domingo 28, noviembre 2021
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¿Es o no es inconstitucional la nueva ley de aguas promovida por la GWP?

(“Ley para la gestión integrada del recurso hídrico” –  expediente Nº. 17.742)
AHORA que es fin de semana, muy respetuosamente le invitamos a leer lo que aquí anotamos; porque usted merece ser informado.
I)   CONSIDERANDO lo señalado EN la Resolución Nº 2014012887 de la Sala Constitucional, correspondiente al Expediente Nº 14-005214-0007-CO, del ocho de agosto del dos mil catorce, que estipula lo que sucede “cuando el plazo constitucional expira”, según lo determinado el artículo 6 de la Ley Nº 8491 que dispone literalmente:
“Plazo para la votación definitiva de los proyectos de ley. – Los proyectos de iniciativa popular DEBERÁN ser votados en la Asamblea Legislativa, en un PLAZO MÁXIMO de dos años, salvo si se refieren a reformas constitucionales, en cuyo caso, seguirán el trámite previsto en el artículo 195 de la Constitución Política.(…) Si vencido este plazo, el proyecto de ley no ha sido votado en primer debate, deberá de ser conocido y sometido a votación, en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la Comisión con Potestad Legislativa Plena, según sea el caso. Para estos efectos, si la iniciativa no ha sido dictaminada, se tendrá por dispensada de todos los trámites. Las MISMAS REGLAS serán aplicables al trámite en segundo debate y al conocimiento de los informes de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad”.
“Ergo”, SE LEE EN EL VOTO, “la norma estipula claramente que, si vencido el plazo de dos años, el proyecto de ley respectivo no hubiera sido votado en primer debate, este deberá ser conocido y sometido a votación en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la Comisión con Potestad Legislativa Plena. Para tal efecto, si la iniciativa no ha sido dictaminada, se tendrá por dispensada de todos los trámites. TAL INMEDIATEZ se aplica IGUALMENTE en el trámite del segundo debate, toda vez que este se debe guiar por las mismas reglas del primer debate, es decir, la votación en segundo debate debe efectuarse en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la Comisión con Potestad Legislativa Plena, luego que el proyecto ha sido votado en primer debate”. 
Observación válida pues al haberse votado en la sesión del lunes 31 de marzo del 2014, cuando ya HABÍA VENCIDO el plazo de dos años, el señor presidente de la Asamblea Legislativa NO lo convocó para su votación para la siguiente sesión a efectuarse el martes 1 de abril del 2014, y nadie le señaló oportunamente su error.
Ante ello, los señores Magistrados que así lo han aclarado, agregan: “De ello se denota plenamente que el proyecto de ley de iniciativa popular que exceda el plazo de los dos años no sigue el iter legislativo ordinario, como considera el criterio de la mayoría de esta Sala, sino que es sometido a un procedimiento diferente, expedito y tendiente a su votación definitiva, según la EXIGENCIA CONSTITUCIONAL. La discusión del proyecto y, en sí, todo el iter legislativo que anhela la mayoría de esta Sala, DEBIÓ DE HABERSE REALIZADO durante los dos años que la Constitución Política y la Ley de Iniciativa Popular tiene previsto para ello”. 
A lo que más adelante AGREGAN: “Por ello, consideramos los suscritos que, una vez excedido el término señalado, se entra en una situación anómala, CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN, pues el proyecto no cuenta con la votación definitiva, a pesar de que el texto constitucional así lo ordena”.
Y para que haya mayor claridad de la evidente advertencia que se sirvieron hacer los señores Magistrados, concluyen señalando: “Por demás está decir que el control de constitucionalidad de esta Sala puede ser realizado a posteriori. Es decir, en el sub examine, la consulta facultativa  a la Sala no es un trámite indispensable del proyecto de ley; nada impide que este Tribunal, por la vía del CONTROL POSTERIOR, conozca los reclamos de constitucionalidad que surjan con motivo de la aprobación del proyecto de marras”.
