San José, 3 Oct (Elpaís.cr) – El diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, denunció que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuenta con una oficina especializada en labores de “policía política”, de espionaje de llamadas y correos de los ciudadanos costarricenses.
Arguedas denunció que la instancia es una policía institucional, que tiene investigadores armados y con chalecos anti balas y que participa de los operativos de allanamiento y detención de delincuentes que realiza el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), violando el artículo 11 de la Constitución Política y el mismo numeral de la Ley General de Administración Pública.
Señaló además que se violan también los derechos a la intimidad, la libertad y al secreto de las comunicaciones y también ha asumido funciones que según la ley de intervención de comunicaciones le competen al Poder Judicial y la ley contra la delincuencia organizada, que establecen que son funcionarios del Poder Judicial y no del ICE, los encargados de atender estas funciones.
“La persecución que se le ha dado a ciertas personas por parte de esta unidad ha contado con fondos públicos y ha sido un atropello a las libertades fundamentales de los individuos, lo cual es absolutamente inaceptable”, resaltó Arguedas.
Esta dependencia del ICE, según datos presentados por el diputado, pasó de 52 a 281 funcionarios en los últimos siete años, elevando su presupuesto de planilla en un 543%.
“Esto le ha permitido a esta instancia del Instituto dotarse de plataformas que permiten ubicar la posición geográfica de las personas a tiempo real a través de su aparato celular e intervenir los mensajes de texto”, aseguró Arguedas.
Arguedas, junto con el legislador de su fracción y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Francisco Camacho, afirmaron tener información de que estos supuestos espionajes trascendieron también a la revisión de correos electrónicos privados.
“Hoy ¿cuál ciudadano que puede decir que está en política, que es periodista o dirigente sindical no ha sido vigilado?”, cuestionó Arguedas.
El legislador aseguró además que estas operaciones no tienen protocolos sólidos para garantizar el uso legal de estas aplicaciones, además no piden la orden de un juez como lo demanda la ley, basta con cualquier solicitud policial para brindar dicha información, por lo que además, no se puede saber exactamente qué fue lo que se hizo con la información allí recopilada.
Por eso el diputado dijo no tener la información clara de cuánta gente fue espiada, aunque está seguro de que él en su papel de dirigente sindical, fue víctima de este hecho, al igual que el ahora diputado de Acción Ciudadana (PAC) y ex candidato presidencial, Ottón Solís en las campañas anteriores y en la lucha del No al Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
“En el gobierno de Óscar Arias se usaba (la oficina) como policía política y se reunían en la Liliana, en las oficinas en Heredia de los Arias”, acusó Arguedas quien también reiteró que como en la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) “perdieron todo”, las únicas pruebas que se usarán en la eventual demanda, serán las de los propios funcionarios.
Esto porque, según el diputado aseguró, se demandará ante el Ministerio Público a los responsables de esta entidad, entre los que señaló al expresidente ejecutivo de la institución, Pedro Pablo Quirós, por acusarlo de ser “la mente” de este hecho.
“Más del 86% de los trabajadores de esa unidad querían irse de ella por las acciones ilegales que ahí se cometían y por eso están dispuestos a declarar ante investigadores y a venir a la comisión a comentar lo que ahí se hacía”, reiteró Arguedas.
FA denuncia a ICE por policía ilegal encargada de revisar llamadas y correos de civiles
