San José, 4 Nov (ElPaís.cr) – La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), llamó la atención a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), sobre a una serie de presuntas fallas laborales en la institución.
La ANEP reveló que más de 16 mil trabajadores de la entidad se encuentran como «interinos», desde hace varios años, lo que según la asociación provoca en los funcionarios «una inestabilidad laboral».
Al parecer, estas 16.500 personas tienen un promedio de ocho años como trabajadores interinos, los cuales al mismo tiempo utilizan códigos presupuestarios en dicha condición laboral, esto, «debido a la falta de políticas de empleo claras y posiblemente heredadas de la administración anterior», se menciona en un comunicado de prensa de la ANEP.
Dentro de estos 16 mil trabajadores, hay 3200 médicos, 3200 enfermeras profesionales, 2500 auxiliares de enfermería; además, actualmente hay cerca de nueve mil personas que brindan servicios en ámbitos estadísticos, secretariales, de vigilancia, misceláneos, entre otros.
Con base en información recopilada por el sindicato a través de una fuente confidencial, el manual que reglamenta el funcionamiento de nombramientos en propiedad de la CCSS, «lejos de ayudar a resolver la problemática, ha permitido el crecimiento acelerado de funcionarios que no pueden tener estabilidad en sus empleos».
En el documento remitido al despacho ejecutivo de la Caja, el gremio sindical indicó que las oficinas de recursos humanos no cuentan con el capital suficiente para enfrentar las dinámicas de contratación.
«Es necesario urgir a esa honorable junta directiva institucional para que resuelta cuanto antes, esta lamentable situación, estableciendo los mecanismos necesarios de planeación y ejecución para que sea garantizada la estabilidad laboral de tantos trabajadores», señaló el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas.
La ANEP, respaldada por la coalición sindical llamada «Patria Justa», le solicitaron a la administración de la Caja considerar que muchos de estos funcionarios se encuentran en una posición de «inseguridad jurídica», que eventualmente podría afectar en casos de índole salarial.
«Exigimos, con respeto pero con vehemencia, que a la mayor brevedad se definan políticas claras y efectivas que vengan a resolver de manera definitiva este penoso problema de un importante segmento laboral de la CCSS», expresó Vargas.
