lunes 26, septiembre 2022
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Carta al Presidente sobre APM Terminals

Estimado don Luis Guillermo,

El Frente de Acción Unitaria, muy respetuosamente, se dirige a usted con el propósito de comunicarle que coincide plenamente con su criterio en el sentido de que el país debe apegarse rigurosamente a la legalidad, cuyo marco de referencia deriva de nuestra Constitución Política.  En tal sentido, la legalidad no puede ser únicamente para proteger a “los de afuera” dejando a “los de adentro” en desamparo.

Por este motivo,  deseamos  externarle  la siguiente inquietud: El Artículo 121, inciso 14 de la Constitución de la República de Costa Rica establece que, entre otras atribuciones,  a la Asamblea Legislativa le corresponde:

“Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación.  Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales – éstos últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado” (el subrayado y resaltado son nuestros).

Por otra parte, el Artículo 140, Inciso 19 de la misma Constitución confiere al Presidente de la República y al respectivo Ministro:

“Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales del Estado. La aprobación legislativa a estos contratos no les dará carácter de leyes ni los eximirá de su régimen jurídico administrativo. No se aplicará lo dispuesto en este inciso a los empréstitos u otros convenios similares, a que se refiere el inciso 15) del artículo 121, los cuales se regirán por sus normas especiales”

Aun cuando existen precedentes nefastos como la concesión del Aeropuerto Juan Santamaría y el Puerto de Caldera, entre otros, que omitieron cumplir con esos requisitos y han demostrado que no han brindado al país los grandes beneficios ofrecidos.  Entendemos como usted lo señala claramente en su artículo “Mi compromiso con la legalidad” el contrato fue negociado y firmado en otra Administración, no obstante, es  evidente que no cumple con la Constitución y las leyes que usted juró respetar y por lo tanto la ilegalidad del mismo es patente.

Si una, dos o más veces se saltaron el requisito constitucional que fuese la Asamblea Legislativa la que decrete tal enajenación (sea por privatización o por concesión), tal precedente no modifica de modo alguno las leyes o la Constitución ¿Por  qué no defiende usted, señor Presidente, la legalidad como corresponde?  En el caso de APM Terminals,  asegura que “no puede hacer nada al respecto”; sin embargo,   ese requisito (entre otros más) no se ha cumplido.

Don Luis Guillermo, su fortaleza se apoya en un apabullante respaldo popular en la segunda ronda, que podemos considerar un plebiscito.  Es a ese pueblo que confió en usted al que se debe sin reservas.  No permita que la fortaleza se convierta en su debilidad,  pues  muchos costarricenses  vemos con recelo y extrañeza la defensa a ultranza de un monopolio privado.

¿Cómo es posible que sin haberse dado la  votación de 38 diputados apoyando como exige la Constitución la concesión, se pretende que salga así no más del dominio y control del Estado?  ¿Cómo puede alegar que se defiende la legalidad si están a la vista omisiones graves?  ¿Por qué no exige el cumplimiento a cabalidad de la legalidad aunque le precediera?

Nos preocupan también los empresarios nacionales que deberán someterse a la “inseguridad jurídica” al perder operaciones ante un monopolio de hecho que se estaría estableciendo con esta concesión, pese a que han levantado la voz no han sido escuchados.  ¿Será que deben hacer bloqueos o usar la fuerza?

En cuanto a los trabajadores de JAPDEVA que están dispuestos a ceder en “privilegios o beneficios excesivos”, quisiéramos saber si “este inevitable contrato” contempla la reubicación de todos los trabajadores en cargos, con todos los beneficios que otorgan las leyes costarricenses, o como en ocasiones anteriores  se decía ofrecer  “Trabajo para los costarricenses” que nunca llegó.   Nuestro pueblo no desea nuevos espejismos ni que se ignore el hecho de que durante toda la historia Patria, los trabajadores limonenses y esa provincia han movilizado a tarifas razonables toda la carga y descarga de ese litoral nacional.  ¡El trabajo también es una apuesta a la paz!

Finalmente, no podemos dejar de referirnos a otro inconveniente: primero se firman contratos y luego se realizan los estudios de impacto ambiental, este caso no es la excepción;  sin embargo,  usted alega que no quiere violentar la legalidad… ¿No se la violenta también de esa manera? ¿Qué acciones concretas y directrices girará usted para que tales desafortunados procedimientos dejen de darse?

Agradecemos su respuesta a nuestras preguntas a la siguiente dirección, dentro del plazo que establece la ley: ANDE, Avenida Quinta Calle 0, San José Costa Rica o a mi correo electrónico jfxmontero@gmail.com

Juan Félix Montero Aguilar

Ced. 3-186-854

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2 COMENTARIOS

  1. Ya va siendo hora en que dejen de atraer inversiones protegiendo la seguridad jurídica de los de afuera en detrimento de los de adentro.

  2. LGSolis sigue siendo pupilo de Óscar Arias, se quitó la careta de neoliberal, como es que este señor acepto que al ICLo obligaran a abrir el monopolio de las telecomunicaciones y la generación eléctrica y ahora nos imponga un monopolio privado Con tarifas 5 veces más altas. Para un neoliberal como el señor presidente, un monopolio distorsiona la economía, no hay competencia e impone precios monopolicos, que dicen los empresarios nacionales con las tarifas que vana tener que pagar.
    En los mismos EU existen leyes anti monopolios, recuerden las multas que ha tenido que pagar Macrosof,.

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