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El negocio del miedo y la inseguridad ciudadana

Fuente: José Luis Vega Carballo  |  2011-07-13

Columna Pensamiento Crítico

Las mejores estimaciones acerca del sector de la seguridad privada en vías de globalizarse, indican que en el año 2003 este crecía a una tasa anual mundial de 8% y generaba un volumen de negocios cercano a los US$ 42.000 millones, de los cuales correspondían a Latinoamérica unos US$ 4.000. La tasa de crecimiento aumentó posteriormente a razón promedio de 10% por año, debido a lo cual hoy día el volumen del negocio bien podría estar llegando a los US$ 100.000 anuales, impulsado en estos momentos ya no solo por empresas medianas y pequeñas, sino por grandes firmas o corporaciones privadas y hasta transnacionales como la estadounidense Wackenhut, la sueca Securitas, la danesa Groupe4 Falck, y otras tantas de las grandes que han crecido a la par de Prosegur y Chubb. Un Informe del Primer Congreso Latinoamericano de Seguridad, celebrado en Bogotá entre el 24 y el 26 de septiembre de 2003, nos indica que la seguridad privada se ha desarrollado tanto en América Latina y en Centroamérica que es un sector de enorme diversidad y sutileza, tan complejo como pueden serlo el automotor, el farmacéutico o el bancario. Y ello es cierto, a pesar de ser un sector formado en los últimos treinta o veinte años en la mayoría de los países y que se disparó a partir de un puñado de empresas familiares.

Si observamos por un momento la división del trabajo que se ha generado en su interior, la lista de especialidades crece continuamente. En ese mismo Informe se mencionan los más destacados subsectores que brindan servicios de investigación, vigilancia, seguridad electrónica, protección y transporte de valores a infinidad de personas, grupos, empresas e instituciones, incluyendo estatales: alarmas (fabricación, provisión, instalación y monitoreo), armamento, automatización y blindaje de edificios y vehículos, capacitación y entrenamiento, cerrajería y afines, circuitos cerrados de televisión, comunicaciones, construcción y manejo de cárceles, custodia de mercadería en tránsito, fabricación de insumos de vigilancia (electrónicos y otros), importadores y exportadores especializados, seguridad para eventos (ferias, congresos, conferencias), planeamiento de respuesta ante emergencias, vigilancia de barriadas, edificios y viviendas, seguridad bancaria y financiera, seguridad especializada contra robos y secuestros, seguridad de la información y las comunicaciones, y seguridad turística.

Si volvemos nuestra atención a la región centroamericana, desde inicios de la década se considera que esta muestra el más rápido crecimiento de los servicios privatizados de seguridad y protección en el continente que son gestionados por métodos directos de corte disuasivo y represivo. Un proceso inesperado que sobrevino luego de que la insurgencia político-ideológica de los años 1970-90 diera paso a una era de criminalidad y violencia impulsada por una mayor inequidad y desintegración social, así como por políticas de desmantelamiento de las ya de por sí débiles instituciones de los Estados de Bienestar. La opción se impuso bajo el supuesto de que el mercado privado se haría cargo de cumplir mejor con las tareas que se sustrajeran de control público. Los planes de estabilización macroeconómica o ajuste estructural, la mayoría impulsados por los organismos financieros internacionales (OFIs), vinieron a reforzar los dos ejes y procesos de polarización social. Por un lado, la sujeción de la dinámica de las sociedades civiles a la competencia de los mercados y, por otro lado, un deficiente manejo de la conflictividad social de parte de los Estados a raíz del debilitamiento de los órganos de la administración de justicia y una mayor confianza en la aplicación de métodos represivos para mantener la ley el orden. Esto sucedió incluso en Costa Rica donde el Estado de Bienestar había echado profundas raíces en la sociedad civil desde los años de 1940 bajo un modelo muy semejante al del norte de Europa; y donde, después de la primera administración de los Arias entre 1986 y 1990, y a pesar de múltiples protestas y resistencias sociales, se aceleró muchísimo el traslado de funciones esenciales del Estado al sector privado, incluso en materia de seguridad ciudadana y pública, lo cual imprimió mayor presencia económica y peso social al sector local de la seguridad privada. Los investigadores del Banco Mundial Rodrigo Serrano y Lorena Cohan calculan que hoy la región invierte alrededor de un 8% de su PIB en atender los impactos negativos del crimen en sus distintas formas y los daños colaterales de una violencia civil en incontenible escalada.

Según un estudio del Banco Mundial de 2009, nuestro país invierte $US 790 millones anuales en paliar los efectos del crimen, la delincuencia y varias formas letales de violencia, gran parte de los cuales van a financiar las compras de medios de protección y muy diversos servicios en el sector de la seguridad privada, ante una creciente incapacidad estatal ya señalada de hacerse cargo de resolver el problema y el convencimiento de que no queda más que echar mano a otros medios según dé el bolsillo de cada uno o de las empresas.

