jueves 2, diciembre 2021
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Piñata de beneficios para integrantes de JUDESUR irá a tribunales

San José, 3 Set (Elpaís.cr) – Varios miembros de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), serán denunciados ante la justicia por diversas irregularidades para beneficio propio o de familiares.
Así lo anunció la Comisión Interventora temporal no sustitutiva JUDESUR al presentar este jueves un avance de labores, en el que documenta anomalías y denuncias, por lo que recomendó y solicitó a diferentes instancias realizar los procesos judiciales y administrativos correspondientes.
“Su función es diagnosticar la situación de JUDESUR  en seis meses; sin embargo ante importantes irregularidades encontradas y con el propósito de fortalecer a JUDESUR  en su papel de impulsar el desarrollo  de los cantones del sur, ha   recomendado al Poder Ejecutivo tomar las medidas  pertinentes”, indicó la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.
Los representantes de la Comisión, llamada oficialmente Junta temporal, anunciaron que existe evidencia de que  funcionarios actuales de JUDESUR sustrajeron expedientes y equipos de cómputo de las oficinas de la Junta a principios de setiembre anterior.
Ante esta situación solicitaron el 8 se setiembre a la Fiscalía de  Probidad, Transparencia y Anticorrupción que autorizaran un allanamiento; diez días después, el 18 de setiembre respondieron que “no hay elementos”, pese a que se entregaron videos, notas e informes como pruebas.
Entre otros componentes la Junta recomienda iniciar la revocatoria de Jorge Luis Jiménez (representante de la Municipalidad de Corredores); Enoc Rugama (municipalidad de Osa); Rafael Ángel Navarro (Coto Brus); Odiligia Leiva (Buenos Aires); Rayberth Vásquez (Golfito) y Oscar Alvarado (de las cooperativas). Todos miembros de la Junta Directiva, por diferentes razones que se deben aclarar como deudas pendientes e incompatibilidades e incumplimiento de deberes.
En seguimiento a lo anterior, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, envió oficio a las entidades representantes de  JUDESUR  para que dieran explicaciones sobre los cuestionamientos señalados por la Junta de Intervención Parcial y solo la Municipalidad de Osa respondió rechazando dar explicaciones; el resto no dio respuesta.
Asimismo, se reseña un pago indebido de dietas por ¢2.8 millones, de 14 sesiones no realizadas del año 2011 al 2013, lo cual contraviene las disposiciones de la Procuraduría General de la República.
Además, se señalan deudas de directivos, por ¢3 millones con JUDESUR, de los cuales se autorizaron arreglos de pago individuales por ¢10 mil colones mensuales, sin intereses. Cada directivo es nombrado por dos años.
Como parte de los hallazgos, se presenta una serie de contrataciones y relaciones familiares, que de acuerdo con la Junta Interventora, es una práctica que se realiza en esta institución.
La investigación documentó los casos de Norman Acosta Araya, esposo de Wendy Araya (encargada de recursos humanos): 4 contrataciones por ¢12 millones por servicios de tecnologías de información; Elizabeth Trejos Madrigal, madre de Kattia Murillo (asesora legal): 4 contrataciones por ¢2.8 millones por servicios de confección de uniformes.
También el caso de  Esteban Vargas Brenes, esposo de Marisol Ferreto (contadora) y Ulises Vargas Bustamante (tío de Vargas): 2 contrataciones por ¢8 millones por servicios de limpieza de quebrada cerca del Depósito y el de Freddy Vásquez Vargas, padre de Raybert Vásquez (representante de Golfito): 1 contratación por ¢8.9 millones por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica.
“El nombramiento de una Junta Interventora temporal fue impulsado por el Ministerio de Hacienda, y se sustentó en el balance de resoluciones de la Auditoría Interna de JUDESUR e informes de la Contraloría General de la República, que alertaron sobre problemas acumulados en los últimos años”, indicó Luis Alberto Fallas, Viceministro de Planificación.
Se ha constatado  que ¢5 mil millones del programa de becas para estudios universitarios o superiores han sido entregados con garantías insuficientes, ni tomada en cuenta las familias más pobres.
Además, se señalan incumplimientos del Reglamento de Becas en cuanto a la inexistencia de estudios de capacidad de pago real y la ausencia de una política definida de topes por carreras y préstamos.
Así, según el análisis, hay  ¢302 millones de créditos con garantías fiduciarias cuyos titulares tienen cuestionamientos, incluyendo morosidad con otras  instituciones e incluso cobros judiciales.
 

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