Tareas de la Administración Solís Rivera para la transición social y ecológica de la economía nacional

Un diagnóstico conocido. Parafraseando el dicho según el cual “una imagen vale más que mil palabras”, podemos decir, en virtud de las cifras que presentamos a continuación, que un dato vale más que una larga disertación.

El desarrollo económico de nuestro país se ha caracterizado en los últimos años por una alta volatilidad y moderación. Esto quiere decir que la alternancia de aceleraciones y desaceleraciones económicas en un mismo año ha sido más recurrente que antes (Estado de la Nación, 2013). Por si fuera poco, la tasa de crecimiento interanual promedio del PIB para el período 2009-2012 (3,84%), ha sido la de menor rendimiento económico desde 1991 (Chaverrí, Rodríguez, 2013).

Naturalmente, estas características guardan un estrecho vínculo con las condiciones de bienestar de la población costarricense. En primer lugar, porque la volatilidad del crecimiento limita la generación de oportunidades laborales. De hecho, nuestro país ocupó en 2013 el segundo lugar en el ranking latinoamericano de desempleo, con un 8,3% de la PEA (Infobae, 2014). Es de todos sabido que este porcentaje es aún mayor entre la población joven, mujeres, y población migrante.

En segundo lugar, observamos que, lejos de reducirse, la desigualdad en el país ha aumentado sostenidamente en los últimos años. Así lo demuestra el coeficiente de Gini, que alcanzó en 2012 la segunda cifra más alta de desigualdad desde 1987, con un 0,518, solo superada por el 0,519 en 2001 (Estado de la Nación, 2013). De esta manera, Costa Rica pasó de tener el índice de Gini más bajo en una muestra de once países de la región en 1990, a ocupar el tercer lugar en 2001, y ser el único país de la muestra cuyo índice aumentó entre 2001 y 2011. Además, la brecha entre los ingresos del 10% de hogares más rico, con respecto al 10% más pobre, alcanzó un 24,8 en 2012. En otras palabras, el decil más rico recibía en términos de ingresos, prácticamente 25 veces más que el decil más pobre (Ibíd).

Si durante varias décadas, nuestro país fue objeto de estudio e imitación por parte de organismos internacionales y países, en virtud de los avances sociales conseguidos a pesar del reducido territorio y las limitantes económicas, hoy esta particularidad sigue vigente, pero no precisamente por las mismas razones. Por el contrario, nuestro país parece ir en un sentido contrario al proceso de desarrollo económico y social que ha registrado América Latina en la última década.

La explicación a esta evolución económica y social debe encontrarse en la transformación estructural que ha experimentado la economía costarricense. Desde principios de los ochenta, las elites domesticas decidieron, además con una alta discrecionalidad, favorecer la apertura de mercado y el fortalecimiento del sector exportador como estrategia al crecimiento económico y el desarrollo. Cabe mencionar que este proceso ha sido paulatino, “a la tica” como muchos gustan caracterizarlo. No nos es posible determinar en este momento si con esto, el país ha registrado mayores ventajas que aquellos en donde se implementó la denominada “política del shock”; sí podemos decir que ha sido exitosa políticamente para los partidos tradicionales, los cuales no vieron su legitimidad cuestionada realmente sino hasta inicios del siglo XXI, con el fin del bipartidismo, y en particular con la victoria electoral de este año del Partido Acción Ciudadana.

Más allá de este análisis, que sin duda merece una investigación aparte, de cara al futuro nos parece más trascendente analizar un doble desafío que deberá enfrentar la Administración Solís Rivera en materia socio-económica. Por un lado, la apertura de la economía costarricense la ha vuelta mucho más sensible y dependiente, de los mercados internacionales. Como lo explica el BCCR, “el desempeño del sector real suele estar asociado con los cambios en la demanda externa, que a su vez responde a cambios en las tendencias de crecimiento de los principales socio comerciales” (Chaverrí, Rodríguez, 2013). De esta manera, la crisis financiera de 2008 ha puesto en evidencia dicha fragilidad, al haber contribuido en la desaceleración del crecimiento desde 2009.

