martes 30, noviembre 2021
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Informe del Ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa

Es un gran honor presentarme al Primer Poder de la República por primera vez en lo que lleva esta Administración. Estoy plenamente consciente de la responsabilidad que les corresponde a todos y todas ustedes como integrantes de esta Asamblea. En esta oportunidad espero transmitirles con toda humildad y transparencia mis convicciones en materia fiscal y el papel vital que tiene esta Asamblea en la solución del déficit fiscal actual.
Desde el Ministerio de Hacienda procuramos una política fiscal orientada a alcanzar:
• La progresividad del sistema de impuestos, donde las personas tributen de forma proporcional a su riqueza
• La reducción de toda forma de gasto que no contribuya con el bienestar de los costarricenses
• Una mayor eficiencia del gasto, donde los grupos vulnerables se beneficien de los programas sociales y se consoliden las obras públicas de infraestructura que el desarrollo productivo requiere
• La transparencia en el manejo de las finanzas públicas, de forma que el ciudadano conozca claramente la forma en que se administran sus impuestos 
En ese contexto presentaré las propuestas del Ministerio de Hacienda  en el tema fiscal. Sin embargo, quiero hacer un recuento desde cuándo se inició el déficit fiscal y las acciones que desde el inicio de la Administración Solís Rivera se han venido ejecutando y programando.
I. Diagnóstico inicial
En el 2009 se presentó un balance fiscal negativo de 3,4% del PIB, luego dos años de  superávit en el 2007 y 2008. Después del 2009 el déficit se ha venido incrementando  en forma progresiva, particularmente a partir del 2011. Por otra parte los gastos totales como porcentaje del PIB, pasaron de 17,4% en el 2009 a 19,6% en el 2013. Por el contrario, los ingresos totales se mantienen constantes en torno al 14% del PIB. Por su parte, la carga tributaria se mantiene alrededor del 13%. Lo anterior ha significado que la deuda interna se haya aumentado  en forma sostenida durante los últimos años, en un contexto donde la Asamblea Legislativa no ha podido aprobar más impuestos, ni tampoco se han realizado medidas efectivas de contención del gasto público.
El 8 de mayo llegamos al Ministerio de Hacienda y de inmediato nos preocupamos por conocer cómo estaba la situación hacendaria. Sabíamos del déficit, de la evasión, de la elusión y de las dificultades de la Administración Tributaria por mejorar la recaudación. Sin embargo, nos encontramos con situaciones no esperadas.
Por el lado de ingresos, encontramos:
1) Una elevadísima evasión y elusión fiscal, que rondaba casi el 8% del PIB.
2) Exoneraciones por casi 6% del PIB. Adicionalmente, estas tienen una serie de debilidades, tales como plazos indefinidos, afectan varios impuestos a la vez y muy pocas cuentan con mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de los objetivos, para los que fueron creadas.
3) Una carga  tributaria estacionaria alrededor del 13%.
4) Una débil y desactualizada plataforma tecnológica, que limita los mecanismos efectivos para el control de la evasión. Los programas informáticos se caracterizaban por la ausencia de comunicación entre ellos, lo que limitaba los controles cruzados, facilitando la evasión de impuestos.
5) Un 25% de los grandes contribuyentes que reportaban pérdidas durante  varios años.
6) Una Administración Tributaria débil y obsoleta en algunos temas.
Por el lado de gastos, hallamos:
1) El pago excesivo de alquileres, que es parte de un problema mayor: la ausencia y el deterioro de los edificios públicos y la falta de un plan de largo plazo para la adquisición de edificios del gobierno. Esta ausencia de planificación ha hecho que se recurra al alquiler de instalaciones, que en muchos casos rondan sumas excesivas.
2) En el caso de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, además de  pagarse sumas excesivas, se presenta que menos de un 3% de los pensionados reciben el 15% del total de los fondos. Por otro lado un 15% de las personas  recibe menos de 200.000 colones mensuales.
Otra situación que esta Administración debe enfrentar es la deuda. El 2015 será año atípico, en el cual el pago de amortizaciones alcanzaría un monto de ¢1.7 billones, con un aumento de ¢572.000 millones respecto al 2014. Esto es lo que he llamado el costo de que el país no haya adoptado las decisiones oportunamente en materia fiscal, que habrían evitado las complicaciones financieras que hoy todos debemos enfrentar.
Adicionalmente, un problema ya conocido es la baja ejecución de los proyectos de inversión, particularmente con financiamiento externo. Solo se ejecutó el 49% de lo programado en el 2012 y el 62% en el 2013.
