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El Sistema de Gestión de la Calidad del Poder Judicial

Fuente: Luis Fernando Fernández H  |  2012-02-29

La Norma GICA que se implementa en el Poder Judicial, de forma voluntaria para los despachos que tienen interés en recibir la acreditación, es el producto de  intensos procesos de participación democrática, tanto a nivel interno en el propio Poder Judicial costarricense, como a lo externo mediante la incorporación  fundamental del pensamiento de las personas usuarias.

En consecuencia, el despacho judicial debe definir la aplicabilidad de cada artículo de la Norma, en función de sus propias prácticas, no debe ser impuesto con una visión jerárquica. 

El  despacho  judicial  debe  determinar  el  ambiente  de  trabajo  necesario  que propicia el cumplimiento de  objetivos por parte de los  servidores-servidoras judiciales, para que cumplan con los objetivos, garantizar la existencia y  ejecución de un protocolo  para  la  planeación  de  recursos, de modo que  los medios de aprovisionamiento, apoyos técnicos, recursos humanos e  infraestructura física  y telemática sean ordenados prioritariamente, identificados, sustentados técnicamente y evaluados.  También, está obligado a asegurar que se cuenta y se ejecutará un protocolo para detectar, corregir y prevenir las no conformidades y las medidas preventivas que se deriven de ellas. 

La implementación de una norma de calidad en el Poder Judicial, no se hizo por la ausencia de controles, pues todos los despachos judiciales deben presentar informes estadísticos trimestrales. A la vez, reciben inspecciones judiciales cada semestre y cada vez que se considere necesario. En consecuencia, si hay sistemas de evaluación confiables y objetivos del trabajo de los jueces y juezas, desde vieja data, razón por la cual existe un Departamento de Planificación.

El nuevo modelo asumido, parte de una calidad y el compromiso de los funcionarios de comprender el sistema e involucrarse en la ejecución, que permita hacer las correcciones necesarias en el camino. 

En el Tribunal de Trabajo de Goicoechea se realizó un informe de la agencia USAID que señala 173 días, como duración promedio de los juicios, a diciembre de 2011. Asimismo, a junio de 2011, se resolvió 829 asuntos. Además, la prestación del servicio obtuvo una nota de 71.29, confianza en el sistema de 75.33 y velocidad de respuesta 71.33. Entre mayo y octubre de 2011, el informe acredita una disminución del retraso judicial, esto significa un menor tiempo de permanencia de un asunto pendiente de resolución, en un 45%. Lo anterior, es importante tenerlo claro para evitar un juicio apresurado de los hechos. 

Finalmente, el Tribunal de Trabajo de San José, ante las dificultades existentes pidió a la Corte Plena la exclusión del nuevo programa de gestión de la calidad, pero dejó abierta la posibilidad de retomar el proceso de acreditación bajo ciertas condiciones. Entre ellas, recibir el apoyo de más personal necesario. 

El Centro de Gestión de la Calidad no tiene un sistema específico de valoración de riesgo institucional, lo cual ha imposibilitado prever el representado por el deterioro de la comunicación del Tribunal de Trabajo con el órgano de implementación de la norma GICA. La Contraloría de Servicios del Poder Judicial acredita que se presentó 63 gestiones ante ese órgano, de un total de 1448 asuntos resueltos en el Tribunal de Trabajo. 

Debe tomarse en cuenta el informe sobre independencia judicial, que emitió el  Magistrado Fernando Cruz Castro, en julio de 2000, donde atribuye al  Poder Judicial  costarricense   una estructura vertical  que  en  la  práctica  provoca  una  atmósfera  autoritaria  y  de  escasa  participación. Donde no se da  un  autogobierno  de  los  jueces. Advierte que la Intervención de la cúpula en las decisiones de otros tribunales, no es conveniente. 

Remarcó el Magistrado Cruz Castro que la  integración de Comisiones como la de Penales, Laboral, Contencioso Administrativo se convierte en un mecanismo sutil de intervención sobre el  juez. Estas Comisiones, dada  la  jerarquía  y poder de los miembros de  la  cúpula que  la integran, sin proponérselo en algunos casos y en otros con plena conciencia, se convierten en una  instancia  informal de control sobre  los  jueces,  lo que  resulta a  todas  luces  inconveniente. 

La Asociación Costarricense de la Judicatura considera oportuna la evaluación del trabajo de los Tribunales y la mejora de los sistemas para un incremento de la productividad; por esta razón, en la administración del Poder Judicial debe darse participación a la sociedad. 

No obstante, debe implementarse una serie de reglas claras para suspender o concluir definitivamente un proceso de acreditación, si este no rinde los resultados esperados. Además, considerar los datos objetivos que contienen los informes referentes a la Norma GICA, para contar con los elementos de juicio más integrales y tomar decisiones sobre la oportunidad o necesidad de los cambios que es necesario implementar para un mejor resultado institucional, en la ejecución de recursos públicos que también utiliza este programa. 

(*) Juez Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Segunda

Tesorero, Asociación Costarricense de la Judicatura

Comentarios

  • José Solano2012-02-29 SI bajo ese sistema lograron sacar tantos casos y brindar justicia más pronta a los usuarios, no entiendo ¿por qué se salieron de dicho programa? Ahí está el problema de nuestro país cuando las cosas empiezan a mejorar nos sentimos satisfechos y alivianamos la tarea porque "ya hicimos mucho."

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