domingo 2, octubre 2022
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La declaración de guerra se hizo realidad

Se lee en Wikipedia que la guerra es la forma de conflicto socio-político más grave entre dos o más grupos humanos. Es quizá una de las más antiguas de todas las relaciones internacionales, aunque se convierte en un fenómeno particular con el comienzo de las civilizaciones, y supone el enfrentamiento organizado de grupos humanos armados, con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, o el desarme, o para imponer algún tipo de ideología o religión, sometimiento y, en su caso, destrucción del enemigo. Las guerras se producen por múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, dirimir disputas económicas, ideológicas, territoriales, etc.
Aunque las noticias cotidianas nos demuestran que en diversas partes del mundo se están desarrollando diversos tipos de guerras y con diferentes intensidades, existe en el mundo de la informática y la hipercomunicación otro tipo de guerra, la cual se lleva a través de los medios disponibles en la actualidad, y sin utilizar armas de destrucción material. Sino otras más letales, las de la información tergiversada, la desinformación, o la calumnia abierta y descarada.
En estos momentos de nuestra historia interior estamos viendo cómo, un grupo conformado por los más variopintos intereses gremiales, ha declarado la guerra (en otro sentido diferente al del uso de las armas de destrucción) y realizado algunas escaramuzas en contra del partido gobernante, y en particular en contra del Presidente de la República. Las señales son claras y no ameritan discusión alguna.
Las relaciones de poder tal como funcionan en una sociedad como la nuestra se han instaurado, en esencia, bajo una determinada relación de fuerza establecida en un momento determinado, y si es cierto que el poder político hace reinar o intenta hacer reinar una paz en la sociedad civil, no es para suspender los efectos de la guerra o para neutralizar el desequilibrio puesto de manifiesto en la batalla final; el poder político, según esta hipótesis, tendría el papel de reinscribir, perpetuamente, esta relación de fuerza mediante una especie de guerra silenciosa, de inscribirla en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, en fin, en los cuerpos de unos y otros.
La política como guerra continuada con otros medios sería en este primer sentido un dar la vuelta al aforismo de Clausewitz; es decir, la política seria la corroboración y el mantenimiento del desequilibrio de las fuerzas que se manifiestan en la guerra. Pero la inversión de esta frase quiere decir también otra cosa: en el interior de esta «paz civil», la lucha política, los enfrentamientos por el poder, con el poder, del poder, las modificaciones de las relaciones de fuerza, las acentuaciones en un sentido, los refuerzos, etc., todo esto en un sistema político no debe ser interpretado más que como la continuación de la guerra, es decir, debe ser descifrado como episodios, fragmentos, desplazamientos de la guerra misma.
No se escribe sino la historia de esta guerra aun cuando se escribe la historia de la paz y de sus instituciones. La vuelta dada al aforismo de Clausewitz quiere decir en fin una tercera cosa, que la decisión final no puede provenir más que de la guerra, de una prueba de fuerza en la que, por fin, las armas serán los jueces. La última batalla sería el fin de la política, solo la última batalla suspendería, pues, indefinidamente el ejercicio del poder como guerra continua.
Sabíamos desde hace ya bastante tiempo que no le sería fácil al Partido Acción Ciudadana apropiarse del gobierno de la república mediante unas elecciones limpias, lo cual realizaron para sorpresa de todos, y mucho más aún gobernar en contra del inmenso tramado de intereses gremiales, políticos y económicos que prostituyeron el ejercicio gubernativo, en manos de los partidos políticos tradicionales, en beneficio de pequeños grupos de poder y en contra de los ciudadanos todos. Causando un empobrecimiento asombroso, unos índices de desigualdad nunca antes experimentados, y una cultura de corrupción que cubre todas las actividades del país, públicas y privadas, gremiales y personales, aceptada como nuestra forma ser propia y generalizada.
En las últimas semanas hemos presenciado diversas escaramuzas de esa guerra. La primera de ellas tiene que ver con el presupuesto gubernamental del año 2015 en la Asamblea Legislativa. En ésta se notan dos realidades evidentes: es cierto que la austeridad no se demuestra en él, pero parte de la responsabilidad del enorme incremento se debe a la voracidad sin límites de las organizaciones del Estado, de todos los poderes, que no se han alineado ni se alinearán jamás a las normas de austeridad propuestas por el PAC. Todas ellas, acostumbradas al despilfarro consuetudinario del PLN y del PUSC, y con  administrativas  visibles pertenecientes o simpatizantes a esos partidos, no asumirían la postura propuesta, además de que nunca renunciarían a los onerosos beneficios que gozan los burócratas públicos. Además, se contraponen dos concepciones divergentes (con relación al déficit fiscal) entre dos corriente de pensamiento económico, lo cual no lleva a ninguna parte.
Por otro lado, los medios de comunicación masiva no han mencionado, o si lo han hecho lo realizaron de pasada y sin destaque alguno, los logros obtenidos en el incremento de los ingresos por el Ministerio de Hacienda, que es la otra propuesta para hacer manejable el déficit del gobierno. Una vez más se observa la complicidad de ciertos medios de comunicación con intereses gremiales y económicos a los que no les conviene que se modifique el modelo neoliberal que ha sido impuesto en nuestro país, con las desastrosas consecuencias que ya hemos mencionado.
La segunda tiene que ver con los dimes y diretes entre el ICE y el Gobierno Central. Nuevamente esta organización autónoma se maneja como una república independiente, con la complicidad –además- de la autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Y las posturas de otros organismos públicos, que no se terminan de alienar a los parámetros del nuevo gobierno. La mejor descripción de lo que está pasando es aquella frase de “acostarse con el enemigo”.
La tercera se refiere a la bofetada impartida por los jueces de la Corte Suprema de Justicia (Liberacionista en un alto porcentaje de sus miembros) a todos los ciudadanos, con la reelección del Fiscal General de la República, ya que les conviene continuar con el régimen de impunidad establecido por dichos políticos desde hace ya décadas, y que cubre con su negro manto de corrupción desde funcionarios públicos anteriores, empresarios venales y corruptos, socios en sus tropelías con los políticos de turno, jerarquías religiosas dedicadas a la intermediación financiera ilegal, y muchos más. Y mientras tanto se despliega una noticia de que se condena a unos hermanos a cinco años de cárcel, por robarse una vaca. Así es como percibe el pueblo la administración de justicia en nuestro país.
La cuarta, que aún se está desarrollando, es la de la huelga de JAPDEVA. Esa cueva de sinvergüenzas que se amparan en un Convenio Colectivo que es el epítome de todas las barbaridades que no se deberían cometer en una negociación, y que ahora están metidos a políticos, cuando en realidad lo que pelean y defienden son sus intereses gremiales. No les importa en absoluto el beneficio de la Provincia de Limón, y se agarran de la concesión de un puerto de alto calado indispensable para nuestro país, para exponer argumentos absurdos, con el respaldo (según los medios) de 100 sindicatos más, y algunos políticos oportunistas. Sobre todo cuando diversas instancias judiciales han sentenciado en su contra, en las oportunidades en que han querido lograr detener el proyecto (que lleva ya varios años de retraso por ello) con demandas judiciales, y que ahora se amparan en los grupos ambientalistas.
Es decir, la declaración de guerra de la que hablamos hace unas cuantas semanas atrás, se ha hecho realidad. Ahora nos falta esperar que se abran nuevos frentes de batalla.
Lo que nunca dejaremos de respaldar será la legalidad, la defensa de las leyes y sentencias judiciales (a pesar de que en algunos casos no compartimos el criterio de imparcialidad que debería existir, porque allí también “se cuecen habas”, como se dice), y en eso estamos de acuerdo con el señor Presidente, quien juró ante todos nosotros defender la Constitución y las Leyes de la República, y no como gobiernos anteriores, que hicieron lo mismo (juraron) pero se dedicaron a defender a los grupos de poder e influencia existentes. 

