indispensables para evitarle a Costa Rica un verdadero apocalipsis. Con lo cual estamos en medio de un clima semejante en muchos respectos al que fuera creado durante la administración Rodríguez para vender los activos nacionales por motivo de la deuda pública, y que también se asemeja al montado a favor del TLC con base en el tristemente célebre Memorándum del Miedo del dúo Casas-Sánchez. Esta vez retorna el clima, pero en pro del PF al punto de que podemos hablar del surgimiento de una campaña de terrorismo fiscal.

Así las cosas, y entrando al análisis de la crítica coyuntura en que estamos, es conveniente primero que todo anotar que hasta diciembre del 2008 el gobierno arista disfrutó de un superávit fiscal, que en buena parte heredó de la administración Pacheco, y que no supo administrar; por lo que, cuando la crisis financiera internacional estalló ese mismo año y afectó negativamente los ingresos fiscales, en vez de bajar el ritmo del gasto los Arias lo aceleraron.

Las cifras al respecto son reveladoras: el gasto fiscal aumentó entre 2006-2010 en un 52% en términos reales - el más alto de los últimos 30 años y según la CEPAL el más elevado de América Latina en ese período- hasta llegar a un 20,2% del PIB en 2010. Por ejemplo, en el 2007, el gobierno presupuestó, solo para la partida llamada gestión de apoyo (pago de consultorías y servicios), la elevada suma de ¢173.700 millones equivalentes a ¢245.000 millones de hoy. Para el 2008, este rubro alcanzó la cifra de ¢238.300 millones (¢309.000 millones de hoy), lo cual significó un aumento del 26%. Para el 2008 y el 2009 el crecimiento presupuestario, en comparación con el de 2007, fue del 42% y 46%, respectivamente. Esto, aunado a desusados incrementos en el renglón de planillas, transferencias y otros gastos recurrentes, comenzó a provocar un gran desequilibrio en las finanzas públicas al punto de que el problema del déficit reapareció en 2008-2009, ya en el marco de la contienda electoral del 2010.

Pero, mientras los gastos se escalaban a límites inusuales, por otra parte los ingresos tributarios solo alcanzaban un monto equivalente al 14,8% del PIB; ello debido a la disminución del ritmo de la actividad productiva, provocada precisamente por el fuerte impacto recesivo de la crisis externa, con lo cual se produjo lo esperado: un abultado déficit fiscal por la enorme diferencia entre ingresos y egresos. De ahí que muchos analistas, a finales de la administración de los Arias, comenzaron ya a clamar por el retorno a una época de austeridad y a afilar los instrumentos de la ortodoxia fiscalista para colocarlos sobre la supuesta mesa servida que Oscar había dejado a Laura, y que no era otra cosa que una mesa vacía!

Ahora bien, si nos fijamos bien en la fecha cuando empezaron a elevarse de forma galopante y alarmante los gastos del Gobierno Central -diciembre de 2008- vemos que la subida se produjo con casi dos años de anticipación a las elecciones de febrero de 2010, las que ganó por buen margen la candidata de los Arias. De tal modo, que en el fondo se trató de un bien conocido y analizado fenómeno, conocido como ciclo electoral. Un proceso perverso y fraudulento, el cual consiste en aumentar las erogaciones fiscales en los meses anteriores a las elecciones para generar con el aumento del gasto público un clima favorable a la elección de los candidatos oficialistas en las papeletas; es decir, para que los alcaldes y las corruptas maquinarias electorales - en este caso las que Rolando Araya llamó una vez el cucarachero del PLN- tuvieran suficientes recursos en sus manos para comprar conciencias y votos, asegurando un fácil triunfo en las urnas.

Debemos, pues, entender que el PF no es otra cosa que la factura que el arismo nos pasa ahora que su candidata está en el poder después de haber ganado las elecciones, para  pagar los costos fiscales del ciclo electoral mediante el cual la puso en la silla presidencial. Claro está, junto a esos recursos públicos estuvieron las voluminosas contribuciones provenientes del sector financiero y empresarial con las que fue posible financiar holgadamente la propaganda mediática, tanto de la pre-campaña dentro del PLN, como de la campaña presidencial de la delfina.

Algunos podrían pensar que este gasto fue necesario para que los Arias pudieran cumplir sus promesas de campaña después de aprobado el TLC, que tanta energía y recursos les requirió; o bien, necesario para disminuir la pobreza e invertir hasta convertir el país en el ansiado primer país desarrollado de América Latina, con que tanto ha soñado Oscar. Sin embargo, los duros datos que arroja la realidad no lo indican de ese modo. Ya que según Juan Carlos Hidalgo (un comentarista y bloguero del semanario El Financiero) no queda muy claro a qué se destinó el gasto. Veamos.

A pesar del enorme aumento del gasto, Arias solo cumplió 29 de las 130 promesas de su campaña: un 22%! (Semanario El Financiero, 25/04/2010, en un análisis por Mario Bermúdez, periodista). Y en vez de dejar a Costa rica como el primer país desarrollado de América Latina, lo dejó arruinado! Igualmente, en términos de facilidad para hacer negocios, Costa Rica se ubica en el puesto 125 entre 183 países según los índices del Banco Mundial. En desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación (las TICs) nuestro país ocupa el puesto 13 entre 20 países de América Latina de acuerdo al Latin Business Chronicle. Ni somos ya el país más desarrollado de Centroamérica, porque desde el 2004 Panamá nos supera en crecimiento del PIB y otros indicadores. Más aún, en Costa Rica crecimiento del PIB per cápita no pasó de un bajo 2% en los últimos 10 años y a este ritmo tardaríamos 38 años en igualar a Portugal, uno de los países más atrasados de Europa!

Arias tampoco aumentó gasto para aliviar la pobreza. Según anota de nuevo Juan Carlos Hidalgo en su blog, un informe reciente de la CEPAL señala que ´Costa Rica se destaca como el único país, entre aquellos para los que se cuenta con información, en que los indicadores de pobreza y de indigencia tuvieron un deterioro visible en 2009, cuando aumentaron 2,5 y 1,4 puntos, respectivamente´.  Y agrega: Como señalé en el comentario anterior, la pobreza en el 2010 subió al 21.3%, y si bien hubo un cambio en la metodología empleada para medir la cantidad de familias pobres, resulta claro que el aumento substancial en el gasto público no tuvo éxito alguno en contener el incremento de la pobreza.

Lo anterior pinta un desolador panorama nacional agravado por los platos rotos presupuestarios que los Arias dejaron sobre la vacía mesa en que sentaron a Chinchilla y su equipo de gobierno, ahora en problemas, advirtiéndoles que no había nada que cambiar  y que no levantaran olas porque solo tendrían que dedicarse, con toda la tranquilidad del mundo, a  administrar el grandioso legado que le dejaban al país(¡?)

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