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En los pliegues se oculta el diablo

Fuente: Alvaro Madrigal Castro  |  2011-07-07

De cal y de arena

El Ministerio Público tiene competencias claras e indiscutibles para perseguir el delito, algunas de ellas característicamente discrecionales como la de rastrear llamadas telefónicas. No se comprende cómo podría ejercer las funciones que le competen si no se le provee de las herramientas necesarias para averiguar la transgresión de la ley penal y todo el entramado que le rodea, por ejemplo, apelando al rastreo de los telefonemas. Me parece que ahí no hay nada que discutir, como sí lo hay en punto a la solvencia profesional con que ejerza esas potestades. Porque bien puede suceder que por tratarse de facultades de índole discrecional, el Ministerio Público se deslice por los vericuetos de los manejos diferenciados, privilegiantes y hasta condescendientes, sin descartar la posibilidad de actuar por una manipulación, siendo que esta Oficina está para conducirse dentro del respeto de la ley y observando la más absoluta independencia de criterio y autonomía de voluntad. El reciente caso en que el jefe del Ministerio Público rastrea las llamadas de prominentes figuras políticas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia a fin de determinar si hubo gestiones propias de un tráfico de influencias,  se pone en marcha tras recibir  un rumor de boca de un periodista sobre la presencia de un tráfico de influencias. Quienes conocemos al gremio periodístico, sabemos que allí muchos gustan de servir de correa de transmisión de la polea. Sin arriesgar nada, alguien ideó la maniobra e instrumentalizó a un periodista. He ahí el peligro de un montaje para manipular al Ministerio Públic y hacerlo instrumento de afanes políticos. Bien haría don Jorge Chavarría en  ser más desconfiado para ser más acertado a la hora de oir rumores.
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De cribar bien sus fuentes informativas y de dar fe, con hechos, de la independencia de criterio y de la autonomía de voluntad en el Ministerio Público, podríamos esperar de la gestión de don Jorge vientos refrescantes y un refulgente prestigio de esta oficina, expuesta a tanta polémica desde que sus despliegues sobre el vasto, profundo y destructivo mundo de la corrupción en Costa Rica han carecido de las dimensiones, el vigor y la universalidad a exigir. Podríamos esperar que sus poderes para auscultar no se detengan ante los muros de las concesiones aeroportuarias (contrasta cómo atendió un chisme de un periodista con el desdén para con las denuncias del Ing. Rodolfo Silva en lo de Alterra), y que no pierda el olfato ante otras concesiones -puertos y carreteras- ni repita lo de las consultorías financiadas por el BCIE. fondos de emergencia,  los temas de avionetas y tantos casos más donde el celo de la investigación signada por la malicia indígena no se ha hecho evidente. De ser así, otro gallo nos va a cantar en las circunstancias en que este país se desmorona por la concupiscencia reinante, para solaz y esparcimiento de las redes del narcotráfico internacional y el crimen organizado. Que nos demuestre el Fiscal General que su independencia de criterio y su autonomía de voluntad van por parejo.

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