Por otro lado, advertimos la presencia de una dualidad en la economía costarricense. En efecto, desde los ochenta la “nueva economía”, asociada a la actividad agroexportadora, la industria de zonas francas y los Nuevos Servicios (como “call centers”, sector turístico y financiero), compite con la “vieja economía”, la cual incluye las actividades agrícolas e industriales orientadas al mercado interno (Estado de la Nación, 2013). En este contexto, el Estado es el árbitro,  encargado en teoría de equilibrar toda relación desigual mediante su intervención y apoyo a los sectores más rezagados. La evidencia nos demuestra sin embargo otra realidad, en la que el Estado, contradiciendo su función primordial, ha elegido favorecer a los sectores considerados más dinámicos, mediante por ejemplo exenciones fiscales y otros incentivos.

Nos parece paradójico que el sector que más ha aprovechado la apertura económica, y que está compuesto por zonas francas, servicios financieros, telecomunicaciones y en general por Inversión Extranjera Directa (IED), sea el que menos valor agregado y encadenamientos productivos genera a nivel nacional. En cambio, tanto la inversión privada interna, como las mipymes que emplean a mano de obra menos calificada y por lo tanto más vulnerable, constituyen hoy los grandes perdedores de esta competencia por “quién aporta más”. De hecho, entre 2008 y 2012, la proporción de ocupados pobres dentro del sector pasó de 15,7% a 20,7%, mientras que en el sector de la “nueva economía” el incremento fue menor y alcanzó menos del 10% en 2012 (Ibíd). Más preocupante que la existencia de esta dualidad es por lo tanto el desplazamiento que sufre cada día un sector que es fundamental para el desarrollo del mercado interno. Como muestra de ello, el Estado de la Nación indica que entre 1998 y 2010, el 75% de los establecimientos que cerraron cada año tenía menos de treinta empleados (Ibíd). Y esto, con la complicidad del Estado, el cual parece ignorar u omitir la importancia que este tiene para su propia estabilidad.

Una variable adicional: el cambio climático. Costa Rica está situada geográficamente en un istmo estrecho, circundado por dos continentes y dos océanos. Esta región ha acumulado además una larga deuda social y ambiental, producto de un modelo de desarrollo desigual. Estos factores de naturaleza endógena y exógena, han convertido a Centroamérica en una zona históricamente vulnerable a catástrofes climatológicas como sequías, ciclones, y fenómenos como El Niño o La Niña. Entendemos la vulnerabilidad como “el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación” (CEPAL, 2012).

En este escenario, nuestras sociedades no habían considerado el cambio climático como una situación tangible ya que, entre otras cosas, Centroamérica es una de las regiones que menos emisiones de gases de efecto invernadero genera globalmente: menos de 0,3% de las emisiones sin cambio de uso de tierra y menos de 0,8% de las emisiones brutas totales (Ibíd). Sin embargo, continuando con las paradojas, la región es hoy considerada como la zona más vulnerable a sus efectos. Según el índice de riesgo climático global, compuesto por 177 países, para el período 1991-2010, Honduras era el tercer país de mayor vulnerabilidad, y Nicaragua el cuarto. Costa Rica se encuentra en el puesto sesenta y nueve (Ibíd).