A lo expuesto textualmente y resumido respetuosamente, ha de sumarse que LA SITUACIÓN a la hora de conocerse y votarse en primer debate este proyecto de ley, era muy bien CONOCIDA por los señores diputados, lo que se evidencia en los siguientes dos considerandos de la resolución emitida por la Presidencia Legislativa:
 “4) Que el artículo 123 de la Constitución Política establece que los proyectos de ley de iniciativa popular DEBEN ser votados definitivamente en el PLAZO PERENTORIO indicado en la Ley, siendo que el numeral 6 de la Ley Nº 8491 establece un PLAZO MÁXIMO de dos años desde su presentación ante la Secretaría del Directorio para que estas iniciativas sean votadas en la Asamblea Legislativa.
5) Que EL PLAZO PERENTORIO de dos años señalado en el numeral 6 de la ley de cita VENCIÓ el viernes 28 de marzo de 2014.
 (…) 8) Que en consecuencia, el Plenario legislativo tiene como plazo perentorio para votar en su trámite de primer debate el proyecto de ley Nº 17742, LA SESIÓN INMEDIATA SIGUIENTE al día viernes 28 de marzo de 2014. Esa sesión sería la correspondiente a la sesión ordinaria del día lunes 31 de marzo de 2014, de conformarse el quórum requerido por el artículo 117 constitucional para sesionar”.
Considerandos muy claros que sin embargo NO fueron tomados en cuenta con la celeridad que demandara el precepto constitucional y lo estipulado en la Ley de Iniciativa Popular Nº 8491, al NO CONVOCARSE la votación para el segundo debate para el día siguiente.
PERO AÚN HAY MÁS.  ¡VEAMOS!
II)  Considerando el Incumplimiento del PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN
Íntimamente vinculado a lo analizado ante, al respecto, la doctrina señala: “El principio de la preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados.” (COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1978, p. 194.)
Asimismo, los juristas Lic. Luis Rodríguez Picado  y  Lic. Gerardo Danilo Soto Gamboa (CONFERENCIA TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA), refiriéndose al Principio de Preclusión, aclaran que “conforme a este precepto, el procedimiento se divide en varias etapas, en cada una de ellas deben de realizarse ciertos actos procesales, QUE CARECERÁN DE EFICACIA  si son ejecutados  en etapas distintas”. Precisamente lo que es aplicable a la situación provocada por la Asamblea Legislativa al desconocer que, luego de SUPERADO EL PLAZO perentorio “que la Constitución Política y la Ley de Iniciativa Popular tiene previsto para ello”, no se podría retrotraer el proceso a un momento ya ampliamente incumplido.  El pretender desdeñar esa INCONSTITUCIONALIDAD sería un contrasentido procesal, y principalmente, si se pretendiera elevar al plenario legislativo un dictamen de comisión que, al desconocer estos hechos, pudiere inducir a los compañeros diputados a incurrir en una flagrante inconstitucionalidad.  
Se anota en el voto de la Sala citado, que en el folio 586 del expediente legislativo 14.799 se lee lo siguiente:
 “La discusión en la Comisión condujo a la conclusión de que no debía exceder los dos años. Podría ser que el Plenario de la Asamblea considerara que el plazo fuera un poco más amplio, pero lo cierto es que lo que no podemos hacer de ninguna manera es dejar esto de forma indefinida, porque eso, obviamente, no solo sería inconstitucional porque no es el espíritu de la Constitución, de la letra de la Constitución, sino que también sería un acto de traición hacia el pueblo costarricense, el que ha cifrado…, o esa parte del pueblo costarricense que ha cifrado sus esperanzas de que se puedan discutir algunas leyes por medio de mecanismos como este” (Diputada Valerín).
Manifestación que es complementada por los señores magistrados al anotar que de avalarse la prosecución del trámite ordinario de ley (…) “entonces se está IRRESPETANDO EL PLAZO CONSTITUCIONAL e impregnando de incertidumbre al proyecto de ley, CUYA VOTACIÓN DEFINITIVA OCURRIRÁ EN UN MOMENTO INDETERMINADO Y, POR ELLO, A TODAS LUCES CONTRARIO A LA ratio iuris DEL PLAZO CONSTITUCIONAL”.
