Columna “Pensamiento Crítico”
INTRODUCCIÓN
Vamos a interrumpir la serie de análisis que venimos efectuando en torno a lo que ha sido la gestión hasta el momento del Gobierno PAC-Solís (GPS, de aquí en adelante), para proceder a unas reflexiones sobre el manejo del conflicto laboral y no-laboral en JAPDEVA donde el principal protagonista local ha sido el sindicato de la institución, SINTRAJAP, el cual desde hace varios años viene luchando en contra de los términos de una concesión de obra y servicio público otorgada a la transnacional holandesa APM Terminals; una historia que probablemente conozcan los lectores y que ha pasado por varias fases en los tribunales de Justicia, incluida la Sala IV Constitucional.
No es nuestro propósito repasar dicha historia y menos en detalle, sino enfocarla globalmente y teniendo en cuenta las estrategias y métodos de manejo del conflicto suscitado que han sido utilizados por las partes nacionales, y especialmente por el GPS y SINTRAJAP en las últimas semanas.
¿UN CONFLICTO SOCIOPOLÍTICO O JURÍDICO?
Lo primero que llama la atención es la insistencia del sindicato en dirimir la confrontación con el anterior y este gobierno en los tribunales de justicia, un terreno pantanoso y movedizo donde los abogados y leguleyos se vuelven, en tales casos, los principales y a veces protagonistas en su calidad de representantes y contendores por las partes. De este modo, se corre el grave riesgo de que el manejo de cualquier conflicto quede entonces sujeto a la lógica (o ilógica) jurídica; a expectativas de lo que con ella determinen jueces sumisos a los poderes establecidos y a sus intereses; a los plazos y engorrosos procedimientos judiciales; a fáciles presiones desde afuera, desde adentro y desde arriba; a injerencias del poder mediático que tanto eco logra en la judicatura, etc.
Como resultado de tales vicisitudes, y al ser judicializado, se sustrae el conflicto de la esfera de la sociedad civil y del movimiento social, y se aísla de correlaciones de fuerza/poder legítimo, las que les pueden ser favorables a los actores sociales frente a una poderosa, astuta y corrupta clase política y judicial.
Decimos lo precedente porque, al desplazar el conflicto a los tribunales y retirarlo de esa esfera propicia, se deja de lado, primero, la vía alterna de resolución donde sería posible negociar, mediar o arbitrar con ventaja (incluso con apoyo en la Ley 7727 de “Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social” y su Reglamento,) y, segundo, el proceso se sale de las manos de los verdaderos actores como representantes sindicales y populares; o sea, se le expulsa de la esfera de la lucha social y política, la cual es desinflada de ese modo con la consiguiente pérdida del poder negociador acumulado mediante la organización y la movilización desde abajo, desde las bases y organizaciones de la sociedad civil.
Pensamos que los dirigentes de JAPDEVA no han tenido eso en claro a la hora de confiar en demasía en la opaca vía tribunalicia y sus insondables riesgos. Pero, si tal fue la que escogieron a conciencia, deberán consecuentemente atenerse a las consecuencias de los fallos y así ad infinitum. Cuando hay de por medio contratos, leyes y reglamentos nacionales e internacionales y veredictos en firme ya no es posible negociar, mediar ni arbitrar nada, solo queda acatarlos. O bien, si las partes están de acuerdo y solo si esto sucede -lo que no es probable de parte del gobierno y menos de la APM- podría consentirse en reabrir el caso fuera del ámbito de los tribunales y empezar a discutir de nuevo el contrato o lo que sea, según lo permite la mencionada Ley 7727.
¿ES CONVENIENTE INSISTIR EN JUDICIALIZAR LOS CONFLICTOS SOCIOPOLÍTICOS?
Lo anterior tiene para cualquier organización social y no solamente sindical, el efecto y el gran riesgo de transformar torpemente un conflicto esencialmente social y político en una disputa sobre términos legales acerca de quién tiene o no la razón y la verdad de acuerdo con la ley.
