miércoles 1, diciembre 2021
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¿Y la seguridad jurídica del pueblo?

Columna Poliédrica

Hace algunas semanas escribimos en esta misma columna unas líneas que titulamos: “El cuento de la seguridad jurídica”. Allí mencionamos como este término se ha popularizado sin que aquellas personas que lo utilizan, tengan claro el origen y sobre todo, lo que se pretende tutelar con este valor jurídico.

En la actualidad, prácticamente, se utiliza sólo para referirse al ámbito de las inversiones. Se habla que los inversores, especialmente externos, necesitan seguridad jurídica para invertir en el país y que sin ella, se van a ir a otras latitudes con sus dólares o euros. Sin ella, algunos dicen que Costa Rica volverá a los tiempos de la colonia o peor aún, a la época precolombina.

La seguridad jurídica de la que hablan estos personajes, la mayoría de las veces, está circunscrita a la obligación del gobierno de turno de respetar los contratos que se han firmado con empresas extranjeras. De acuerdo con esta forma de entender la seguridad jurídica, no importa si los contratos firmados son abiertamente lesivos para el Estado costarricense y establecen cláusulas de indemnización que beneficia sólo al inversor extranjero, lo único que importa es respetar eso que ellos llaman seguridad jurídica.

La seguridad jurídica es un valor y no se circunscribe a lo que esta visión financista y reduccionista pretende hacer creer. Antes que nada, debemos tener claro que se trata de un valor; es decir, estamos hablando de algo que los seres humanos consideramos valioso y necesario para nuestra vida.

La seguridad jurídica es la manifestación en el mundo del Derecho de una de las necesidades básicas de cualquier ser humano, a saber: que otra persona o el Estado por medio de sus órganos no le quite lo más preciado que todo ser tiene y que le permite desarrollar su existencia.

Ahora bien, lo más preciado que tiene cualquier ser humano en cualquier sociedad es su vida. Sin la vida no puede desarrollarse como persona y todas las demás cosas dejan de tener sentido, en otras palabras, como dijo Ortega y Gasset parafraseando a Descartes: “Vivo luego existo”.

En consecuencia, en determinado momento de la historia de los seres humanos, se consideró necesario que este valor (la vida), fuera incorporado al ordenamiento jurídico para ser protegido por medio del uso legítimo de la fuerza. Dicho en otros términos, los miembros de la sociedad llegan al acuerdo que al considerar valiosa la vida humana, se debe brindar seguridad a las personas que sus semejantes o el Estado no realizará acciones (prohibición) que atenten contra ese valor básico y que serán sancionados por medio de la fuerza aquellos actos que estén en contra de ese valor.

La seguridad jurídica, por tanto, es un valor que considera importante que los miembros de una sociedad tengan la certeza que cualquier conducta que atenta contra su vida, será objeto de sanción por el ordenamiento jurídico con la ayuda de la fuerza legítima. La certeza se convierte en el elemento clave cuando hablamos de seguridad jurídica, sin embargo, la realidad nos muestra que no hay tal certeza y que la seguridad jurídica la tendrán aquellos que tengan el poder de hacerla efectiva.

Y aquí es donde está el punto medular del asunto, se habla de seguridad jurídica para los inversionistas y uno se pregunta: ¿Y la seguridad jurídica de los costarricenses? Uno sale a la calle con la certeza contraria, es decir, que hay altas probabilidades que le quiten a uno la vida para robarle cualquier cosa y que ese acto tiene altas probabilidades de quedar impune; en otras palabras, que la protección que se supone el Estado realiza y garantiza por medio de sus órganos, finalmente, no se está realizando eficazmente.

La seguridad jurídica más básica y por la cual nació el Estado moderno se convierte en una ficción en Costa Rica. Sin embargo, los medios de comunicación y las autoridades de gobierno no hablan de proteger la seguridad jurídica de los costarricenses, sólo hablan de proteger una seguridad jurídica interesada y que está referida a un sector inversionista que no le interesa en lo más mínimo el desarrollo de la sociedad costarricense.