II. ¿Cómo se enfrentó la situación?
Una vez hecho el diagnóstico, nos apresuramos a buscar medidas que ayudaran a contrarrestar los problemas. En cuanto tuvimos una primera lista de acciones, les informamos a los medios de comunicación, a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y a la sociedad civil los hallazgos encontrados y las soluciones con que íbamos a enfrentarlos.
Ahora, me gustaría recordarles las medidas que se tomaron y que están en la actualidad en ejecución, en materia de ingresos y gastos.
En ingresos:
1) Se derogó un directriz de la Administración anterior, que dificultaba a la Procuraduría General de la República conciliar con evasores fiscales. Esto no significa que se reduzcan las sumas adeudadas por evasión de impuestos, ni las multas por intereses y por daño social.
2) Iniciamos un proceso de mejoras  en la Administración Tributaria: por ejemplo, se inició un Plan de Acciones Conjuntas en las áreas de ingresos correspondientes a Renta, Ventas y Aduanas, de manera que se propiciara una mayor recaudación de ingresos tributarios.
3) Se está en un proceso de modernización de la Plataforma Tecnológica. En el 2015 se presupuestaron recursos para la construcción de un Centro de Datos del Ministerio de Hacienda que albergará toda la información fiscal y con una mayor seguridad para los contribuyentes. Además iniciamos un proceso para generar soluciones informáticas según los problemas que encontramos. Entre estas puedo citar: la base de precios de referencia en mercancías sujetas a riesgo fiscal en aduanas, los cruces de información entre aduanas y tributación, entre otras.
4) Iniciamos con una nueva metodología para la fiscalización de los grandes contribuyentes, que reduce de 900 a 450 horas el tiempo invertido en la inspección. Esto permitirá pasar de 75 a 150 grandes contribuyentes que serán fiscalizados anualmente.
5) Iniciamos en setiembre las capacitaciones de jueces e investigadores fiscales, para facilitar que los casos de posible evasión sean llevados a juicio. Solo tres casos presentados recientemente, por posible evasión, significan aproximadamente 4.600 millones de colones. En total se han elevado al Ministerio Público 5 casos en lo que lleva esta Administración.
6) Enviamos a esta Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley  para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que principalmente obliga a los comercios y a los profesionales liberales a aceptar el pago mediante tarjetas de débito y crédito, además obliga que para cualquier trámite con el Estado se exija el estar al día con la presentación de declaraciones y el pago de impuestos, entre otras mejoras.
7) Se empezaron  campañas de  divulgación para mejorar la cultura tributaria, entre la población.
8) Recientemente anunciamos el Proyecto de Ley contra el contrabando, que se elaboró en la Comisión Contra el Comercio Ilícito en conjunto con la UCCAEP.
En el lado de los gastos las medidas han sido:
1) Una directriz de contención del gasto del Gobierno Central que contempla: la reducción del gasto superfluo, el congelamiento del 85% de las plazas vacantes, la revisión de contratos de alquileres por parte de los jerarcas, entre otros.
2) Aplicamos una ley vigente desde 1998 para topar las pensiones mayores a 2.6 millones, con cargo al Presupuesto Nacional. Lamentablemente esto ha sido suspendido por la Sala Constitucional.
III. El viaje a Washington
Como nueva Administración es importante que los organismos financieros internacionales conocieran nuestras propuestas. Por ello decidimos viajar a Washington, Olivier Castro, presidente del Banco Central y quien les habla,  con el fin de recibir una retroalimentación del rumbo que llevamos como país en el tema monetario y fiscal.
Las reuniones fueron atendidas tanto por técnicos, como por el personal de más alto nivel. El personal del Fondo Monetario, Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo valoraron positivamente nuestras propuestas. Prueba de ello es que en el cortísimo plazo dos misiones, la del Banco Mundial y la del BID, estuvieron en nuestro país en las últimas dos semanas, interesados en definir una agenda de cooperación y asistencia técnica y financiera que respondiera a los tres pilares y las prioridades que serán contempladas en el Plan Nacional del Desarrollo 2014-2018.
Estoy convencido que el viaje a Washington fue una buena decisión porque nos abrió el camino del diálogo con esos organismos no solo en el tema fiscal, sino en el otros temas de cooperación técnica y financiera de apoyo a nuestras prioridades.
Como es costumbre, en las próximas semanas les estaremos informando sobre los acuerdos considerados en los programas de ayuda con el país con ambas entidades.
IV. Proceso presupuestario del 2015
Ahora quiero referirme al recorte presupuestario que se anunció esta semana. Primero quiero aclarar que el proceso de formulación del presupuesto para el ejercicio económico 2015 fue elaborado con el fin de tener el menor impacto posible en el déficit fiscal. Sin embargo, hay que considerar dos elementos importantes: uno, la rigidez del 95% del presupuesto  y dos, el aumento del 48% en amortización, aspectos que expliqué ampliamente durante mi última visita a la Comisión de Hacendarios.