Y AGREGAN: “Al respecto, adviértase que de acuerdo con el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el ordina 143.3 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Legislativa tiene un plazo constitucional o reglamentario para votar un proyecto, como ocurre en la especie, la consulta debe hacerse CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA, y el proyecto consultado debe votarse aunque la Asamblea no haya recibido el criterio de la Sala. Ergo, ni la consulta de constitucionalidad ni mucho menos un eventual trámite ante la Comisión de Consulta de Constitucionalidad suspende la OBLIGACIÓN del Parlamento de votar de manera definitiva el proyecto consultado en el PLAZO PERENTORIO citado”. 
 “Por ello, consideramos los suscritos que, UNA VEZ EXCEDIDO EL TÉRMINO SEÑALADO, se entra en una situación ANÓMALA, CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN, pues el proyecto no cuenta con la votación definitiva, a pesar de que EL TEXTO CONSTITUCIONAL así lo ordena. Ante este panorama, la solución dispuesta por la ley es el regreso inmediato y expedito a la normalidad constitucional. Es decir, el proyecto de ley que para ese momento DEBIÓ contar con votación definitiva, deberá ser dispensado de trámites y sometido a las votaciones que estén pendientes hasta que cuente con votación definitiva”.
HOY CASI OCHO MESES DE HABERSE VENCIDO EL PLAZO PERENTORIO, y después de varias semanas se haberse recibido en la Asamblea Legislativa la resolución de la Sala Constitucional Nº 2014012887…  el proyecto sigue sin convocarse a votación en el plenario legislativo.  O sea, la “situación ANÓMALA, CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN” está más que demostrada.
PERO AÚN HAY MÁS.  ¡VEAMOS LO QUE DICEN SEÑORES MAGISTRADOS en notas que adjuntan!
VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONEXIDAD
1) Considerando LO ANOTADO EN LA RESOLUCIÓN Nº 2014012887 de la Sala Constitucional, correspondiente al Expediente Nº 14-005214-0007-CO, del ocho de agosto del dos mil catorce, que estipula lo que sucede cuando se viola el PRINCIPIO DE CONEXIDAD (O sea, que haya concatenación entre lo planteado en el proyecto de ley recibido en la Asamblea y lo que eventualmente se aprobó en Primer Debate).
Pese a que los señores Magistrados de la Sala Constitucional solo pudieron conocer los aspectos relacionados con los artículos 29 y 30 del Proyecto de Ley tramitado bajo el expediente No. 17.742, pudieron evidenciar lo señalado así:
 “Los suscritos Magistrados consideramos además que el proyecto en cuestión adolece de una inconstitucionalidad por violación al PRINCIPIO DE CONEXIDAD y por un DEBILITAMIENTO de instituciones protectoras del ambiente (artículo 129.2 y transitorio XII del proyecto). 
En cuanto al primer aspecto se observa que en el artículo 29 existen CAMBIOS SUSTANCIALES RESPECTO DEL PROYECTO ORIGINAL, que implican una VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONEXIDAD. Ello por cuanto consideramos que NO ES CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE que el legislador, con ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto, que impliquen SU DESNATURALIZACIÓN, como ha sucedido en este caso. De la comparación entre lo que establecía el proyecto original con el proyecto que fue aprobado en primer debate, se observa, muy claramente, que hubo un EXCESO DEL LEGISLADOR, al variar aspectos sustanciales sobre las medidas de las áreas de protección, que implicaron una evidente violación al principio de conexidad”.
Aspectos que determinaron la declaratoria de inconstitucionalidad dictada sobre dicho Proyecto de Ley por los aspectos indicados en la resolución de la Sala.
