viernes 3, diciembre 2021
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Nicaragua destina siete millones de dólares a juicios limítrofes

Managua, 29 oct (dpa) – El gobierno de Nicaragua destinará el próximo año 182 millones de córdobas (casi siete millones de dólares), para financiar los juicios limítrofes que mantiene contra Costa Rica y Colombia en la Corte de La Haya, informó una fuente oficial.

En declaraciones a periodistas, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo que los fondos se obtendrán del presupuesto general de la República de 2015, cuyo proyecto presentó este martes ante el Parlamento.

Agregó que del monto total del presupuesto del Estado, equivalente a 2.329 millones de dólares, siete millones se utilizarán para costear las demandas judiciales que el país tiene en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya.

Nicaragua tiene pendiente un juicio con Colombia en la CIJ, que debe determinar la extensión de la plataforma continental de este país centroamericano, que a fines de 2012 obtuvo más de 90.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe que estaban bajo tutela colombiana.

En el caso de Costa Rica, el alto tribunal resolverá una demanda de Managua por la construcción de una carretera de 160 kilómetros sobre la margen derecha del sureño río San Juan, que pertenece a Nicaragua y sobre el cual San José tiene derechos de navegación con objetos de comercio.

Consultado sobre temas económicos, el ministro de Hacienda dijo que el gobierno espera un crecimiento del 4,5 por ciento en 2015 y una tasa de inflación acumulada inferior al ocho por ciento.

Agregó que los proyectos oficiales priorizados se centran en las áreas de salud, educación, construcción de carreteras, agua potable, energía eléctrica y viviendas de interés social, entre otros.

Señaló que el presupuesto prioriza el gasto social (56,7 por ciento) y mantiene asignaciones fijas como el 10 por ciento para transferencias a municipios, seis por ciento a las universidades y cuatro por ciento a la Corte Suprema de Justicia.

El presupuesto de 2015 deberá ser aprobado a mediados de diciembre próximo en el Congreso unicameral, dominado por el gobernante Frente Sandinista.

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