Ya ese desenlace ha sucedido en muchas otras ocasiones con motivo de otras protestas sociales, siendo casos notorios –y perdidos por el pueblo y los trabajadores- la lucha de mediados de la década pasada contra RITEVE y otra contra la concesión del muelle de Caldera, donde algunos sindicatos rehuyeron o abortaron las movilizaciones sociales en distintas instancias, incluida las calles, para internarse en la jungla de nuestros tribunales y poner el manejo de los conflictos en manos de los juristas, con desastrosas secuelas. Acciones que generalmente desmovilizan cualquier lucha dada desde abajo, desde la gente, antes de que se logre acumular allí suficiente fuerza social y política para ir a una mesa de negociaciones, de mediación o arbitraje, con tal respaldo, a fin de transar a partir de principios, intereses y necesidades de las partes; y no hacerlo alrededor de complejos procedimientos burocrático-formales e interminables argumentaciones leguleyescas, buscando interpretaciones de las leyes que, solo por excepción, podrían beneficiar a otros que no sea a los gobiernos de turno que controlan el Poder Judicial y a los sectores poderosos económicamente.
¿REMEMBER LA LUCHA CONTRA EL TLC CON EEUU Y CÓMO FUE DESCARRILADA?
Algo parecido sucedió fatalmente también en la lucha contra el TLC con los EEUU, cuando por insistencia de varios dirigentes (incluidos varios sindicalistas) y de abogados cercanos a ellos, se aceptó ir a un referéndum con todas las de perder, por haberse adoptado el formato partidista-electoral para realizarlo, en gran desigualdad de condiciones para los sectores impugnadores. El gobierno de Arias acogió de inmediato la idea con asesoría y respaldo de Ottón Solís y el PAC, que le prestaron así un gran servicio. Fue por ese camino como Arias, toda la partidocracia neoliberal, la clase dominante, la UCCAEP, AMCHAM y la Embajada Americana se anotaron un gran triunfo, en la medida en que se desmovilizó el movimiento social en las calles y en otros ámbitos de poder y de confrontación claves. Por supuesto que fueron infructuosos todos los esfuerzos por lograr que la Sala IV declarara inconstitucionales el TLC y la agenda complementaria, que lo eran en casi todos sus extremos.
Así que, en el caso que nos ocupa, en vano ha esperado, espera y esperará cándidamente SINTRAJAP inclinar la balanza a su favor sin movilizaciones de amplio espectro del movimiento y las organizaciones sindicales y no sindicales, tanto de la zona de Limón como a escala nacional. No hablamos de respaldos retóricos, sino de medidas que permitan acumular fuerza de negociación hasta lograr un acuerdo justo, equilibrado y legítimo. Claro, está, suponiendo que existe la capacidad para negociar de manera profesional y técnicamente adecuada, lo cual no ha sido demostrado por SINTRAJAP ni por sindicato alguno hasta la fecha, tema sobre el cual volveremos.
¿ES POSIBLE LOGRAR RESOLUCIONES JUDICIALES NEUTRALES Y EQUILIBRADAS?
Un segundo punto es que resulta realmente ingenuo pensar en algo que no sea en interpretaciones de la Constitución y las leyes en el marco de una judicatura en extremo conservadora y que ideológicamente ha venido inclinándose a favor de interpretaciones y resoluciones de corte neoliberal, muy contrarias a los intereses del movimiento social y popular y de las grandes mayorías ciudadanas. Incluso, se ha hecho esto mediante fraudes de ley y pasando en muchas ocasiones por encima de los intereses nacionales y de orden público. Y, como sucedió con el visto bueno dado por la Sala IV al TLC con los EEUU y con la aprobación de sus leyes complementarias, hasta se procedió aceptando que se sustrajera de nuestro ámbito judicial las controversias en torno a esos y similares instrumentos de imposición (por ejemplo, todos los TLCs firmados y los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio, OMC) que puedan plantear inversionistas extranjeros. Cuando en verdad se trata de acciones legales y juicios que deberían internarse y resolverse en nuestros tribunales, sin permitir que cualquier inversionista se los lleve para el exterior a fin de someterlos a arbitrajes costosísimos en tribunales foráneos complacientes –como el CIADI del Banco Mundial-, donde no cuenta para resolver nuestra legislación, sino solo la letra de los acuerdos, tratados o convenios internacionales y el Derecho Internacional público y privado. Ya hay una lista de casos en esos tribunales extranjeros, entre ellos los de Crucitas, las compañías del gas, Baulas II y RITEVE. Pagando un gran costo nos salvamos de otra demanda semejante en el caso de OAS y la carretera a San Ramón. Vendrán más reclamos.
