Libertad de Prensa: Panamá pierde 58 puestos en dos años

Hostigamiento e impunidad ante las voces críticas

La clasificación mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras señala un grave retroceso de Panamá en esta materia, que cae (en la edición 2012) 32 puestos hasta quedar en el 113. Hacemos este pronunciamiento ya que se nombra, entre otros, el caso de nuestra detención y expulsión el 28 de febrero de 2011, hace casi un año. Hay que recordar que en los dos años de Gobierno de Ricardo Martinelli, Panamá ha perdido 58 puestos en esta clasificación de 170 países evaluados (se ha pasado del  55  en 2010 al 81 en 2011, hasta llegar ahora en 2012 al 113). 

Tal y como quedó demostrado en los informes y pronunciamientos de la propia Reporteros Sin Fronteras, CEJIl o Human Rights Foundation, entre otras, nuestra detención y expulsión forzada fueron ilegales. Durante estos 11 meses hemos tratado de lograr justicia en Panamá, pero nos hemos chocado con el muro de la ineficacia, las inconsistencias y la impunidad a la que están sometidos la inmensa mayoría de los panameños y panameñas. Los recursos legales a nuestra disposición son papel mojado en Panamá. Sólo para poner unos ejemplos: seguimos a la espera de la respuesta de la Dirección Nacional de Migración ante el recurso que presentamos unas horas después de la expulsión y que debía responder en un plazo de 30 días. Si teníamos claro que se nos retuvo y se nos expulsó violando el debido proceso y negando cualquier posibilidad de defensa, ahora tenemos claro que en Panamá sólo hay "seguridad jurídica" para inversores extranjeros y grandes empresas, pero no para los ciudadanos.

Tanto Pilar Chato como Paco Gómez Nadal han presentado denuncia contra el Estado de Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aun sabiendo que estos procesos son lentos, pero necesarios. Hacer periodismo independiente y crítico nos costó perder nuestra residencia, nuestro sustento y el contacto con los seres queridos.

Queremos aprovechar la ocasión para mostrar nuestra solidaridad con todos y todas las colegas que siguen siendo hostigados y perseguidos en Panamá. Somos conscientes del clima de intimidación y descalificación personal contra los profesionales del periodismo en Panamá. También denunciamos nacional e internacionalmente la persecución a los pocos medios de comunicación que aún no son controlados orgánica o económicamente por el Gobierno o por sus co-partidarios, así como las limitantes para acceder a la información pública confiable y transparente durante esta Administración.

La situación de las libertades públicas y del pluralismo están en grave riesgo en Panamá. Las cifras macroeconómicas no pueden ocultar que en Panamá es un riesgo personal y profesional ser periodista, defensor de Derechos Humanos o activista social.

Esperamos que el Gobierno reflexione y modifique la estrategia de acoso y persecución del disenso y que entienda que no hay democracia sin un marco de derechos, sin una justicia realmente independiente y sin el respeto a la "seguridad jurídica" de las y los ciudadanos.  

(*) Periodistas españoles