Inicialmente a cargo de pequeñas empresas familiares que manejaban un bajo volumen del negocio, el retiro del Estado de muchas de sus funciones de seguridad las hizo crecer hasta configurar un sector de la economía costarricense, al cual se integran muchas otras dedicadas a suplirle insumos y brindarle servicios de apoyo. Ahora bien, esto ocurrió sin que nadie se hubiera propuesto en momento alguno que esto sucediera expresamente; pues fue solo propulsado por impulsos de oferta y demanda del mercado de bienes y servicios que nadie pudo - ni seguramente podrá- alcanzar a detener; y que al presente se han vuelto un gran incentivo para el crecimiento continuo de un pujante sector de la economía particular, el cual ya maneja en Costa Rica un giro comercial equivalente a un 3,6% del PIB y con una muy fuerte tendencia al alza. Un país que pareciera marcar la pauta en el Istmo, El Salvador la cifra llega más alto, a un 11% con un volumen de negocio registrado del orden de los US$ 2.100 millones.

Debido a este tipo de consecuencias no deseadas e imprevistas del funcionamiento de la economía de mercado - como proceso social que es-, el sector privatizado de la seguridad visto como un todo se alimenta y retroalimenta de la propia escalada criminal, aunque los inversionistas y comerciantes no se lo propongan así. De hecho es que se benefician y que se preparan para asumir mayores y más lucrativas tareas en alianza con corporaciones privadas transnacionales vinculadas con el fenómeno a escala global, donde los mercados bullen tanto como la acumulación de ganancias impulsados por la crisis de la inseguridad que se internacionaliza a pasos agigantados.

Esa paradójica condición de un sector que crece amparado a la criminalidad, la inseguridad y el miedo hace que muchos de los agentes interesados en su expansión ilimitada realmente no tengan el menor interés de que el matrimonio entre ambos deje de existir; ni se desviven porque los Estados u otros organismos de alcance internacional lleguen a enfrentar eficazmente los retos de la floreciente inseguridad con certeras políticas e instrumentos. En esa misma corriente se apuntan muchos políticos y mandatarios centroamericanos, que no pasan de la retórica y las poses mientras los medios que utilizan en sus proclamadas políticas de seguridad ciudadana son equivocados e inútiles, se vaya a saber si hasta no son escogidos premeditadamente para que no surtan efectos. Tampoco cala entre los empresarios de la seguridad privada ni en la alta dirigencia de la zona la necesidad de luchar por abolir las causas de los conflictos intestinos y por promover la construcción de la paz, una actitud que comparten con las maquinarias globalizadas de la guerra, la industria del armamento y los traficantes de armas, a cuyos niveles de rentabilidad se van acercando velozmente las firmas locales y varias que ya operan a escala regional.

Lo cierto es que, dentro de una típica concepción neoliberal, todo eso se reduce a unos efectos inter-sectoriales (es decir, entre el negocio cada vez mejor organizado del sector del crimen y sus redes, y el otro sector del negocio conexo de la seguridad privatizada) que no deben ser vistos como si fueran planeados, sino productos del comportamiento de las leyes de oferta-demanda del libre mercado. En esa medida estaríamos supuestamente en un terreno de nadie, donde los negocios deben continuar, siempre y cuando sean en apariencia lícitos, no importando si detrás de ellos se mueven las tenebrosas garras del crimen y la violencia. No debe extrañarnos, pues, que gobiernos como los de Centroamérica cómodamente asentados aún en el marco del consenso de Washington y del ya desprestigiado y pasado de moda neoliberalismo, prefieran de lleno (aunque no lo expresen así públicamente y hasta lo nieguen) la mano dura del Estado, de las policías y los ejércitos. Tampoco debe sobresaltarnos que operen con rumbo y viento a favor de los poderosos agentes del sector privado de la seguridad, ni que dejen de lado la prevención y el diseño de otras políticas de intervención menos penales y represivas, aunque más efectivas en el medio-largo plazo porque atacan las causas y no solo los resultados irremediables del incremento de la criminalidad y la desorganización social. Fenómenos estos que, ya bien lo sabemos, el neoliberalismo ha precipitado tras treinta años de predicar menos Estado, más mercado, a sabiendas, primero, de que con el mercado vienen de la mano las redes criminales a ocupar el lugar que les deja libre el Estado y, segundo, de que en esta fatídica cadena de negocios también se benefician los mercaderes de la seguridad privada, actores con escaso o nulo interés en atacar las raíces del problema de la inseguridad y el miedo ciudadanos.

 

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