Buenos Aires, 9 oct (EFE).- El directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de Argentina aprobó hoy imponer el proceso de adecuación «de oficio» del grupo Clarína la ley de medios audiovisuales, por lo que el regulador determinará qué licencias deberá vender el mayor grupo de medios del país.
La decisión, que había sido propuesta por el titular del organismo estatal, Martín Sabatella, fue aprobada por cinco votos a favor y dos abstenciones, según informaron a Efe portavoces de la Afsca.
Las abstenciones correspondieron a los dos representantes de la oposición en el directorio, Marcelo Stubrin y Gerardo Fabián Milman, quienes se quejaron de que la propuesta fue tratada sin debate y que no tuvieron el tiempo suficiente para poder analizar el dictamen sometido a votación.
«Se inicia la adecuación de oficio, que significa que el Estado tasa (las licencias de radio y televisión) y concursa (su venta) para que ninguna empresa tenga más de lo que la ley prevé», dijo Sabatella en una rueda de prensa tras la reunión del directorio.
El funcionario explicó que en la adecuación voluntaria es la empresa la que elige a quién le transfiere las licencias en las que está excedida, mientras que en la adecuación de oficio es el Estado el que, por concurso, hace ese proceso de venta.
Los plazos para este proceso que iniciará la Afsca aún no han sido definidos, dijo Sabatella.
Horas antes de llevar su propuesta al directorio, Sabatella dijo que impulsaría la adecuación «de oficio» tras considerar que el plan de adecuación voluntaria presentado por Clarín incluía «ventas ficticias» y «vínculos societarios entre las nuevas empresas».
El grupo presentó en noviembre pasado su plan de adecuación voluntaria después de que la Corte Suprema declarase constitucional la ley de medios audiovisuales, tras cuatro años de litigio entre el Estado argentino y Clarín.
La Afsca había aprobado la división del conglomerado en seis unidades de negocio propuesta por Clarín, pero este miércoles rechazó los accionistas a los que se iban a transferir las licencias.
«Lo que está mal, lo que es un fraude, una burla y una trampa, son los nombres de quiénes ellos querían que queden como titulares de las seis unidades», dijo Sabatella, quien afirmó que esos potenciales titulares tienen vínculos societarios entre sí.
Tras el anuncio de Sabbatella, Clarín dijo en un comunicado que el Gobierno intenta avanzar en una «arbitraria e ilegal adecuación de oficio» y advirtió que «recurrirá a todas las instancias que correspondan para resguardar sus derechos y el cumplimiento del plan de adecuación aprobado, que se ajusta estrictamente a la ley de servicios de comunicación audiovisual».
Clarín acusó al Gobierno de querer aplicar la norma de forma «selectiva y discriminatoria» para «perseguir a los medios críticos y apropiarse de los que aún no pudo controlar».
Según el grupo, las unidades que proponía desprenderse en su plan de adecuación voluntaria iban a pasar a manos de «accionistas absolutamente diferentes que no tienen ni tendrán participación cruzada alguna entre ellas, lo que implica el cumplimiento irrestricto de la ley».
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante la última dictadura militar.
La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
El Grupo Clarín fue el más afectado por la normativa, pero repercutió también en otros grupos de comunicación de Argentina o con intereses en el país, como el español Prisa. EFE
