San José, 10 Oct (Elpaís.cr) – Diferentes sectores laborales del país se acercaron esta semana para buscar puntos en común, respecto a la Reforma Procesal Laboral que en este momento se está estudiando en la corriente legislativa.
La idea de las iniciativas es ir buscando puntos en común que saquen adelante una posición consensuada con la cual luchar para que la Reforma Procesal Laboral salga adelante en el congreso.
Una de las actividades fue un foro-reunión en el que participaron la diputada frenteamplista Patricia Mora, el Ministro de Trabajo Víctor Morales, la Magistrada de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia Ana Julia Varela, y del abogado Esteban Calvo, asesor jurídico de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y en el que se hizo hincapié sobre la necesidad de la reforma procesal laboral.
Para la magistrada Varela, la importancia del proyecto radica precisamente en el reforzamiento del principio de “justicia pronta y cumplida”, a través de mecanismos tales como la agilización de procesos y la oralidad de los juicios, entre otros temas.
A ese respecto, tanto Calvo como el ministro Morales fueron enfáticos en cuanto a la necesidad de modernizar el Código de Trabajo, promulgado en 1943.
Ambos, coincidieron en cuanto a la importancia de avanzar hacia el establecimiento de un sistema democrático de relaciones laborales que entre otras cosas, promueva la protección efectiva del fuero sindical (establecido desde 1993), la regularización del derecho humano a la huelga y el establecimiento de la Defensa Pública Laboral en beneficio de las personas trabajadoras en condición de vulnerabilidad como trabajadores migrantes y mujeres embarazadas.
Para los panelistas fue claro que el énfasis puesto por ciertos medios de comunicación sobre las huelgas en el sector público, no es más que una “estrategia” para desviar la atención sobre los problemas centrales que sí resuelve la reforma procesal laboral.
La actividad se suma a un conjunto de iniciativas que las diversas bancadas han venido impulsando como parte de los esfuerzos en materia de generación de espacios para la búsqueda de consensos en torno a temas sociales y laborales.
Entre estas resalta también la reunión entre el viceministro de Trabajo, Haroldo Villegas, la diputada liberacionista, Sandra Piszk y Patricia Mora con el fin de empujar el avance de iniciativas de ley para el reforzamiento de la inspección laboral en el sector privado.
La reforma procesal laboral fue aprobada en segundo debate en 2012, con el apoyo unánime de todas las fracciones legislativas pero poco después fue vetada por la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, tras presiones de las cámaras empresariales.
El actual mandatario, Luis Guillermo Solís, adoptó un compromiso con la fracción legislativa del Frente Amplio en el sentido de levantar dicho veto, al tiempo que avanzaban las negociaciones entre el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Unidad Socialcristiana (PUSC) para la conformación del actual Directorio.
El plazo que se le dio al levantamiento del veto a la reforma procesal laboral se cumple en diciembre.
Sectores se reúnen para discutir reforma procesal laboral
