martes 30, noviembre 2021
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Perversidad judicial

El Sistema de Administración de Justicia juega un papel fundamental para la consolidación del Estado de Derecho, por cuanto constituye el pilar sobre el cual se construye la confianza de la sociedad en el cumplimiento de las normas que integran su ordenamiento jurídico. Esta importante labor se gesta por medio del establecimiento de mecanismos eficaces tanto para la solución de controversias, como para la sanción de quienes vulneren ilegítima e ilegalmente los derechos de las personas.
La función de administrar justicia compete al Poder Judicial y es ejercida por los Tribunales y Juzgados que lo componen de acuerdo con la constitución y las leyes, y El Ministerio Público es el organismo relativamente autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos…velar por la moral pública; la persecución del delito, velar por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia.
La realidad es que estamos contemplando en nuestro país la “Administración de la Corrupción”.
En un enfrentamiento entre la ética y la corrupción, ninguno de los dos términos encuentra árbitros adecuados. Se ha eliminado tanto la exigencia natural de lo ético y se ha tolerado tanto la presencia de lo corrompido en las relaciones humanas, que el mínimo de sinceridad nos obliga a dudar sobre nuestro poder mediador o concertador por la responsabilidad que tenemos todos en el desequilibrio moral vigente y en el poder corruptor de lo indecente. Tolerantes, enceguecidos por conveniencia y coyunturas, atados a la oportunidad y esclavos del negocio, le hemos dado ciudadanía y personalidad a lo perverso.
No existen definiciones a priori sobre los factores que determinan la perversidad, pero si sobre las condiciones propicias como la censura, la inquisición, la corrupción, los estados jurídicos de excepción. Sin embargo, las desviaciones en el ambiente jurídico-institucional de ciertos poderes en un país determinado pueden relacionarse con el establecimiento y la expansión de procesos perversos en las organizaciones sociales. Uno de esos procesos perversos es la intromisión de criterios políticos para la designación de jueces de la suprema corte en sus distintas salas, como un “seguro anticipado” de que los intereses de determinados grupos políticos serán resguardados con un solemne aire de legalidad.
Algunos de ello son, por ejemplo, la impunidad, entendida como la falta de sanción social de las transgresiones de las organizaciones públicas a lo establecido en el medio como legítimo; la pérdida de identidad de los principios éticos y morales como criterios para la acción; el atravesamiento irracional de las instituciones, por ejemplo el uso del criterio económico para evaluar las prestaciones de salud o el avance de lo político en el ámbito de lo judicial o lo religioso; y así varios ejemplos más.
Existe una corrupción legalizada, que se refiere a una de las formas del abuso en el ejercicio del poder que proviene del manejo arbitrario de las normas y recursos, utilizando para ello los privilegios o las posibilidades que el propio sistema ofrece a los corruptos. Lo característico de esta corrupción es que los miembros de las instituciones o los propios responsables de aplicar la ley son quienes la vulneran en beneficio propio.
Al igual que en la perversidad, lo patológico de la corrupción es la impunidad y la existencia de factores estructurales en las propias organizaciones del Estado, que llevan a la instalación y mantenimiento de estas injusticias. En este sentido las denuncias y sanciones aisladas no permiten disimular que el problema está en el funcionamiento de esas instituciones.
Es evidente que la corrupción no es solamente una realidad interna o un fenómeno local asignable a organizaciones específicas, algo que sólo tenga que ver con determinados servicios que el Estado presta a los ciudadanos, como la administración de justicia. En su explicación intervienen factores de contexto como las crisis en las instituciones, la lentitud de la justicia, el autoritarismo, la interpretación de las normas jurídicas en favor de un determinado grupo social, las excesivas regulaciones estatales, las concentraciones monopólicas, la falta de conciencia colectiva, la ausencia de protección al ciudadano, sobre todo en los ámbitos jurídicos.
En la corrupción, sobre todo la judicial, siempre encontramos signos de decadencia, no económica, sino social y cultural, haciéndose inestable el sistema en sí mismo, porque en sus relaciones con el medio sus acciones pierden legitimidad.
En nuestro país hemos tenido múltiples casos de estas manifestaciones, producto de varios elementos perversos: la designación política de los jueces de la Suprema Corte, los regímenes de privilegio existentes en el Poder Judicial, el ocultamiento de actos corruptos de jueces y funcionarios, la protección de aquellos que, perteneciendo al Poder Judicial, están amparados con base a intereses políticos de determinados grupos claramente identificados. Y el más grande de todos, el retorcer la interpretación de la Constitución Política para que un político, de un partido que se caracteriza por su inmensa corrupción, pudiera volver a ser Presidente de la República, a fin de hacer avanzar los postulados neoliberales de latrocinio y destrucción del Estado.
Y es así como las estructuras que dejaron montadas en todos los poderes los miembros de ese partido político, muestran los indicadores básicos de la corrupción: la decadencia en los principios éticos y su reemplazo por la racionalidad instrumental, el desplazamiento de los valores funcionales, el olvido de la responsabilidad social por las acciones egoístas del sistema y la ambigüedad en las reglas del juego.
Es entonces cuando vemos, como acabamos de presenciar, la utilización de argumentos falaces –como la intromisión de los poderes- referido a la designación por reelección del Fiscal General de la República, sobre quien ya está todo dicho, argumentos que no se mencionaron cuando se retorció la Constitución Política para que se pudiera reelegir a un expresidente. Lo mismo vemos en las contradicciones de ciertas sentencias de la Sala Constitucional.
Sin embargo, los tiempos hoy son bastante diferentes a los de esa ocasión. Han trascurrido varios años desde el inicio de la  destrucción del Estado Social de Derecho, de desenmascaramiento de la venalidad, la impunidad, el tráfico de influencias, el latrocinio, y la protección pobremente disimulada de la Fiscalía General de la República de ciertos grupos políticos y religiosos, acusados y en proceso de investigación (desde hace ya años) que no avanzan, como una forma velada de impunidad causada por intereses políticos. Los ciudadanos están hoy más conscientes de la podredumbre que cubre como un manto de detritus la mayoría de la organizaciones del Estado, en todos los poderes, y por ello expresaron su voluntad de cambio en la elecciones pasadas.
Los carcamales de siempre deberían estar conscientes que el pueblo es paciente, pero su paciencia no es ilimitada. Llegará un momento en la situación de perversidad sea ya tan intolerable, que grupos sociales se levanten con manifestaciones de protesta exigiendo limpieza, decencia, ética en la función pública, sobre todo en la administración de justicia.
Llegará el momento, y espero que muy pronto, en que no habrá diferencia en la aplicación de justicia para quien se roba una gallina de la de aquellos funcionarios que incumplen o utilizan su cargo (el que deben a un partido político) para proteger delincuentes de cuello blanco o cometer fechorías ellos mismos. Es evidente que atravesamos una época en nuestro país en que el área de influencia de lo perverso se ha ampliado hasta casi lograr su modelo puro; confundirse con la realidad al desaparecer, ante la mirada espontánea, todo lo posible fuera de la perversión.

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