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Rajoy obliga a los bancos a un drástico saneamiento del ladrillo

Fuente: dpa  |  2012-05-11
Rajoy obliga a los bancos a un drástico saneamiento del ladrillo

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy. EFE

Por Sara Barderas (dpa) 

Madrid, 11 may (dpa) - La delicada situación de la banca en España ha llevado al gobierno de Mariano Rajoy a aprobar una profunda reforma financiera que supone un drástico saneamiento del ladrillo, el gran lastre de los bancos, y la creación de una especie de "bancos malos" que asumirán las miles de viviendas en manos de las entidades por el impago de los créditos.

Se trata de la segunda reforma financiera desde la llegada de Rajoy al gobierno, en diciembre, y la cuarta desde que la crisis económica aterrizó en 2008 en el país.

"España afronta uno de los momentos más difíciles de su historia y es necesario adoptar medidas", manifestó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el consejo de ministros en el que se aprobó la reforma. El objetivo es recuperar la concesión de crédito, vender viviendas "a un precio razonable", así como devolver la "credibilidad y la confianza" en el sistema financiero, añadió.      En el punto de mira ya no están sólo los activos tóxicos del ladrillo, por los que el Ejecutivo obligó en febrero a los bancos a realizar unas provisiones de 54.000 millones de euros para sanear la cartera de créditos morosos o problemáticos.

El foco de la reforma aprobada hoy está en los créditos de ese sector que teóricamente son sanos, ante el temor de que muten en tóxicos con el empeoramiento previsto de la situación económica de España, donde las previsiones del gobierno son que el desempleo, que alcanza ya al 24,44 por ciento de la población activa, siga en aumento y la economía, de nuevo en recesión, mantenga su contracción.

Los bancos tendrán que cubrir con provisiones casi la mitad de los préstamos otorgados al sector constructor y promotor, lo que supone que tendrán movilizar 30.000 millones de euros adicionales en provisiones, según explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos. Supone aumentar el nivel de provisiones del 7 al 30 por ciento de media. Así, la cantidad total a la que tiene que hacer frente la banca sumando la reforma de febrero y la de ahora es de 84.000 millones de euros.

A finales de 2011, los bancos españoles contaban con 310.000 millones de euros en créditos al ladrillo, de los que 184.000 son problemáticos como consecuencia del estallido de una burbuja inmobiliaria en la que España vivió durante muchos años.

El problema de los activos inmobiliarios ha traído consigo ya la intervención o nacionalización de ocho entidades financieras, la última, la de Bankia, anunciada esta semana, que es la cuarta del país y la más expuesta al ladrillo.

Al igual que con esa medida, con la nueva reforma financiera el gobierno pretende disipar los recelos de los mercados e inversores internacionales, que tienen a España en su punto de mira.

La Bolsa se ha ido desplomando y se mueve ya en niveles incluso menores a los 7.000 puntos, mientras trepa la prima de riesgo. Para reforzar la credibilidad del sistema financiero, dos analistas independientes se encargarán de valorar toda la cartera de activos de la banca española, según aprobó el Ejecutivo.

El gobierno obliga ahora también a los bancos a crear sociedades especializadas a las que traspasar todos sus activos inmobiliarios problemáticos antes de que acabe este año.

Esas sociedades actuarán como una especie de "bancos malos" o "inmobiliarias malas" (en sí no serán bancos porque no tendrán actividad financiera ni ficha bancaria). Acumularán los activos tóxicos -viviendas y suelo, entre otros-, y cada año tendrán que vender al menos un 5 por ciento de esos activos, de forma que se irán liquidando en un máximo de 20 años en el peor de los casos.

La reforma incluye apoyos estatales en forma de préstamos a los bancos que no puedan afrontar por sí solos el saneamiento exigido. Las entidades que recurran a ellos tendrán que pagar un 10 por ciento de interés y devolverlos en cinco años. El Ejecutivo prevé que el apoyo estatal sea menor a 15.000 millones de euros.

En medio del descontento en el país por los duros recortes que está acometiendo el gobierno de Rajoy para cumplir con su compromiso de drástica rebaja del abultado déficit público -recortes que tocan incluso pilares básicos del Estado del bienestar como son la sanidad y la educación públicas-, el ministro De Guindos aseguró hoy que la reforma "no tendrá efectos para los contribuyentes" e insistió en que los bancos tendrán que devolver los préstamos a un interés elevado.

España se ha comprometido a cerrar este año con un déficit público del 5,3 por ciento del PIB, desde el 8,5 por ciento al que cerró 2011, y a alcanzar en 2013 el 3 por ciento fijado como tope en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea (UE).

La Comisión Europea se unió hoy sin embargo a los análisis que pronostican que será incapaz de cumplir: estima que el déficit público cerrará este año en el 6,4 por ciento y en 2013, en el 6,3 por ciento. De Guindos se mostró no obstante seguro del cumplimiento gracias a las reformas introducidas por el gobierno y que según él, no están contempladas en las previsiones de la Comisión Europea.

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