Editorial

La trama Crucitas y la pobre

Al igual que el número creciente de personas sumidas en la pobreza,  Costa Rica  presenta, día con día, un empobrecimiento democrático. Algunas de sus manifestaciones las podemos encontrar  en la escaza adhesión a los grupos o partidos políticos formales, la emergencia constante  de demandas insatisfechas  de numerosos  grupos sociales, la  mala  opinión  pública sobre la conducción del Ejecutivo y  del Legislativo,  así como,  la  acelerada desconfianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.   El caso Crucitas y todas las actuaciones irregulares  relacionadas con la sustracción del borrador de sentencia de la Sala I,  la participación en ello de altas autoridades judiciales, de hasta ahora considerados connotados juristas, bufetes y   consultores  al alero de grandes empresas transnacionales, emerge en este contexto como un gran desafío para  la cúpula del Poder Judicial. Cúpula que al momento ha preferido atenerse a su relativa ineficacia tolerada.     Si la respuesta de la jerarquía judicial  y la judicatura en general  fallase esta vez, mostrándose   incapaz  de efectuar los necesarios correctivos  que permita avizorar  un cambio radical  en la  dirección correcta,  estarían no sólo contribuyendo al empobrecimiento democrático sino  olvidando que si las personas desconfían de la Justicia significa que desaparece la garantía para el ciudadano y la tan traída y llevada competitividad en el mundo global.   Se puede vivir de muchas maneras pero nunca sumido en la injusticia. El grave peligro de la justicia en cualquier país, es caer en la politiquería o servir a  grupos de interés. Si la Justicia llega a caer  en manos  interesadas  pierde  su independencia, principio básico sobre el que descansa su naturaleza. Si la Justicia  sirve a un determinado grupo político o de interés, significa la destrucción de la justicia, de ese mismo partido o  grupo y por supuesto del sistema democrático y ello porque para erradicar tal injusticia tan solo se podría hacer aniquilando el sistema pues estaríamos ante la ausencia de seguridad. Llegado ese momento los responsables tendrán que responder muy seriamente,  más temprano que tarde.   Ante tan graves hechos extraña  la ausencia de posición de las agrupaciones políticas con militantes reconocidos involucrados en la trama  así como de la mayoría de las  demás,  de los colegios profesionales  y de los Institutos de ciencias jurídicas. Por el contrario,  sorprende  favorablemente las voces  ciudadanas,   organizadas o no de la sociedad civil,  que se han manifestado de múltiples formas pacíficas sobre este nuevo caso  de intromisión  indebida en el Poder Judicial y sus repercusiones en una ya de por sí desdibujada  división de Poderes. Voces  que alertan, además,  sobre los peligros de seguir tolerando la  preeminencia del Ejecutivo sobre  los  otros dos Poderes  y los grupos empresariales  económicamente  dominantes.    También constituye  prueba de fuego para el Ministerio Público  tanto por su dependencia dentro del  Poder Judicial  como  por las muestras de accesibilidad para el Poder Ejecutivo que comporta un riesgo grave de empobrecimiento democrático también.   La prensa es testigo  de las limitaciones para  obtener la  información y  el acoso ha sido constante en este caso. Ha sorprendido  a la ciudadanía  en el caso Crucitas  el Ejecutivo con declaraciones,  directrices y/o decretos inexplicables y  el Poder Legislativo  con nombramientos de jerarcas de manera caprichosa. No deseamos más desconciertos de parte del Poder Judicial.   En las actuales circunstancias  el respeto por la independencia judicial debe  provenir de manera principal  del propio Poder Judicial.  Debiese manifestarse  mediante el rechazo “ad portas” de  la nueva maniobra ante la Sala IV en el caso Crucitas,   de la reivindicación completa de la Sala I y llevando a los tribunales a quienes han mancillado el ordenamiento jurídico   a través de lo que pareciera ser una práctica y una conducta conjunta  irregular de bufetes, abogados inescrupulosos, funcionarios públicos y empresas transnacionales.   Sin posponer más, por otra parte, la  cirugía mayor en las altas esferas judiciales  para rescatarlo, para recobrar o no perder el peso de su platillo en la balanza. Porque  no podemos soportar más  seguir  viviendo  de mitificar sus rasgos ancestrales y tratar de ocultar  que tenemos un  Poder Judicial que presta un servicio calificado  por la ciudadanía como de  su propia ineficiencia.    El involucramiento de empresas extranjeras   demanda actuar también  con firmeza en el campo internacional. El Gobierno de Costa Rica debe exigir  al Gobierno de Canadá la más completa investigación de los alcances  de las actuaciones de la empresa Infinito Gold,  con sede principal en Calgary, que permita  desvelar conjuntamente hasta dónde han llegado los tentáculos de los negocios globales y los delitos globales en este caso en Costa Rica.   Firma responsable: Carlos Salazar F., Coordinador Diario Digital Elpais.cr

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