Con el compromiso de la Administración de los tres pilares, más producción y empleo, menos pobreza extrema y más transparencia, se hizo un nuevo esfuerzo por recortar algunas partidas del presupuesto 2015. Este ajuste contempla: i) 61.205 millones de colones de recorte directo al presupuesto de las instituciones del Gobierno Central, que significó un arduo trabajo de coordinación con los diferentes ministerios, en el que nos informaron sobre las partidas menos dañinas para su accionar, ii) 60.000 millones de colones por recursos que se rebajarían del presupuesto, y que podrían ser financiados mediante la Caja Única del Estado con los excedentes presupuestarios de alguna instituciones sin afectar el déficit fiscal y iii) un canje de deuda por 100.000 millones.  Este es un instrumento financiero que se viene utilizando en los últimos años y consiste en cambiar deuda que vence en el 2015, por deuda que venza en el mediano plazo.
Con el nuevo recorte el déficit fiscal pasivo, pasaría de 6.7% del PIB a 6.3%. El déficit primario pasaría de 3.6% a 3.2% del PIB. Este escenario es pasivo porque no contempla las medidas de ingresos y gastos a las que antes hice referencia, en materia de ingresos, egresos y mejoras de la Administración Tributaria.
V.  Pacto fiscal y sostenibilidad fiscal
En las reformas fiscales siempre hay ajustes por el lado de ingresos, egresos o una combinación de ambos.
En los años ochentas y noventas se hicieron ajustes fiscales, con gran énfasis en los gastos, con consecuencias sociales muy graves en la población. Al inicio se redujo el crecimiento económico, aumentó el desempleo abierto, se redujo la inversión pública, entre otros aspectos, y si bien se mejoró la macroeconomía crecieron los problemas sociales.
Hoy en día instituciones como el  Fondo Monetario Internacional  y el Banco Mundial  abandonaron los ajustes fiscales de esas décadas, enfocados, en lo fundamental, en las restricciones de egresos y más bien promueven ajustes fiscales más graduales y con una combinación de medidas de ingresos y egresos, de manera que el impacto social se redistribuya mejor en el tiempo.
Es relevante, entonces, el preguntarse dónde queremos hacer los énfasis en el ajuste fiscal que ya no puede posponerse más.
Desde el Gobierno de la República se propone un tipo de ajuste fiscal balanceado entre ingresos y gastos, en el contexto de un Pacto Social donde los distintos actores tienen distintos papeles que asumir, procurando que todos colaboren con la justicia social.
El Gobierno debe mejorar la calidad del gasto, que significa mejorar la eficacia y la eficiencia institucional en aquellos temas de alto interés nacional. Ello pasa por elaborar por presupuestos por resultados, eliminar las “filtraciones”, mejorar la focalización de los programas sociales y eliminar la pobreza extrema, atender los retos que demanda el cambio climático, fomentar la competitividad, entre otros. Además de dar rendición de cuentas de sus programas.
A la Asamblea Legislativa le correspondería aprobar leyes que aumenten los ingresos públicos (la carga tributaria está estacionada en el 13% del PIB desde hace varios años, mientras los egresos alcanzan el 19% del PIB),  además debe aprobar leyes que limiten la evasión y elusión fiscal, así como también vigilar que todo nuevo gasto contemple una nueva fuente de ingresos. Con la  presión en la situación fiscal y la rigidez del gasto, no se vale crear nuevos destinos de recursos sin fuente de financiamiento.
Los Partidos políticos deben buscar soluciones sujetas al interés nacional y no anteponerlos a los del país, también deben informar objetivamente a sus partidarios de la realidad nacional.
Los Grupos sociales tienen varias funciones, entre ellos:
• Los empresarios deben invertir y generar empleos de calidad y pagar tributos
• La clase social con privilegios de pensiones y elevados salarios deben comprometerse con la reducción de beneficios y  con el pago de impuestos.
• Los trabajadores del Estado deben  modificar cláusulas “abusivas” de sus convenciones colectivas y revisar los ajustes salariales.
• Los medios de comunicación deben mejorar la calidad de la información hacia el público.
En ese contexto, un programa de sostenibilidad fiscal debería incluir no solo las medidas a las que hemos hecho referencia, sino otras nuevas que aseguren que la situación actual no se repita en el futuro. A este conjunto de políticas, tanto las antes referidas como las que a continuación se detallan, hemos denominado Pacto social y sostenibilidad fiscal, dado que requieren compromisos de distintos sectores sociales. Esta situación que tenemos en lo fiscal, no es responsabilidad de esta Administración, sin embargo su solución requiere, adicionalmente, no solo el concurso de la Asamblea Legislativa sino de los distintos sectores sociales.
