jueves 2, diciembre 2021
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Proyecto de ley para reformar concepción de derechos sexuales enciende a conservadores

San José, 15 Oct (Elpaís.cr) – Un texto sustitutivo presentado a la Ley de Derechos Sexuales presentado por las diputadas Epsy Campbell, de Acción Ciudadana (PAC), Sandra Pizsk, de Liberación Nacional (PLN), y Patricia Mora, del Frente Amplio, levantó el ataque de los sectores conservadores del país, principalmente de la Iglesia Católica.
La diputada Campbell aseguró que lo que están proponiendo es adicionar un capítulo a la Ley de Salud que le dé a la ciudadanía la información necesaria sobre métodos anticonceptivos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los que se encuentra también la píldora del día después, que es considerada abortiva para la Iglesia Católica.
La propuesta del texto exige, además, que se ejecute un reglamento que posibilite la realización del aborto terapéutico en Costa Rica, que de hecho ya está permitido pero que por falta de reglamento no puede realizarse, lo que provoca que en los casos de Aurora y de Ana, dos mujeres cuyos embarazos era incompatibles con la vida extrauterina, se les obligue a culminar su proceso a pesar de las implicaciones para su salud psicológica, debido a la falta de regulación sobre el tema.
Por ello, la Conferencia Episcopal consideró que estas medidas son “abortivas” y “el pueblo costarricense ha votado por la vida”  por lo que aseguró que lo que se debe hacer es proteger la integridad de las mujeres y  a su salud.
Así lo afirmó el arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós, en conferencia de prensa este martes, cuando indicó que el tema es de suma importancia su Iglesia y llamó a la ciudadanía a informarse y a “luchar por la vida”.
A pesar de que practicarse un aborto es penado hasta con 10 años de cárcel en el país, el artículo 121 del Código Penal costarricense establece que “no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o una obstétrica autorizada, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este se haya no se haya podido evitar por otros medios”, por lo que, técnicamente, la práctica deba realizarse en cualquier hospital o clínica del país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene interpuestas dos demandas contra el país por la no implementación de ese artículo del Código Penal, una por el caso de Aurora y otra por el caso de Ana y se espera que se dictamine si se les da o no acogida.
Este órgano internacional ya ha fallado contra el país por la no aplicación de la Fertilización In Vitro (FIV), y a pesar de ello, dos años después, la técnica no se está aplicando en la Caja también por falta de reglamentación y de aprobación entre los diputados.

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