Nuestra región se encuentra pues en una situación crítica, y desde ahora experimentamos el aumento en los desastres naturales, por ejemplo con la depresión tropical que sufrimos en 2011, y las sequías en los últimos meses.  De hecho, a partir de la base de datos EMDAT, se estima un crecimiento anual del 7% de los desastres en las últimas tres décadas con respecto a los años setenta (Ibíd). En términos climatológicos, se ha determinado que la región ya sufrió un aumento de 0,5 °C de la temperatura promedio en los últimos 50 años. En lo que resta del siglo XXI, se estima que la temperatura aumente en Costa Rica entre 2,4 °C y 3,9 °C, según el tipo de escenario visualizado, en comparación con el período 1980-2000 (CEPAL, 2013). A su vez, las precipitaciones disminuirían entre 11% y 28% en promedio regional (CEPAL, 2012), y la intensidad de tormentas y huracanes aumentaría de 5% a 10% (CEPAL, 2013). Por último, el agua total disponible se reduciría entre un 35% y un 63% según el escenario estudiado (Ibíd).

A estas estimaciones, se agregan aquellas sobre nuestras sociedades, por ejemplo la evolución demográfica. En 2100, la población centroamericana aumentará de 26 millones de personas, con respecto a 2010, hasta alcanzar 69 millones (Ibíd). Considerando la demanda de alimentaos y otras necesidades que necesitarán satisfacerse, se estima que entre 2005 y 2100 se perderá una tercera parte de los bosques regionales y 80% de sus pastizales, sabanas y arbustales, mientras que la tierra agrícola crecerá en un 50%. A su vez, aún sin tomar en cuenta el cambio climático, la demanda de agua se triplicaría para 2050 y en 2100 habría aumentado 16 veces. Finalmente, el consumo  de agua par la actividad agropecuaria pasaría de 8 mil millones de metros cúbicos en el año 2000 a casi 160 mil millones en 2100 (Ibíd).

Las anteriores cifras nos permiten señalar el enorme desafío que representa el cambio climático en términos económicos, sociales y humanos para nuestra región y país. Para enfrentarlo, necesitaremos de un activo involucramiento de la sociedad civil, en su concientización, y de los gobiernos centroamericanos, en este caso el costarricense, en su intervención. Entre las innumerables consecuencias que estos fenómenos acarrearán, como la afectación de la biodiversidad y los ecosistemas, la salud humana, la infraestructura, los recursos marino-costeros, o el aumento del estrés hídrico, destacamos para efectos de esta contribución, la importancia de tomar en cuenta el impacto del cambio climático en las actividades productivas, en particular aquellas relacionadas con la seguridad alimentaria.

En efecto, el peso de estas actividades para las economías centroamericanas gravita alrededor de 35% de las exportaciones totales, y 18% del PIB regional total (incluyendo la agroindustria) (CEPAL, 2013). En nuestro país, si bien es menor, alrededor de 7% del PIB en 2009 (Estado de la Región, 2011), no deja de ser sustancial y por lo tanto de preocupación. Entre las actividades que se mencionan como las más afectadas, se encuentra el rendimiento de los granos básicos, que dicho sea de paso son componentes primordiales de nuestra alimentación. Para 2100, la producción de maíz, en el escenario más pesimista, podría descender de dos toneladas a 1,4 toneladas por hectárea (CEPAL, 2013); el rendimiento promedio del frijol disminuiría de más de 0,7 toneladas a menos de 0,1 toneladas por hectárea (CEPAL, 2012); en cuanto a la producción de arroz, se estima una reducción del promedio histórico de 3,5 toneladas por hectárea, a entre 2 y 1 toneladas (Ibíd).

Esto nos obliga a preguntarnos qué medidas se están discutiendo a nivel gubernamental para atender la afectación de esta actividad a mediano y largo plazo. No obstante este impacto no concierne únicamente a la seguridad alimentaria de nuestro país, sino también nuestro mercado laboral y crecimiento económico. Un incremento de un grado centígrado provocaría, en Nicaragua y Costa Rica, caídas del 8% y 3% en el nivel de ingresos anuales de los productores más pobres (Estado de la Región, 2011). La comparación entre estos dos países no es en lo absoluto anodina. Al contrario, refleja perfectamente la importancia de esfuerzos regionales en la adaptación al cambio climático, y no únicamente nacionales. Esto, debido a que podemos estimar que la afectación del precio de los alimentos básicos y de los ingresos en países limítrofes generaría mayores flujos migratorios hacia nuestro país.