Sin embargo, una adecuada revisión comparativa de OTROS  artículos y transitorios del Proyecto de Ley, entre el texto aprobado en primer debate y el proyecto original que ingresara por la vía de la Ley de Iniciativa Popular, demuestra que LAS INCONSTITUCIONALIDADES  por incumplimiento al principio de conexidad son sustanciales y, por procedimiento, DE IMPOSIBLE REPARACIÓN en esta parte del proceso legislativo.
Dentro de los casos más notables se tienen los siguientes:
A) En el artículo 2, sobre los “Principios generales”, que en el texto original decía que “a) El acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas y al saneamiento son DERECHOS HUMANOS fundamentales indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas”, los legisladores lo variaron sustancialmente al eliminar la referencia a que el acceso al agua “EN CANTIDAD Y CALIDAD ADECUADAS” es un derecho fundamental, sustituyéndolo por
 “Derecho humano de acceso al agua. El acceso al agua para consumo humano y al saneamiento es un derecho humano fundamental e indispensable”.
Con ello se MODIFICÓ SUSTANCIALMENTE el punto más importante que sirviera de sustento para la recolección de las 150.000 firmas que permitieron iniciar el proceso legislativo.
Aspecto este de la mayor importancia pues DEBILITA la declaratoria del acceso al agua como UN DERECHO HUMANO, desconociendo la coparticipación y voto afirmativo de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas, por medio del Comentario General Nº 15 de la ONU que dice:
“El derecho humano al agua garantiza a todas las personas el agua en cantidad suficiente, en condiciones de seguridad y aceptabilidad, siendo físicamente accesible y asequible para usos personales y domésticos. Se necesita una cantidad adecuada de agua segura para evitar muertes por deshidratación, reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y satisfacer las necesidades de consumo, cocina, y hábitos higiénicos personales y domésticos”.                              
CONCEPTO retomado luego por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de amplia aceptación a nivel planetario. Algo que se refleja en resoluciones de la Sala Constitucional, como las siguientes:     
Sala IV. Voto 00-02755 de 24 marzo 2000. Que el servicio de abastecimiento de agua potable es un derecho fundamental derivado del derecho a la vida y a la salud”.
Sala IV. Voto 2002-10776 del 14 de Noviembre del 2002. “El derecho al abastecimiento de agua potable, como servicio público estrechamente vinculado al derecho a la salud y al de propiedad, entre otros, no puede ser negado”, ni por inercia de la Administración o por acción del operador”.
Sala IV. Voto 4654-2003 de 27 mayo 2003. “La Sala reconoce, como parte del derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, el medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en Costa Rica…”                          
Que se recoge en la propuesta de Reforma Constitucional Exp. Nº 18.468, que aunque no ha podido ser aprobada, refleja los avances que en materia del acceso al agua en calidad y cantidad suficientes o adecuadas, se han alcanzado a nivel mundial y nacional.  Dice la propuesta: 
“Adiciónense cuatro párrafos al final del artículo 50 de la Constitución Política, los cuales se leerán de la siguiente manera: “Artículo 50.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Toda persona tiene derecho de acceso al agua potable de forma suficiente, segura y a su saneamiento con arreglo a la ley. Es deber del Estado y de toda persona velar por la defensa, protección y restauración del recurso hídrico. Las aguas son un bien de dominio público esencial para la vida. Su uso y explotación se regirá por lo que establece la ley. Será prioridad el abastecimiento del agua a las poblaciones. Las normas y las políticas públicas relacionadas con el agua deberán garantizar la gestión sostenible del agua y la solidaridad con las futuras generaciones.”
¿POR QUÉ entonces se modificó sustancialmente uno de los pilares que servían de cimiento al proyecto ingresado a la Asamblea Legislativa como de “iniciativa popular”?  
¿Qué intereses privaron para que se erosionara de tal manera esa declaratoria del acceso al agua como un derecho humano?
PREGUNTAS SIN RESPUESTA que dejamos POR AHORA para analizar lo siguiente:
B) En el artículo 2, sobre los “Principios generales” que el texto original decía que  “b) El agua es un recurso de usos múltiples, siendo el CONSUMO HUMANO EL PRIORITARIO. Ningún aprovechamiento está exento de ser afectado o afectar a otros usos, por lo que el Estado está obligado a asegurar que los usuarios públicos y privados estén sujetos a los criterios y decisiones que deriven de la planificación del recurso hídrico”.