¿ES POSIBLE DETENER Y REVERTIR EL ACTUAL CONTRATO CON APM?
Dada esa costumbre de nuestras máximas autoridades judiciales y pese a las malas praxis y experiencias habidas, el contrato con APM ya fue firmado por el Poder Ejecutivo, aprobado por la Contraloría y ratificado por tribunales competentes. De modo tal que, si la empresa a estas alturas rehúsa renegociarlo y aunque falte otorgar la viabilidad ambiental definitiva -la cual SETENA deberá estudiar y decidir en los próximos seis meses- nótese que el contrato como tal está bastante avanzado y avalado en la ruta a ser completamente aprobado y entrar en vigencia. Y lo más delicado, al pasar por esos aros va quedando desde ahora amparado por convenios con Holanda y la Convención de Viena de 1969 firmados por Costa Rica. Esta Convención establecer en su artículo 27 que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.” Tampoco podrá ejecutar medidas tendientes a modificar o anular un contrato refrendado por las autoridades públicas.
Así que nos quedan varias interrogantes a responder: ¿qué pasará con los múltiples errores, omisiones, irregularidades, tropelías y violaciones a la Constitución, las leyes y disposiciones internas en que, en nuestro criterio, incurre el contrato y su trámite? ¿Ha sido y será confiable nuestra administración y justicia internas en lo que falta? ¿Deberán SINTRAJAP y el movimiento social echarse en sus brazos y aprobar todos los atropellos habidos y por haber, todo por respeto a una torcida legalidad y a un sistema político corrupto e inoperante, incapaz de velar por el interés público así como por los intereses nacionales? ¿Existen otros caminos a seguir para detener este vejamen y burla al país y al Estado?
Finalmente lo siguiente: al estar APM amparada ya en buena medida por la legislación interna y por el derecho y acuerdos comerciales internacionales como lo dijimos (incluidos los existentes con Holanda), el contrato ha comenzado a entrar en vigor con un rango semejante al de los antiguos nefastos “contratos-ley” con las bananeras y la Northern Railway que creíamos enterrados por la administración Carazo Odio. Así de mal caminamos y para atrás en la historia.
José Luis Vega Carballo es Sociólogo.
«La mejora de la economía de EE.UU. se ha ‘fabricado’: viene un profundo colapso»
Publicado: 5 nov 2014 | 9:05 GMT. El importante fondo de inversión Elliott Management, del millonario Paul Singer, considera un error el optimismo sobre el crecimiento de EE.UU., ya que los datos económicos oficiales subestiman la inflación al tiempo que sobreestiman el crecimiento. La turbulencia registrada por los mercados en la primera mitad de octubre puede ser el «estreno» del próximo colapso real, el cual podría convertirse en una «profunda crisis financiera» si los inversores pierden la confianza en la eficacia de los estímulos monetarios, explica Elliott en una carta enviada a los inversores, una copia de la cual fue obtenida por ‘Bloomberg News’. «Nadie puede predecir cuánto tiempo pueden durar los gobiernos con un crecimiento falso, dinero falso, puestos de trabajo falsos, estabilidad financiera falsa, números de la inflación falsos y crecimiento de ingresos falso», destacó el fondo. «Cuando se pierde la confianza, esta pérdida puede ser grave, repentina y simultánea en una serie de mercados y sectores». Nadie puede predecir cuánto tiempo pueden durar los gobiernos con crecimiento falso, dinero falso y puestos de trabajo falsos . A sus 70 años, Singer, uno de los mayores partidarios de los republicanos, reiteró la crítica de que la actual política monetaria no creará un crecimiento duradero. La aceleración en el segundo trimestre sólo revierte un «terrible» primer trimestre y tiene aún que ser sostenida durante el resto del año, sostiene Elliott. «No creemos que este optimismo esté justificado, y consideramos que muchos de estos datos son fabricados o engañosos», destaca Elliott, que gestiona 25.400 millones de dólares. «Una gran parte del crecimiento económico y el empleo desde el inicio de la crisis ha sido un crecimiento falso con muy pocas posibilidades de reforzarse de por sí y ser sostenible». El fondo de inversión explicó que las cifras de crecimiento son demasiado elevadas debido a que la cifra oficial de la inflación subestima la inflación real en hasta en un 1% al año. Ello se debe a que los economistas se centran en medidas tales como la inflación subyacente o hacen «ajustes hedónicos» para la mejora de la calidad de los bienes de consumo. La inflación también está distorsionada «por la creciente brecha entre la cesta de la compra de los ricos y la de la clase media», afirmó la empresa.Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/145903-mejora-economia-eeuu-fabricada-colapso