¿Qué hacer? El diagnostico realizado en las anteriores secciones nos permitió para comenzar, revelar las limitantes intrínsecas del modelo de apertura comercial y financiera, que han defendido en las últimas décadas los partidos tradicionales y las elites económicas de nuestro país. Se ha demostrado que la “nueva economía”, siguiendo la clasificación del Estado de la Nación, ha reforzado la dependencia económica de los mercados internacionales. Con ello, no pretendemos restarle importancia a dichas actividades. Sin embargo, nos encontramos ante una situación de inestabilidad económica casi permanente, debido a la pérdida de competitividad del otro componente de esta dualidad, que son las actividades orientadas al mercado interno. Y es que ante un eventual agotamiento de los recursos que hoy genera la exportación, Costa Rica se encontrará sin estructuras y herramientas alternativas capaces de superar una crisis económica.

Subrayamos pues, como primera tarea económica del gobierno, la necesidad de revertir esta situación, mediante el respaldo total y absoluto a la micro, pequeña y mediana empresa. Máxime si tenemos en cuenta que siguen prevaleciendo a nivel internacional la incertidumbre sobre la macroeconomía y las finanzas públicas de los países industrializados, en los que persisten un alto déficit fiscal y elevadas tasas de desempleo. También se trata de una responsabilidad ética, puesto que como mencionamos, la función primordial del Estado debe ser el de remediar las desigualdades y abolir la pobreza, la cual se concentra casualmente en los sectores menos competitivos.

En segundo lugar, hemos incluido el análisis del impacto del cambio climático en nuestro país y nuestra región, con el fin de destacar la importancia de tomar en cuenta esta variable de forma transversal, en toda estrategia que el Gobierno de la República decida implementar. A partir de la evidencia recogida, nos parece evidente que la resolución de los problemas estructurales deba pasar también por una re conceptualización del desarrollo, que incluya el crecimiento, pero ante todo el desarrollo de las capacidades y oportunidades humanas, y la sostenibilidad ambiental. Como lo indica la CEPAL, “el cambio climático es el mayor fracaso del mercado jamás visto por no internalizar el valor del clima como bien público global, y no registrar adecuadamente sus impactos en la sociedad y en los servicios ambientales” (CEPAL, 2012).

Ante la ineficacia demostrada de los mercados para resolver los problemas estructurales y ambientales, es el Estado, en acompañamiento con la sociedad, quién deberá asumir esa tarea, integrando el concepto de adaptación al cambio climático, con las políticas destinadas a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Para lograrlo, es necesaria la coordinación interinstitucional y armonización de políticas destinadas a la actividad agropecuaria, seguridad alimentaria, y mipymes. Creemos también que se deben fortalecer las capacidades técnicas y asociativas de la sociedad costarricense, con el propósito de lograr una articulación social y económica en todos los niveles, que a la larga permitan trascender la acción del Estado, y lograr un impacto que no esté determinado por la voluntad del gobierno de turno.

Afortunadamente, existen experiencias y marcos reguladores, a nivel internacional como nacional, que pueden permitirle a este gobierno orientar el Plan Nacional de Desarrollo hacia dicho objetivo. En particular, destacamos la existencia de la Ley PYME N. 8262 y la aprobación reciente del Sistema de Banca para el Desarrollo, que si bien constituyen un avance significativo en la materia, han presentado serias deficiencias a nivel de coordinación interinstitucional y ejecución de fondos. Consideramos pues urgente una agilización de los mismos, así como su verdadero seguimiento y cumplimiento.

A pesar de ello, se requiere también del involucramiento del Estado en el sector de la Economía Social y Solidaria (ESS), que definimos como un modo de emprendimiento y de desarrollo económico que persigue no solo objetivos de rentabilidad financiera y remuneración de capital, sino también la participación asociativa y democrática de sus miembros, el desarrollo local, la reinserción, lucha contra la exclusión, y la sostenibilidad ambiental. Este sector se compone de diversos grupos de personas como las cooperativas, mutuales, asociaciones o fundaciones y sociedades comerciales que tengan otros objetivos que los relacionados a la utilidad económica.

