domingo 28, noviembre 2021
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Ejecuciones extrajudiciales evidencian endeble compromiso de México con DDHH

Por Paola Martínez Castro, México, 2 oct (EFE).- México está sacudido por dos casos graves de uso excesivo de la fuerza militar y policial que han costado la vida a casi 30 personas y puesto en duda los compromisos del Gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos.
En un evento con defensores de los derechos humanos, el mandatario se vio hoy obligado a aludir por primera vez en territorio mexicano a la muerte de 22 civiles a manos de militares el 30 de junio pasado en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.

Aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) están realizando una investigación «exhaustiva para determinar las responsabilidades individuales correspondientes.

Además, Peña Nieto salió en defensa del Ejército al señalar que la Sedena ha prestado «colaboración irrestricta para que la autoridad determine la verdad jurídica del caso».

En días pasados ya su titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, había dejado en claro que en caso de que se estableciera la responsabilidad de los militares en la muerte de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, sería «excepcional».

El fiscal general, Jesús Murillo, anunció este martes que tres de los ocho militares detenidos la semana pasada serán acusados de homicidio, después de que varias pruebas confirmaran que realizaron disparos sin justificación alguna.

Según el testimonio de una sobreviviente, las 22 personas no murieron en un enfrentamiento de tres horas, como aseguró en un principio la Sedena, sino que fueron asesinadas por los soldados después de haberse rendido.

Dicho testimonio e imágenes de la escena enviadas de manera anónima a una agencia de noticias fueron fundamentales para desmontar la versión oficial tres meses después de las muertes.

Peña Nieto confió hoy en que las investigaciones permitan «conocer la verdad de los hechos y reafirmar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con los derechos humanos».

Sin embargo, la organización Amnistía Internacional (AI) puso en duda ese compromiso, al asegurar que el mandatario «dejó de lado los derechos humanos».

«No bastaba con palabras (…), el compromiso debe ser con hechos concretos, (pero) nunca vimos nada y ahora la situación explota» con el caso de Tlatlaya y el de Iguala, donde seis personas fallecieron el fin semana a manos de policías municipales, dijo a Efe el portavoz de AI México, Perseo Quiroz.

Destacó que hay «varios patrones que se reproducen a lo largo y ancho del país: el uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades tanto en Tlatlaya como en Iguala», pero también en otras partes del territorio.

«Los funcionarios no tienen protocolos para el uso adecuado de la fuerza y generan graves violaciones, tortura, desapariciones forzadas de personas y ejecucionesextrajudiciales», señaló.

El activista celebró la captura de ocho militares y 22 policías involucrados en un total de 28 muertes, pero confió en que se «investigue la cadena de mando» para llegar a los que dieron las órdenes. «No queremos chivos expiatorios», dijo.

En el caso de los ataques en Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa, tras los cuales 38 jóvenes permanecen desaparecidos, Peña Nieto pidió al gobernador del sureño estado de Guerrero, Ángel Aguirre, que asuma la responsabilidad.

Esta vez dejó solo al político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), a pesar de que una de las principales banderas de su estrategia de seguridad es la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para recuperar la paz.

Aguirre ofreció hoy 1 millón de pesos (74.000 dólares) a quien dé información que permita hallar a los estudiantes desaparecidos, mientras la fiscalía estatal anunció que se emitieron órdenes de presentación contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el titular de Seguridad, Felipe Flores, cuyo paradero se desconoce.

El analista Salvador García Soto dijo a Efe estar extrañado de que el presidente declare que debe responder Aguirre, quien «está totalmente rebasado», y no salga a rescatar al estado como lo hizo con Michoacán.

Y es que Guerrero tiene un grado mayor de complejidad, porque no solo se trata de combatir al crimen organizado que opera en la región, sino de meterse con otros grupos sociales, afirmó tras recordar que ese estado es la «cuna de las guerrillas».

Es un tema de «descomposición social» con «asesinatos políticos, crímenes de autoridades, fosas clandestinas»; se trata de un «cóctel explosivo» y el Gobierno «trata de rehuir esa responsabilidad», a pesar de que es un «foco rojo» que contamina otras zonas del país, indicó.

Según el experto, estos dos casos ponen otra vez el dedo sobre el problema de la violencia que vive el país, una vez que las reformas dejaron de estar en el foco debido a su aprobación y a pesar de un discurso oficial que habla de una disminución de los delitos, aunque las cifras digan lo contrario.

Además, evidencian «prácticas claramente violatorias de los derechos humanos» que se han venido dando desde el Gobierno de Felipe Calderón (2000-2006), en el afán de combatir al narcotráfico, pero que en su opinión pueden presentar un «antes y un después» en la lucha contra el crimen organizado y el respeto a los derechos humanos.

El Gobierno debe revisar los protocolos de actuación de sus fuerzas de seguridad, pues la actual Administración ni el Ejército resisten otro caso igual, aseguró. EFE

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