martes 30, noviembre 2021
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Estudio revela que policías están de acuerdo con abusos a gays

San José, 13 Oct (Elpaís.cr) – Una investigación denominada “Evaluación de actitudes hacia las personas LGBT, por parte de las fuerzas policiales en Costa Rica”, realizada semanas atrás, demostró que la policía sigue anuente al abuso a las personas Lesbo-Gay-Bi-Trans-Intersexo (LGBTI).
El estudio, realizado por el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), demostró que un 17, 7% de las personas entrevistadas tiende aceptar o apoyar que otro oficial cobre mordida  a una persona LGBTI, un 15,7%  que se le  propine golpes a una persona de esta población y un 13,5% aceptaría o se mostraría indiferente ante el  abuso sexual de una persona LGBTI y un 20,4% aceptaría realizar una requisa injustificada a alguien que visiblemente sea sexualmente diverso.
Por otra parte el estudio demostró que existe un prejuicio o falsa creencia entre los policías sobre que la diversidad sexual es una patología psicológica o social y cerca de tres cuartas partes de las personas entrevistadas, no han recibido ningún tipo de información en materia de derechos humanos y diversidad sexual.
Los estudiantes de la Escuela Policial, así como los oficiales de Tránsito, muestran los peores niveles en las diferentes dimensiones evaluadas, según arrojó el análisis.
“Los resultados muestran un nivel muy bajo de acceso a información sobre diversidad sexual, situación que redunda en un nivel muy bajo de conocimientos en esta área. Este nivel reducido de acceso a información tiende a asociarse con la presencia de actitudes y posiciones negativas con respecto a la población LGBTI, situación  que produce niveles de agresividad prevalentes entre los diferentes policías hacia estas personas, algo realmente preocupante”, comentó  Francisco Madrigal,  jefe de la Unidad Política del CIPAC.
El estudio fue presentado el viernes anterior en la Asamblea Legislativa y además de personeros del CIPAC se hicieron presentes asesores de la bancada del Frente Amplio, expertos en derechos humanos y la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, quien reconoció que sobre el tema su cartera ha tratado de realizar cambios, pero los datos presentados les servirán como malla curricular para trabajar en la situación, según aseguró.
El estudio se efectuó entre abril y setiembre de este año y para él se consultó a 446 personas en todo el país.

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