PRINCIPIO GENERAL modificado sustancialmente por los señores diputados, tanto que ¡LO ELIMINARON! sustituyéndolo por lo siguiente: 
“b) Valor económico. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debe reconocérsele como UN BIEN ECONÓMICO”.
Cambio sustancial pues lo que SE DEFINÍA en el texto original era el carácter de BIEN SOCIAL del recurso agua, sustituyéndolo por el mercantilista concepto de BIEN ECONÓMICO.  Concepto acorde con los “principios” que rigen el actuar del organismo del Banco Mundial, conocido por sus siglas en inglés, GWP (Global Water Partnership), que dice:   “Principio 4 de la Declaración de Dublín: El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debería ser reconocida como un BIEN ECONÓMICO más que como un BIEN SOCIAL”. 
VACÍO INSTITUCIONAL EN EL ÁREA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
(CASO DEL SENARA)
C) Como de él hacen referencia los señores Magistrados, se determina en el artículo 129 la ELIMINACIÓN DE LAS FUNCIONES sobre las “Aguas Subterráneas” según se estipulan en la Ley de Creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, N.° 6877, de 18 de julio de 1983, para que en donde dice “Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento” se lea “Servicio Nacional de Riego y Avenamiento”. 
Eliminación que provocaría un “DEBILITAMIENTO” indiscutible del Senara, pero que, para no crear un vacío de inimaginables consecuencias en las transcendentales funciones de la Institución que, entre cosas, emite directrices de obligatorio cumplimiento para entes públicos privados, por iniciativa propia o por solicitud de entes como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), se estipula EN EL PROYECTO ORIGINAL lo siguiente:
“TRANSITORIO VII.- TRASLÁDENSE a la Dirección Nacional del Recurso Hídrico, dentro del plazo del mes siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, todos los FUNCIONARIOS que laboran en la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, así como los RECURSOS FÍSICOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS que utiliza esta dependencia. Dichos funcionarios conformarán el Departamento de Aguas Subterráneas de la Dirección Nacional del Recurso Hídrico” (A la que después le dieron el nombre de Dirección Nacional de Aguas – DINA- ubicada en el Minae.)
Sin embargo, los legisladores MODIFICARON SUSTANCIALMENTE dicho Transitorio sustituyéndolo por el siguiente texto:
“TRANSITORIO XII.-  Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los funcionarios de la Dirección de Investigación Hídrica del SENARA, PODRÁN TRASLADARSE a la Unidad de Investigación de la DINA que se crea en el artículo 85 de la presente ley, manteniendo sus derechos laborales”.
Variación que tiene consecuencias indeseables, pues los funcionarios de dicha Dirección, contrarios a lo que consideran una manipulación indebida de su centro técnico y profesional de trabajo, NO están dispuestos a trasladarse a un ente que se conoce no tiene los recursos humanos, ni financieros, ni logísticos, ni laborales, ni materiales, que les permitirían CUMPLIR con los deberes que les son propios.
Situación que refleja una REGRESIÓN AMBIENTAL irreparable, que amenaza la gestión del Estado sobre los importantes recursos de agua provenientes de los acuíferos subterráneos, pues a partir de una eventual aprobación de la “nueva” Ley de Aguas, no tendrían las instituciones del Estado, ni los entes privados, un ente especializado como el Senara para dictaminar, recomendar, orientar, proteger, conservar, etc. las reservas de aguas subterráneas que desde hace tres décadas son parte fundamental de su gestión.
Sobre el SENARA ha señalado terminantemente la Sala Constitucional:
“De tal forma, la integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- tiene la obligación de obtener del SENARA el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable integración del amplio marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas – ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades, entre otras.” (Voto N° 2012-08892 de las dieciséis horas y tres minutos del veintisiete de junio del año dos mil doce).