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4 COMENTARIOS

  1. Es como clásico , ves a los grupos de «izquierda» hablando de las injusticias a las que esta sometido el pueblo. Pero esos mismos grupos piden privilegios para sus agremiados. Así no se puede, eso no es pensamiento socialista, eso es oportunismo, populismo, rapiña estatal.

  2. Dexter de acuerdo… pero el articulo hace un interesante análisis del contexto político de un gobierno que como dice Victor Jara: «no es ni chicha ni liminada». El GObierno de LGS cree que con esa posición puede hacerle frente a una oposición muy bien articulada en las estructuras de poder del estado costarricense, instituciones privadas con dineros públicos: CINDE, instituciones privadas con subsidios INCAE.

  3. ABRAMOS LOS OJOS, muy cierto lo que dice don Alfonso Palacios; y es que el movimiento sindical en Costa Rica es totalmente gremialista y lo único que defienden son los intereses de su gente. Estos compas no conocen nada de progresismo ni mucho menos de socialismo, son igualitos a los sindicatos de la antigua Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV) y el sindicato de entonces de PVDSA. A continuación un poco de historia al respecto: “Los sucesos políticos conocidos como Paro Petrolero de 2002-2003, llamado también Paro Nacional o Huelga General consistieron en una huelga o paralización de actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido contra el gobierno de Venezuela presidido por Hugo Chávez, promovida principalmente por la patronal Fedecámaras y secundado por la directiva y trabajadores de la nómina mayor de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), los partidos de oposición aglutinados en la coalición Coordinadora Democrática, el sindicato Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV), diversas organizaciones como Súmate e incluso medios de comunicación privados de prensa, radio y televisión. El paro se extendió desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003, siendo una de las huelgas generales de mayor duración de la historia[cita requerida]. Por los sectores simpatizantes del presidente Chávez, este evento es denominado «Sabotaje petrolero» o «Golpe petrolero», mientras que en los sectores opositores se le ha llamado «Paro Cívico Nacional».http://es.wikipedia.org/wiki/Paro_petrolero_de_2002-2003. Ver también http://www.lavenezuelabolivariana.blogspot.com/2002_12_01_archive.html

  4. O se es capitalista o se es socialista, ese es un planteamiento fetichista. Ni chicha ni limonada no implica ni por mucho o ser capitalista o socialista, tampoco implica o estar del todo con los gremios laborales organizados (sindicatos) o los empresariales (cámaras). El programa del gobierno y sus agenda histórica no toma partido con sectores gremiales de ningún tipo, sino más bien con el interés nacional y el bien común según se define en el ideario del PAC y no en otra agrupación político partidista o gremial empresarial o laboral. Todos los principios rectores en los que se fundamenta un programa de gobierno del PAC se toma muy en serio la LEGALIDAD y la INSTITUCIONALIDAD, por lo que los contratos firmados por las instituciones y refrendados por la Contraloría General de la República, independientemente de dónde y cómo apreté el zapato por sus causas, deben ser respetados en todas sus extensiones; igual sucede cuando de renegociar se trata. La legislación nacional establece con claridad los procedimientos y recursos institucionales que deben privar a la hora de emprender y gestar la renegociación de contratos de toda índole, de hacerse fuera de estos canales y disposiciones institucionales las consecuencias jurídicas se harán valer necesariamente si el ofendido así lo requiere.

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