El presupuesto en educación: rascando donde no pica

Columna Sortilegios
El debate nacional generado sobre el presupuesto nacional, el déficit y las medidas de ahorro que debe asumir el Estado nos lleva, inevitablemente, a discutir el presupuesto dedicado a la educación costarricense. Esto por cuanto nuestro país invierte un 7.2% del PIB  2014 y para el 2015 superará el 7.3% del PIB (6% para el MEP y 1.3% para 4 universidades públicas).
Lamentablemente, nuestra sociedad no es consciente del verdadero impacto de la inversión en educación, por ejemplo, se puede decir que por cada 100 colones de todo el presupuesto del Estado para el 2015, 27,7 colones se invierten en educación o, viéndolo desde un escenario más realista, si a cada 100 colones del presupuesto nacional le restamos el pago de la deuda obtendríamos como resultado que el país dispone (como presupuesto real) de  66.2 colones y de ese monto, 27.7 colones van para educación.
La inversión en educación es gigante dentro del Estado y al discutirla debemos eliminar dos supuestos nefastos para el debate. El primero es pensar que eso es gasto (posición neoliberal) y que debe reducirse a raja tabla y el segundo supuesto es que es una inversión “sagrada” (posición ambigua del seudo progresismo) que no puede ni debe ser cuestionada.
Un punto intermedio, y podría ser pertinente para la realidad costarricense, es entender que el monto de inversión no debe disminuir e incluso debe crecer para alcanzar el 8% del PIB (según manda la constitución), sin embargo dentro de esos montos deben realizarse revisiones y ajustes dirigidos a maximizar el impacto de la inversión, suprimir despilfarros innecesarios, eliminar corruptelas legalizadas o moralmente cuestionables y otros agujeros financieros cuya consecuencia es, en la práctica, comerse una parte importante del presupuesto que podría orientarse a quienes más lo necesitan.
Por ejemplo, podemos compartir el objetivo de las Universidades con respecto al  Fondo Especial para el Financiamiento  de la  Educación Superior (famoso FEES): alcanzar un 1.5% del PIB. En buena teoría, aumentar el dinero permitiría aumentar la calidad y la cobertura de la educación superior pública y como país no se objeta la necesidad de esa inversión.
Lo cuestionable del FEES es, por ejemplo, que una cúpula docente y administrativa se coma una parte importante del presupuesto gracias a sus jugosísimas condiciones salariales. Mientras que cada año miles de estudiantes de la educación pública secundaria no pueden ingresar a la “U Pública”, decenas o cientos (la cifra nunca ha sido divulgada) de funcionarios de esas universidades reciben salarios mensuales superiores a los 3 millones de colones y se pueden pensionar con sumas superiores a los 7 millones.
Y no hablemos de los viáticos, las horas extra (por ejemplo la piñata de dinero que algunos choferes hicieron gracias a eso), la compra de equipo y materiales (es típico en las oficinas universitarias siempre pedir cosas de oficinas aunque se tenga una gran cantidad bajo la excusa de que hay que gastar el presupuesto pues sino el otro año nos lo quitan) y los aumentos anuales superiores al promedio nacional o las anualidades (5% de reconocimiento sobre la base por cada año laborado en la U).
El sistema de pagos a los funcionarios universitarios es insostenible y eso debe ser un debate universitario y nacional por cuanto, a corto plazo (3 o 5 años) las universidades comenzarán a “comerse otras partidas internas” (como becas, inversión en infraestructura y ampliación de matrícula) para poder pagar durante algunos años más esos “lujos salariales”.
Insisto, no sugiero una reducción del FEES, sino un debate maduro para que el presupuesto dedicado a las universidades públicas se invierta, prioritariamente, en infraestructura, becas, ampliación de sedes y ampliación de la matrícula, lo que implica una reformulación del sistema salarial de los funcionarios de esas U.
El MEP también debe realizar un esfuerzo para reestructurar su presupuesto. Por ejemplo, cerrar dependencias de oficinas centrales inútiles así como parte de las Direcciones Regionales (que no aportan nada a la calidad de la educación en los centros educativos), acabar con la piñata de viáticos que detentan las oficinas centrales, eliminar plazas innecesarias (por ejemplo, en algunas áreas se tienen más de 10 asesores nacionales dispersos por toda la institución, cuando la lógica indicaba que debería existir sólo una plaza), construir sus propios edificios (actualmente se paga más de 9 millones de dólares por año en alquiler) entre otros gastos que, unidos, podría representar un ahorro de varias decenas de millones dólares que podrían invertirse en infraestructura.
Igualmente, se podría replantear (con diálogo con educadores) los famosos 200 días para suprimirlo y así liberar los 100 millones de dólares que se pagan anualmente a los docentes por estos “días laborados”. Ese dinero puede invertirse en infraestructura (actualmente se invierte 100 millones de dólares en esa partida, por lo que con sólo ese cambio se duplicaría la inversión anual) o para la renegociación de las lecciones de planeamiento.
En síntesis, y parafraseando a Galeano, aunque la discusión de recortar partidas rasca bien, no rasca donde pica. Donde realmente pica es en el uso del dinero, el despilfarro, el robo, la corruptela legalmente aceptada, las prácticas cotidianas de abuso y otros lamentables síntomas de una enfermedad generalizada en lo público y lo privado, en lo colectivo y en lo individual: la irresponsabilidad con respecto al uso de recursos.
Por lo anterior, no debemos caer en la pueril defensa del presupuesto per se, ni debemos aceptar pasivamente la el ataque simplista al presupuesto por ser “gasto”. La mejor defensa de la educación pública une la defensa de un monto presupuestario con la racionalidad, eficiencia, eficacia y calidad de su ejecución, comprendiendo que cada dólar mal invertido es un dólar que restamos a la posibilidad de construir la educación crítica, humanística y movilizadora social a la que hemos aspirado como sociedad.
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