sábado 24, septiembre 2022
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CIDH dice a Brasil que tiene el «deber» de juzgar a responsables de dictadura

Washington, 31 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó hoy a Brasil que tiene el «deber» de juzgar a los responsables de desapariciones forzadas durante la dictadura militar (1964-1985) para proporcionar «verdad, justicia y reparación» a las víctimas.

El organismo internacional dijo a Brasil que tiene la obligación de cumplir la condena emitida en 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) relativa a la desaparición de al menos 62 de los 80 miembros de la guerrilla de Araguaia, que combatió al régimen militar en la Amazonía entre 1972 y 1974.

En su sentencia, la CorteIDH pidió al Estado brasileño que castigara a los culpables de la desaparición, tortura y ejecución de Julia Gomes Lund y otros integrantes de esta guerrilla y, para evitar que el Estado se librara de sus responsabilidades, le prohibió invocar la Ley de Amnistía.

Hoy, cuatro años después de esta sentencia, el caso ha vuelto a salir a relucir en la CIDH, organismo autónomo que vela por los derechos humanos en el continente americano y que mantuvo hoy dos audiencias sobre Brasil en la cuarta jornada de sesiones públicas dentro de su 153 periodo de reuniones, que se celebra en Washington.

En una de las audiencias, cinco asociaciones de abogados expresaron su «preocupación» por las dificultades para avanzar en la investigación y castigo de las torturas, agresiones y desapariciones que azotaron a Brasil durante la dictadura.

Cuatro años después de la sentencia de la CorteIDH, estas violaciones de derechos siguen sin investigarse, afirmó, en declaraciones a Efe, Viviana Krstcevic, directora de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Argumentó que el Poder Judicial «ha parado la mayor parte de las investigaciones que se han iniciado», de forma que, según sus datos, de las entre 20.000 y 30.000 denuncias de torturas durante la dictadura, solo 180 avanzaron en la vía judicial y solo 10 se tradujeron en acciones penales.

De estas 10, todas las acciones salvo una han sido frenadas por el Poder Judicial y varias de ellas se encuentran pendientes de resolución en el Supremo Tribunal Federal (STF), según Krstcevic.

«No queremos que se prolongue más el calvario de las víctimas», subrayó la abogada, a la que le preocupa la posición que adopte el alto tribunal, a favor de la Ley de Amnistía y en contra de la resolución de la CIDH, o viceversa.

«Si el Supremo tribunal se aleja de la fuerza vinculante de la Corte Interamericana y se acerca a la Ley de Amnistía, entonces se debilitará el sistema iberoamericano de derechos humanos y los brasileños quedaran huérfanos a la hora de reclamar», alertó Marlon Weichert, procurador de la República.

Al respecto, el embajador interino de Brasil ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Breno Dias Da Costa, argumentó que Brasil «en ningún caso busca incumplir la sentencia de la CorteIDH, sino que busca hacerla cumplir dentro de sus propias leyes».

En este sentido, apuntó que «existen dudas entre los juristas del Estado respecto a la capacidad de ejecutar la sentencia en el caso Gomes Lund».

Sin embargo, uno de los siete miembros de la CIDH, Felipe González, consideró que «está fuera de discusión» el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado y, para ello, dijo que deben de determinarse las vías desde el Ejecutivo o el Legislativo.

«La prescripción de estos crímenes supondría una violación de los derechos del pasado, pero también del futuro», apuntó el comisionado, que ahondó en la importancia de que los Estados cumplan con las obligaciones contraídas en el plano del derecho internacional humanitario.

Otra de las audiencias que protagonizó hoy Brasil versó sobre las denuncias de violencia policial y desapariciones forzadas en el estado de Goiás, donde 43 personas han desaparecido en los últimos 13 años «siguiendo un patrón similar», según Bruno Arruda, de la Defensoría Pública da Uniño.

Los peticionarios hicieron especial hincapié en la «impunidad» de estas desapariciones contra las que no se ha dictado sentencia condenatoria, pero que según el Estado están siendo investigadas a nivel policial o judicial.

Además, las asociaciones denunciaron la contratación por parte de las autoridades de Goiás de policías «sin ningún concurso público», lo que «puede llevar a que personas inmaduras lleven a acabo acciones inesperadas e indeseables».

Ante esto, la CIDH pidió a Brasil más información sobre la contratación de estos policías y sobre los motivos que pueden impulsar este tipo de agresiones.

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