Quiero compartir unas ideas que me han estado dando vueltas en la cabeza y que tienen que ver con el papel y la función de los bancos del Estado. Puede ser que esté equivocado, pero necesito que alguien, con argumentos sólidos y razonables, me convenza de ello.
Hasta donde entiendo la estatización de la banca privada llevada a cabo en el Siglo XX en Costa Rica tenía como propósito la democratización de los servicios financieros y el hacer llegar a la mayor cantidad de la población el acceso al crédito, colaborando también con los programas tendientes al logro de un nivel de desarrollo superior para el país. Y de hecho, mucho colaboró la banca estatizada en ello durante bastante tiempo.
Luego, asumiendo los postulados del neoliberalismo que se incrustó en las mentes de los políticos criollos desde la década del ochenta, se realizó posteriormente la apertura de los servicios financieros privados, permitiéndole a los bancos competir por la clientela –bastante pequeña, por cierto- existente en nuestro país. Ello trajo como consecuencia positiva el que los bancos del Estado tuvieran que modernizarse a la fuerza, pues ostentaban un atraso tecnológico y una actitud decimonónica y burocrática que en nada tenía que ver con las realidades de finales del siglo.
Sin embargo, a mi parecer, trajo también consecuencias negativas, en el sentido de que se contagiaron de la fiebre especulativa y mercantilista de los bancos privados, fueron perdiendo su vocación de servicio social, y se interesaron más por las ganancias que por el desarrollo del país.
En otras palabras, la competencia la entendieron mal, en vez de mantener su objetivo de servicio público del Estado, se convirtieron en copia caricaturescas y deformadas de bancos privados, sedientas de ganancias, con el agravante de que no poseen ninguna autoridad gubernamental sobre ellos que les controle su deformación, o al menos así lo parece.
Los costos para los clientes de los bancos del Estado se han incrementado de forma espeluznante, cobran por todo, acumulan ganancias que no invierten adecuadamente en actividades tendientes al desarrollo del país, sino que más bien los funcionarios bancarios se reparten entre sí parte de las ganancias, lo cual es inconstitucional.
Claro, no llegan a los extremos de algunos bancos, como el Scotiabank, que cobran por darles a sus clientes una certificación de que no deben nada, por ejemplo, en sus tarjetas de crédito. Pero ello es cuestión de mercantilismo desesperado y usurero.
A ello hay que sumarle la actitud descortés y veces prepotente de los funcionarios de los bancos del Estado, que se amparan con convenciones colectivas odiosas, que crean regímenes especiales, llenos de beneficios injustificables, para quienes trabajan en estas organizaciones financieras del Estado.
Por ello, llego a la conclusión que, a pesar del daño que se le ha hecho a la banca estatal, todavía se puede corregir el rumbo, en el sentido de aprovechar la modernización tecnológica, la agilización de sus servicios, la corrección de esos regímenes de privilegio (como existen en, por ejemplo, el Poder Judicial y algunas otras organizaciones del Estado), y erradicando el mercantilismo y la especulación desmedida, a fin de que cumplan el objetivo para el cual existen.
Si así fuera, los bancos privados se verían expuestos ante una banca estatal de costos razonables, y tendría que bajar las desproporcionadas comisiones y otros costos que le cargan al cliente. Es decir, revertir el efecto maligno que creó la banca privada en los bancos del Estado, en una interpretación absurda de lo que es la competencia, y retrotrayendo a los bancos del Estado a su papel y función de entidades de servicio público, como debe ser. Y los bancos privados tendrían que ser razonables, porque se sentirían la competencia honesta de los públicos, y todos saldríamos ganando.
Es decir, no se trata de convertirlas en instituciones de beneficencia, que no lo son, sino en colaboradores del desarrollo y el crecimiento económico del país.
¿Qué tiene que decir el señor Presidente de la República sobre este tema? ¿No inciden los costos financieros sobre la inflación, por ejemplo? ¿Sobre el costo de la vida de los más pobres?
Otro tema sería reflexionar sobre la democratización del crédito y dejar de enfocarse en los grandes consumidores de crédito como clientes preferentes, diseñar programas efectivos y reales (no de propaganda) para la pequeña y mediana empresa, el financiamiento de vivienda a tasas de interés accesibles, el financiamiento de obra pública con los excedentes acumulados durante decenios, bajo mecanismos seguros y confiables.
Servir de instrumento de información cruzada al Ministerio de Hacienda, a fin de que informen los excedentes de las instituciones del Estado que mantiene fondos ociosos colocados en los bancos del Estado, y que, además, en su voracidad inexplicable, incrementan sus presupuestos anuales colaborando al déficit fiscal del Estado. Y así obligarlas a utilizar los fondos ociosos, reduciendo el crecimiento presupuestario.
Hay tanto que decir sobre este tema que podríamos utilizar varios folios en ello. Pero lanzo la idea a fin de que, de la misma manera que nos concientizamos sobre la corrupción que nos carcomía en gobiernos anteriores, nos concienticemos sobre el tema de que las organizaciones del Estado están para servir a los ciudadanos, no para obtener ganancias y beneficios injustificables. Está bien que operen con superávit, pues no son entes de caridad, pero no se les debe permitir la especulación mercantilista que muestran.
miércoles 11, diciembre 2024