Asimismo, se reconoce que la descentralización de la tutela del recurso hídrico en un órgano descentralizado INDEPENDIENTE Y TÉCNICO, tal como lo es actualmente el SENARA, se ha incorporado dentro del bloque de tutela mínimo del derecho humano fundamental y tal carácter no puede ser desvirtuado, ni se puede retroceder al respecto, por mandato constitucional.
Si de “ventajas” se tratara la nueva propuesta, habría que conocer CUÁLES HAN SIDO CONSIDERADAS, pues hasta ahora no se ha presentado argumento alguno en pro de un cambio tan significativo en la gestión de los recursos hídricos subterráneos. Lo único que han manifestado sus promotores es que, de no trasladarse funcionarios y recursos materiales necesarios para cumplir ese deber, “se contratarán en la calle, donde hay muchos hidrogeólogos dispuestos a irse a trabajar al Minae” (comunicación personal de la Presidenta Ejecutiva del AyA).
En cuanto a la creación de las SOCIEDADES ANÓNIMAS encargadas de las aguas de uso agropecuario, tenemos lo siguiente:
D) El texto original planteaba en el “TRANSITORIO XV lo siguiente: “Las Sociedades de Usuarios que se han constituido y que administran el servicio de abastecimiento de agua potable a una población contarán con un plazo improrrogable de nueve meses PARA CONSTITUIRSE en Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), de conformidad con la normativa vigente”.
ASADAS que como es conocido, han de tener contratos de delegación de responsabilidad sobre las aguas de dominio público, que en la Ley Constitutiva del AyA –Ley Nº 5915-, forma parte de sus deberes primordiales.  Que por cierto con este nuevo proyecto se le elimina dicha función al AyA, sin indicar quién o quiénes se encargarían de “GOBERNAR TODAS LAS AGUAS DE DOMINIO PÚBLICO”.
Pues bien, el citado transitorio fue BORRADO por los legisladores con las consecuencias que ello tendría para cientos de “Sociedades de Usuarios” existentes a las que se les habrían las posibilidades de estructurarse en ASADAS, pero que al eliminarse el transitorio anotado les imposibilitan esa formalización, creándose más bien unas “nuevas” Sociedades de Usuarios del Agua que se encargarían de procesar, independientemente del AyA, aspectos relativos a tarifas, caudales, etc. y que podrían funcionar con un mínimo de cinco personas en lugares en que incluso existan ASADAS en funcionamiento.
De suceder así, cabe preguntarse si la función IRRENUNCIABLE sobre un recurso demanial (“GOBERNAR TODAS LAS AGUAS DE DOMINIO PÚBLICO”) se podría trasladar a las nuevas “Sociedades de Usuarios del Agua”, que funcionarían independientemente del AyA, como entes regidos por la Ley de Asociaciones… 
SOBRE REGULACIONES A LA EXPORTACIÓN DEL AGUA.
E) Por razones de protección ambiental y en consideración a los efectos que tendría sobre los habitantes de una región particular una situación de limitado acceso a fuentes de agua potable, en el texto original se estipula:
“ARTICULO 87.- REGULACIÓN a la exportación de agua –  La Dirección podrá restringir y limitar total o parcialmente la exportación de agua cuando eso sea necesario PARA GARANTIZAR el abastecimiento para consumo humano y los distintos usos aprovechamientos de las comunidades locales y los sectores productivos nacionales. Esta actividad quedará condicionada a que se demuestre y GARANTICE el abastecimiento local y la plena satisfacción de las necesidades de las comunidades locales”.
Texto extrañamente ELIMINADO por los señores legisladores, debilitando así la protección razonable que ha de brindársele a una comunidad local y a las actividades productivas en situaciones de limitado abastecimiento del vital líquido. ¡Otra burda violación al Principio de Conexidad!
CABE PUES REITERAR LA PREGUNTA INICIAL: 
¿ES O NO ES INCONSTITUCIONAL LA NUEVA LEY DE AGUAS PROMOVIDA POR LA GWP?
(*) Dr. en Biología

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