La seguridad jurídica es un valor que es utilizado por los conservadores y reaccionarios para defender intereses que, usualmente, son consignados en textos legales debido a que tienen el poder o la fuerza (política, económica o ideológica) de exigir su realización. Se trata de un valor que atenta y está en abierta contradicción con el valor justicia.

Por ejemplo: ¿Es justo o no que a la empresa OAS se le haya pagado varios millones de dólares por un contrato que no ejecutaron? ¿Es justo o no que a Industrias Infinito se le deba pagar una indemnización por habérsele otorgado la posibilidad de realizar una actividad que atenta contra el ambiente? ¿Es justo o no que a una empresa portuaria se le otorgue una concesión en condiciones que atentan contra los intereses del Estado costarricense?

La respuesta a esta pregunta depende del significado que se le otorgue a la palabra justo. Históricamente hay grupos que defienden la idea que lo justo es lo que está escrito (positivismo jurídico) y que, por tanto, lo justo es respetar lo consignado textualmente en la ley o en estos casos, en los contratos firmados por los gobiernos de turno.

En el fondo se está hablando del mismo argumento de la seguridad jurídica entendida como el respeto a lo establecido en la ley o en el contrato entre las partes. Se trata de eufemismos y más claramente de argumentos falaces para encubrir los intereses que hay detrás de este tipo de formalismos jurídicos.

En todo caso, el punto medular no está en la manipulación que se haga del significado del valor seguridad jurídica o del valor justicia. El problema real está en la impunidad de la que han gozado una serie de nefastos personajes para obligar al Estado costarricense a soportar condiciones lesivas para el interés nacional, en otras palabras, se establecen cláusulas que asegura a una sola de las partes ventajas contrarias a la equidad (Cláusulas Leoninas).

Por eso cuando escuchamos a periodistas, políticos, leguleyos y hasta economistas hablar de seguridad jurídica, es necesario preguntarse: ¿Qué seguridad jurídica es la que hablan?

Lo que sí está claro es que no es la seguridad jurídica básica que el Estado debe brindar al común de los mortales. Todos los días se escucha que asesinaron a una persona inocente y uno se pregunta: ¿ Y la seguridad jurídica de esas personas? ¿Esa seguridad jurídica básica no la protege el Estado? ¿Es más importante la protección de los intereses de los inversionistas extranjeros?

Volvemos al inicio. Es una cuestión de valoración y en este caso, a los grupos dominantes les interesa más o valoran más la protección de los intereses económicos y financieros. Esto es así porque creen que ellos no tienen problemas de inseguridad jurídica básica, es decir, ellos no van a ser objeto de un asesinato debido a los lugares en los que viven o en los que se mueven.

De hecho lo que han optado es, al mejor estilo del medioevo, vivir en “castillos” amurallados en los montes aledaños a la ciudad de San José. Allí no entran los asesinos comunes, esos que matan a una persona por un teléfono móvil; tampoco ese tipo de delincuente se va acercar a un club privado o robará un auto de alta gama, debido a que no tiene salida en el mercado.

Ante esta realidad, la única seguridad jurídica que importa es la de las inversiones o mejor dicho, la de los inversionistas. ¿Y la seguridad jurídica del pueblo? Esa…, pues…: ¡Que se jodan!

(*) Filósofo
columnapoliedrica.blogspot.com

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14 COMENTARIOS

    • Yo sí he llevado clases de Derecho y en concreto de filosofía del derecho. Uno de los aspectos que se abordan en esa materia es, casualmente, que la SEGURIDAD JURÍDICA es un mito y que tiene muchos significados, entre ellos el que plantea el autor de este artículo. De hecho la certeza jurídica es uno de los dogmas o postulados teóricos del Derecho y tiene su origen en la búsqueda de seguridad de las personas cuando ha imperado la fuerza antes que el Derecho (HOBBES). En síntesis y sin que el autor necesite que lo defiendan, el que debería recibir clases de Derecho es este señor que se hace llamar Pepe Vallecillos.

