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Argentina: ¿Hacia una nueva denuncia del CIADI?

Fuente: Nicolas Boeglin  |  2012-04-24

Con el fin de resolver eventuales litigios que puedan darse entre Estados e inversionistas extranjeros, se creó en 1965,  en el marco del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado, (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), mediante la Convención de Washington: esta Convención establece un mecanismo arbitral en el marco del Banco Mundial, para resolver este tipo de disputas. 

EL CIADI EN CENTROAMERICA:

Costa Rica ratificó, como 148 Estados más, dicha convención (la firmó el 29 de septiembre de 1981 pero la ratificó tan solo el 27 de abril de 1993). Los demás países centroamericanos la ratificaron de igual manera en los años 80-90: el Salvador (1984), Honduras (1989), Nicaragua (1995), Panamá (1996) y Guatemala (2003). El amplio plazo entre la firma y la ratificación de Costa Rica se debe a la posición de no ratificar este instrumento mientras se resolvía el caso de la expropiación de la Hacienda Santa Elena, consecuencia de la creación del Parque Nacional de Santa Rosa (Decreto Ejecutivo 8550-G del 5 de mayo de 1978). Este caso fue finalmente resuelto por el CIADI en el año 1996 (Nota 1). Se lee en un memorándum de la GCAB (Global Committee of Argentina Bondholders) del 2005 que esta decisión de Costa Rica resultó de presiones directas en relación a este caso: "In the 1990s, following the alleged expropriation of property owned by an American investor, Costa Rica refused to submit to ICSID arbitration. The American investor invoked the Helms Amendment and delayed a US$ 175 million loan from the Inter-American Development Bank to Costa Rica. Costa Rica consented to the ICSID proceeding, and the American investor ultimately recovered US$ 16 millions".(Fuente citada). Lamentablemente no se cuenta con cables Wikileaks u otras fuentes que pudieran darnos mayores detalles sobre el tipo de presiones oficiales recibidas por Costa Rica para ratificar la Convención del CIADI. 

EL CIADI EN EL RESTO DEL HEMISFERIO AMERICANO:

Contrario a la opinión plasmada en un gran número de publicaciones que consideran que la adhesión al CIADI es una condición necesaria para la atracción de inversiones, son varios los países del hemisferio americano que no son parte del CIADI.  En el área cercana a Centroamérica, República Dominicana no es parte a la Convención del CIADI, como tampoco lo es Canadá ni Cuba. De igual manera México se ha mantenido cauto y distante de este mecanismo (actitud calificada por parte de especialistas entre

prudente y rebelde). Por su parte los siguientes Estados del Caribe anglófono no son parte a la Convención del CIADI de 1965: Antigua y Barbuda, Belice, Dominica (Commonwealth de) y Suriname. En el sur de América Latina, Brasil tampoco ha ratificado (ni tan siquiera firmado) dicha convención y no se augura mayor interés por parte de la sexta economía mundial en hacerlo. 

 

LAS RECIENTES DENUNCIAS DEL CIADI:

Como cualquier tratado internacional, la Convención de Washington de 1965 queda sujeta a la eventual denuncia por parte de algún Estado Parte, cuando este último considere que ya no corresponde a sus intereses ser parte de ella. La figura de la denuncia corresponde a una facultad que reconoce plenamente el derecho internacional público a los Estados, y quedó plasmada en la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (Artículo 56). La convención del CIADI precisa que la denuncia tomará efecto 6 meses después de su notificación (Artículo 71). En lo que concierne al CIADI, fue Bolivia la que inició esta práctica con la denuncia notificada en mayo del 2007 al CIADI, efectiva en noviembre del 2007, seguida por Ecuador (denuncia notificada en julio del 2009, efectiva en enero del 2010). Venezuela anunciò oficialmente su denuncia el pasado 24 de enero del 2012, la cual será efectiva en julio próximo. Posiblemente otros Estados,  como por ejemplo Argentina (Estado que acumula 24 demandas en su contra ante el CIADI de los 146 casos pendientes en el CIADI a la fecha de hoy) también se incline en algún momento por esta opción en el futuro. Un proyecto de ley con fecha del 21 de marzo del 2012 que circula en el Congreso de Argentina así lo expresa de manera muy concisa:

"Artículo 1º Se deroga la Ley 24.353 que aprobara la adhesión de la República Argentina al Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados adoptado en Washington (Estados Unidos de América) el 18 de marzo de 1965.

Artículo 2º. Requerir del Poder Ejecutivo de la Nación que, por donde corresponda y en representación de la Nación Argentina, denuncie el mencionado Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados arriba individualizado, en la forma de estilo.

Artículo 3º. De forma".

(Ver texto completo de este proyecto de ley asi como los fundamentos que lo acompañan).