Este sector deberá además, mediante el seguimiento y apoyo estatal, promover las actividades que reduzcan la huella de carbono y que se adapten a las nuevas condiciones impuestas por el cambio climático. Con este fin, mencionamos algunas de las medidas que consideramos, puedan lograr una transición hacia una economía más justa, solidaria y sostenible:

• Inversión y apoyo gubernamental, condicionados por criterios sociales, de género y ambientales, al surgimiento de empresas autogestionadas.
• Promover la diversificación de la estructura productiva, en particular aquellas formas de producción y consumo locales, y más intensivas en mano de obra. Se puede promover asimismo las alianzas entre Mipymes y grandes empresas de manera que se integren las cadenas de valor.
• Privilegiar las inversiones en la producción agroecológica y la alimentación biológica en pequeña escala, en particular aquella relacionada con los granos básicos mediante la introducción de certificados de calidad (la organización Rainforest Alliance, por ejemplo, lleva varios años otorgando certificaciones a fincas agrícolas que cumplen con objetivos de reducción de emisiones y adaptación).
• Facilitar el acceso a mercados internacionales a las empresas que demuestren el uso de criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social.
• Reorientar los programas de estimulo fiscal y de incentivos a las actividades menos dañinas para el ambiente.
• Reconocer y promover el pago de servicios ambientales y otras actividades que combinan la agricultura o la pesca con la protección de ecosistemas naturales, como la agroforestería o el manejo de las post cosechas.
• Considerar el establecimiento de un mercado interno de carbono.
• Valorizar y considerar la creación de un banco de buenas prácticas a nivel nacional.
• Definir un marco jurídico que permita la promoción y regulación de la Economía Social y Solidaria incorporando la acción de diversas instituciones, en especial el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Consejo Nacional de la Producción.
• Sensibilizar mediante la participación de todos los funcionarios de gobierno a la ciudadanía sobre la importancia y ventajas de la ESS, un sector en el que sin dudas nuestro país tiene una vasta experiencia (por ejemplo con el sector cooperativo).
• Aprovechar las oportunidades que brinda el Sistema de Integración Centroamericana así como las organizaciones multilaterales para defender la implementación de programas de canjes de deuda por financiamiento de programas regionales y nacionales de cambio climático, así como la creación de fondos de contingencia para desastres e inversión en adaptación de infraestructura.

BIBLIOGRAFÍA

CEPAL. La economía del cambio climático en Centroamérica: Síntesis 2012. Sede de México, D.F: Naciones Unidas (2012).

CEPAL. Cambio climático en Centroamérica: Guía de navegación. Sede de México, D.F: Naciones Unidas (2013): 79 p.

Chaverri Morales, Carlos, y Rodríguez Vargas, Adolfo, Hechos estilizados de la economía costarricense: 1991-2012. Documento de Investigación. San José: Banco Central de Costa Rica (2013): 38 p.

Infobae. “Ranking 2013 de desempleo en América Latina”, 2 de enero del 2014. Disponible en http://www.infobae.com/2014/01/02/1534511-ranking-2013-desempleo-america-latina [último acceso el 27/10/14].

Programa Estado de la Nación. Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José: Programa Estado de la Nación (2013).

Programa Estado de la Nación. Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible (Capitulo 9). San José: Programa Estado de la Nación (2011).

RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria). Recommandations de l’Economie Sociale Solidaire pur l’Agenda de Développement Post-2015, 3 de Julio 2014. Disponible en http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2014/08/SSE_recommendations_post2015_SDGs_FR_with_endorsements.pdf [último acceso el 27/10/2014].

(*) Daniel Zavala Porras es Politólogo y economista.