      Por cierto, no basta con recibir clases de Derecho (dogmática) es necesario recibir Filosofía del Derecho que en muchas «Universidades» ni siquiera brindan esta materia y ni saben cuáles son sus contenidos. No es lo mismo ser tinterillo que abogado, no es lo mismo ser abogado que jurista, y no es lo mismo ser jurista que alguien con una visión integral del Derecho.

  1. Hay que ver las dos caras de la moneda: todo inversionista extranjero busca colocar su capital donde mayor rentabilidad le traiga, y eso implica necesariamente tener la posibilidad de mitigar cualquier riesgo, incluso ese riesgo que hablan los libros académicos de finanzas y economía, que es el llamado «riesgo político», que es la probabilidad de perder el capital invertido más cualquier tipo de renta o beneficio, debido a cambios y/o decisiones de un gobierno. En este aspecto, creo que se habla más de la seguridad jurídica de un país, y tiene bastante sentido: si se desea que al país ingrese inversión extranjera, es necesario garantizarle a alguien que es indiferente a la hora de colocar su capital alrededor del mundo, la posibilidad de que va a obtener beneficios y de que no va a perder su inversión. ¿Por qué? Porque con el capital nacional no basta… Y cancelar el contrato con APM Terminals, a pesar de como se gestó (porque recordemos que fue el Ministerio de Trabajo durante el gobierno pasado, quien avaló la representación de Allan Hidalgo Campos por JAPDEVA, para dar en concesión los muelles) sería una mala señal para la inversión extranjera…
    Por otro lado, está todo lo argumentado por el articulista… Pero la seguridad jurídica no basta para mitigar el riesgo político de un inversionista, y bien que mal, todo país necesita de algún tipo de inversión extranjera si es que desea crecer…

  2. Hay gente que pareciera no sabe leer y mucho menos comprender la idea central de un texto. Evidentemente el señor Mirom lo que pretende es hacer ver que la única seguridad jurídica que importa a los grupos dominantes (políticos, económicos, ideológicos y otros) es la de los inversionistas extranjeros y no la que el ordenamiento jurídico debe brindar al pueblo costarricense. De este valor jurídico nacen institutos como el principio de legalidad que se manifiesta en diferentes materias (penal, administrativo, etc), también es el fundamento de figuras procesales como la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada material y otros. Estoy de acuerdo con el autor, actualmente se ha pretendido que la seguridad jurídica sólo es aplicable en el ámbito de las inversiones y esto no es así, al igual que los inversores, los costarricenses requerimos tener seguridad en diferentes campos, empezando por la vida misma; pero también necesitamos tener seguridad que quienes están en el gobierno no van a firmar contratos que nos perjudican como país. Ese es el sentido del artículo, por eso antes de opinar hay que leer bien y tomarse el tiempo de reflexionar lo que se lee.

  3. Me parece muy pertinente su artículo sobre la seguridad jurídica de los ciudadanos. Día con día, muchos costarricenses vemos amenazada nuestra existencia por el simple hecho de no satisfacer los gustos y preferencias de un pequeño sector de la población que parece haberse ensañado muy en serio con muchos de nosotros. Basta con caminar en cualquier sitio público para ser retenido y detenido por los oficiales de la fuerza pública (oficial y no oficial) y ser requisado, enjaulado e incluso perdido en sitios alejados del de detención siguiendo órdenes siniestras de la misma voz femenina y masculina que les dicta su accionar. En el transcurso de la última semana he sido retenido e investigado por la fuerza pública en 8 ocasiones, donde los oficiales aluden que los vecinos han llamado reportando un tipo sospechoso caminando por el barrio. Y es que ahora uno es sospechosos por hacer turismo rural en el país, por pedir un vaso de agua e incluso un gallito para seguir caminando. Definitivamente los ticos estamos desprotegidos en el hecho para poder existir libremente, la represión, el acoso psicológico y la persecución policial ya forman parte de mi vida cotidiana, uno se acostumbra, claro hace dos días fui detenido por escampar en el cementerio de Coronado y luego transportado a Cascajal (mi cédula incautada), ayer fui detenido nuevamente en las afueras de la feria del adulto mayor, los oficiales adujeron que reportaron a alguien con apariencia «inapropiada» y luego fui dejado por un cajón en la ruta 32 en las inmediaciones del puente Ricardo Saprissa. Creo que Fuerza Pública sólo se detendrá hasta borrarme del mapa o ponerme en una caja. Son ellos los que deberían velar por garantizar la seguridad de los ciudadanos y los que más atentan contra los derechos humanos y las libertades individuales y los que se benefician con la mayor impunidad. Ni que hablar de las cacofonías populares que sistemáticamente se están paseando en los que fue el ser costarricense. Ni que hablar de los abusos de toda índole que perpetran con tal de devolver la libertad a quienes ellos mismos con sus oscuras intenciones han aprehendido. El derecho es hijo de la filosofía y ambos descendientes de de los mas sublimes valores morales del ser humano ya en Costa Rica, en peligro de extinción, como tantas otras especies.