A continuación detallaré las principales acciones adicionales que en mi criterio deberían considerarse en un plazo 2014 y 2016.
• En diciembre del 2014 se enviará a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley del Impuesto al Valor Agregado. Con la reforma del IVA enviaremos una señal positiva a los organismos financieros internacionales y a las calificadoras de inversión.
• En el primer trimestre del 2015, o antes, se enviará a la corriente legislativa el Proyecto del Ley de Renta Global.
• Se está trabajando en una Ley Marco de Exoneraciones, para eliminar las exoneraciones que no se justifiquen, ordenar las restantes y fijar reglas para la eventual creación de nuevas exoneraciones (2015).
• Se apoyará una Reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, para que todo nuevo gasto contemple una nueva fuente de ingresos.
Además de la contención del gasto se implementarán, en los próximos meses, varias medidas cuya finalidad es mejorar la calidad del gasto público, principalmente en el área social. Entre estas medidas están:
• Migrar del presupuesto tradicional al presupuesto por resultados. Ello pretende una mayor eficiencia a la hora de asignar los recursos, conociendo en forma concreta el aporte de los programas a las distintas metas que el Gobierno está definiendo.
• Reducir las filtraciones de los programas sociales, para que las ayudas lleguen efectivamente a quienes las requieren.
• Elaborar y presentar un proyecto de ley que contemple ajustes en los destinos específicos.
• Elaborar y presentar un proyecto de ley para que los gastos presupuestados de las instituciones públicas, que tienen superávit presupuestario puedan ser rebajados del Presupuesto Nacional y financiados por Caja Única. Estos gastos deben corresponder con gastos de capital.
• Elaborar y presentar un proyecto de ley para que los presupuestos de los Órganos Desconcertados  formen parte del Presupuesto Nacional.
• Elaborar y presentar un proyecto de ley para el Empleo Público, que revise los sistemas de remuneraciones y evaluación del desempeño.
• Elaborar y presentar un proyecto de ley que permita racionalizar el gasto por pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
Otros proyectos que se impulsarán son:
• Incluir un artículo en la Constitución para que se garantice el derecho a la sostenibilidad fiscal, por ejemplo que las decisiones de los jueces consideren los efectos en el déficit fiscal (2015).
• Proyecto de Ley de Regla Fiscal
• Proyecto de Ley para la gestión de la deuda pública.
Con las medidas de Administración Tributaria, la reforma del IVA y Renta se han hecho estimaciones, según lo contemplado en el documento del Marco Presupuestario, el déficit primario sería  inferior al 2% a partir del 2016, pero podría ser del 1% si las reformas se implementan en un plazo menor.
En caso del BID se nos ofreció un préstamo de apoyo de reformas de política que respaldan a los países miembros del Banco en sus reformas.
VI. Conclusión
Finalmente quiero reiterar que en la estrategia de Pacto Fiscal y Sostenibilidad Fiscal, la Asamblea Legislativa tiene un papel vital, dependemos de ustedes señoras y señores diputados, para que los proyectos puedan convertirse en leyes de la República. Las puertas del Ministerio de Hacienda están abiertas para ustedes, para generar un dialogo abierto que enriquezca las propuestas.
Desde sus curules tienen la potestad de transformar Costa Rica, deben reiterar su compromiso con la estabilidad económica, social y ambiental en cada decisión que tomen.
La situación fiscal requiere acciones pronto, de lo contrario enfrentaremos consecuencias graves que golpearan a todos los sectores económicos, principalmente a aquellos más vulnerables.
El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tenemos como gran reto histórico crear: Una Costa Rica solidaria e inclusiva que garantice el bienestar de las presentes y las futuras generaciones.
Quiero que le presten atención a la siguiente afirmación,  abro comillas: “la política fiscal planteada por el Gobierno Solís Rivera va en la dirección correcta, las medidas contempladas en la política fiscal harían de Costa Rica un Estado más transparente y eficiente”, cierro comillas. Esto no lo digo yo, lo dijo la Gerente del Banco Interamericano de Desarrollo para Centroamérica, Gina Montiel.
Para terminar quiero reafirmar el compromiso de la Administración Solís Rivera con: la progresividad del sistema de impuestos, donde las personas tributen de forma proporcional a su riqueza, la calidad y eficiencia  del gasto público y la transparencia en el manejo de las finanzas públicas
Muchas gracias…
2 de octubre del 2014
Buenas tardes
Señor Henry Mora, Presidente de la Asamblea Legislativa
Señores y señoras del Directorio Legislativo
Señor Ottón Solís, Presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios
Señores y señoras diputados
Público en general

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