 La virulencia de la ofensiva diplomática de España a raiz del anuncio de una posible nacionalización de YPF por parte de Argentina probablemente incida aún más en esta delicada decisión que deberán valorar las autoridades de Argentina. El uso erroneo (e innecesario) por parte del Ministro de Relaciones Exteriores de España, el pasado 13 de abril, del vocablo "agresión" para referirse a la posible expropiación de YPF por parte de Argentina posiblemente explique el anuncio oficial hecho tres días después por las autoridades argentinas (ver nota del 13/04/2012 en el Clarín). Sobre el uso de este término, la catedrática en Derecho Internacional Público española Araceli Mangas Martín es muy clara: "Sin embargo, Argentina no ha cometido, ni aun materializándose la expropiación, «una agresión» ni sería equivalente a una agresión militar. Son gruesas palabras en boca del ministro español de Asuntos Exteriores, impropias en términos jurídicos y nada diplomáticas. Ya están los ánimos algo exacerbados por parte del Gobierno argentino por su propia deriva nacional-populista como para echar leña al fuego desde el Gobierno de España" (ver articulo del 16/04/2012: Kirchner frente a la legalidad, publicado en El Mundo, España)  

Haciendo a un lado la reciente tensión originada entre España y Argentina, lo cierto es que, posterior a la oleada de privatización de sus servicios públicos ocurrida en los años 90, han surgido una serie de controversias con varias empresas concesionarias en Argentina, quiénes buscan llevar al país ante el CIADI o buscan encontrar "arreglos" con el Estado, una práctica objeto de ciertas críticas. Más allá del caso argentino, ha sido cuestionada la poca sensibilidad demostrada por los integrantes de los tribunales del CIADI en sus decisiones sobre temas relativos a la defensa de intereses difusos (derechos humanos, medioambiente, poblaciones indígenas, agua, etc...). Recientemente incluso, se invita al CIADI a "pensar en verde" sus arbitrajes, lo cual constituye un verdadero reto para este mecanismo creado en los años 60 en plena época de nacionalizaciones y expropiaciones de empresas dedicadas a la explotación de recursos minerales e hidrocarburos; una época en la que las consecuencias ambientales y sociales de estos proyectos extractivos eran simple y llanamente ignoradas.  

PERSPECTIVAS

Conforme los Estados acumulen una gran cantidad de demandas en su contra o bien salgan sistemáticamente mal librados de sus contiendas ante los árbitros del CIADI,  es posible que esta lista de "denunciantes" se extienda en el futuro mediano a otros países del hemisferio americano. Incluso, en el caso de países en los cuales el Poder Ejecutivo, de manera poco transparente e inconsulta, firmó en el pasado contratos leoninos de concesión (que incluyen disposiciones a todas luces abusivas en favor del concesionario) denunciar el CIADI permitiría minimizar el efecto de posibles demandas futuras. Notemos que, por el momento, los Estados de América Latina son los únicos en el mundo en haber denunciado el convenio de creación del CIADI: en los años 60-70, fue también la única región del mundo en adversar la creación de esta peculiar instancia del Banco Mundial (Nota 2).

 

(*) Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

 

Nota 1: La expropiación con motivo de la creación del Parque Nacional Santa Rosa en 1978 dio lugar a un reclamo por parte de la Compañía de Desarrollos de Santa Elena SA por 6,400.000 US dólares a Costa Rica; el Estado ofrecía un monto de 1,900.000 US dólares, considerando que la propiedad había sido adquirida en 1970 por dicha sociedad a un precio de 395.000 US dólares. Ante la falta de acuerdo, y posterior a la ratificación de Costa Rica en 1993 de la Convención CIADI, la compañía reclamó el 31 de mayo de 1995 a Costa Rica el pago de 41 millones de US dólares, y el CIADI decidió ordenar un pago indemnizatorio de 16 millones de US dólares a Costa Rica. Texto de la decisión del 17 de julio del 2000 del tribunal CIADI titulada "Caso de la Compañía de Desarrollo Santa Elena", disponible en: http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC539_En&caseId=C152

 

Nota 2: el primer borrador de convención CIADI elaborado en 1963 había sido aprobado por la Junta de Gobernadores del Banco Mundial el 10 de septiembre de 1964, durante la reunión anual del Banco Mundial en Tokio. No obstante, en esa oportunidad, los siguientes países latinoamericanos (además de Irak y de Filipinas) votaron en lo que se denomina en la literatura especializada el "No de Tokyo": Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Comentarios

  • Eliecer Madrigal2012-04-24 muy interesante y mucha tristeza da saber como Estados Unidos hace lo que les da la gana con nuestros pobres paises.
  • Alonso S. 2012-04-24 muchas gracias profe por compartir este tipo de articulos. Nos ayudan a entender mejor estas cosas internacionales. Lo que queda claro es que son siempre los mismos que sacan provecho de nuestros Gobiernos.
  • Alberto C. 2012-04-25 Excelente analisis. Muy claro y como siempre, muy bien documentado. Gracias Nico !
  • J. Murray2012-04-26 Estimado Don Nicolás: tengo una pregunta: en el parrafo 45 de la sentencia de Caso Santa Elena, aparece un señor "Francisco Chacon " interviniendo en favor de la empresa Santa Elena. Mi pregunta es la siguiente: ¿es el mismo Francisco Chacon que hoy en dia es Ministro de Comunicacion del Gobierno de Costa Rica?

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