  4. par que sacan una licitación, se refrenda, se va los tribunales y se gana.

    no es este caso lo mismo de crucetas, ahí si que había que obedecer verdad?????

    aqui ya fallo todas las instancias, así que vamos TCM(apmt) invierta tranquilo en CR $1,000,000,000.00

  5. El mejor ejemplo de inseguridad jurídica para los costarriccenses es que en 2 años Autopistas del Sol recuperaron la inversión, vendieron el contrato y se llevaron la plata. Por los próximos 20 y tantos años que le resta al contrato son seguirán asaltando con peajes abusivos.

  6. Otro buen ejemplo de inseguridad jurídica para los costarricenses es que a los vendedores ambulantes les decomisan la mercadería en San José, mientras que a los vendedores de líneas Movistar que se estacionan donde les da la gana (línea amarilla o lo que sea) y vender en camionetillas sin que la Muni ni el MOPT. ¿Donde queda la seguridad jurídica para el pueblo? ¿Por qué no decomisan las camionetas y los celulares a Movistar? ¡No se vale que así actúen las autoridades!

  7. El derecho siempre va rezagado con respecto a la realidad, la vivencia, la experiencia y en esta materia de la seguridad jurídica es evidente. Ya hemos acumulado suficiente como para intentar cambiar esta realidad y la contribución que hace un filósofo como el articulista es ni más ni menos que lo que podría esperarse de estos pensadores.

  8. No es exactamente cierto que el Derecho vaya rezagado de la realidad. En el grueso de su aplicación está acorde con las necesidades de la sociedad; lo que impera es un uso que se acomoda a los intereses de aquellos (as) que se siente dueños del país; hay una estructura paralela en todas las áreas de la sociedad que ha venido imponiéndose al marco filosófico y jurídico del Estado con la ayuda, la complacencia o el engaño y el beneficio propio de «personas» de mandos «superiores», «medios» y «bajos»

  9. MIS FELICITACIONES SEÑOR MIRON. SUS ARGUMENTOS DEBERÍAN SER EL LENGUAJE DE TODOS. ES SIMPLE, JUSTO Y DE FÁCIL ENTENDIMIENTO., PERO COMO SUCEDE TANTAS VECES EL SENTIDO COMÚN NO ESTÁ FAVORECIENDO A LOS CIUDADANOS Y NO VEN LAS COSAS AUNQUE SE LAS PONGAN SOBRE SU NARIZ…

  10. Este tema de la seguridad jurídica está asociado con otro también de la mayor importancia y es el de los derechos (humanos) de los pueblos. ¿Cómo definir los derechos de los pueblos ante los derechos de las corporaciones, o ante los derechos de los Bancos Internacionales? El código de los derechos elementales de los pueblos, se está haciendo una necesidad ante los derechos globalizados del capital. En Blog Escudrojo hay una refelxión al respecto en https://escudrojo.wordpress.com/2014/10/26/moral-o-negociacion-en-la-deuda-soberana/

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