NO NOS VENGAN AHORA SINTRAJAP A LLORA COMO PENDEJOS LO QUE EN EL MOMENTO OPORTUNO REHUSARON HACER EN LAS CALLES Y PREFIRIERON TRASLADAR A LOS TRIBUNALES. A decir verdad hay que mostrar la otra cara de la moneda y no sólo la que concierne a la sociedad civil organizada, dígase en este caso sindicatos y fuerzas vivas de la comunidad, y es que si bien es cierto que ellas se fortalecen en las calles y pierden terreno y margen de acción en la vía institucional, para el “gobierno” no hay otro espacio más que este aunque le pueda doler en el “alma” a los gobernantes de turno. El “GOBIERNO” no puede operar fuera del ámbito institucional so pena de ser juzgado y sancionado tanto por las instituciones nacionales competentes como las de carácter internacional. Tal y como dice don José Luis Vega Carballo, el contrato ya fue firmado por el Poder Ejecutivo (administración Chinchilla), aprobado por la Contraloría y avalado por los tribunales a los que fue sometido. De modo tal que, si la empresa a estas alturas rehúsa renegociarlo, como de hecho lo está haciendo, las cosas están consumadas. Le COGIÓ TARDE A SINTRAJAP, fue antes de consumado el acto jurídico contractual con APM en la administración Chinchilla cuando debió, con apoyo de otras fuerzas sociales en las calles, abortar el proceso. Por el contrario; ellos consintieron el traslado del conflicto al ámbito institucional jurídico el cual terminó con la aprobación en todos los espacios en que se sometió; para el gobierno no queda otra que aceptar lo dispuesto a menos que por alguna razón, motivo o circunstancia (podría ser SETENA) APM acepte la renegociación.
¿qué pasará con los múltiples errores, omisiones, irregularidades, tropelías y violaciones a la Constitución, las leyes y disposiciones internas en que, en nuestro criterio, incurre el contrato y su trámite?
Por cierto, es mejor confiar en el estado de derecho que en la calle, donde como usted bien dice se mide la correlación de fuerzas. Solo no se olvide lo que paso en Chile, cuando la Izquierda quiso hacer lo mismo y enfrento la reacción. Ahí si les fue mal, por despreciar el Estado de Derecho que tanto les hubiera servido para escudarse de la persecución.
Qué pasará con las muchas y evidentes violaciones que las administraciones anteriores han cometido contra la institucionalidad y que hasta ahora están ocultas e impunes, buena pregunta don Jorge fallas; y es que en este caso corresponde a una administración de don Luis Guillermo someter ante ley semejantes golpes contra la institucionalidad, pero debe hacerlo dentro del mismo marco legal e institucional, pues de salirse de él con tal de lograr justicia sería equivalente a hacer lo mismo que hicieron los transgresores anteriores, lo cual lo volvería otro violador más. También cabe preguntarse hasta dónde y cuánto duraría realizar semejante enderezamiento y ajuste de cuentas. La cosa no es nada fácil máxime si tomamos en cuenta que las mismas instituciones donde corresponde desarrollar tales procesos han sido copadas por el PLUSC desde hace 30 o 40 años con personas que fueron puestas ahí para hacer lo que hicieron y que aún les resta bastante cuerda y respaldo político de la política tradicional para mantenerse carcomiendo la institucionalidad desde la institucionalidad misma; prueba de ello es la reelección del fiscal general muy a pesar de la oposición que esta tuvo tanto en la Asamblea Legislativa desde la sociedad civil. EL PUEBLO TAMBIÉN HA SIDO CÓMPLICE DE TAL VEJACIÓN E IMPUNIDAD. La política tradicional representada principalmente en el PLN y el PUSC fueron legitimados y fortalecidos en elecciones tras elecciones, lo cual convierte a la gran mayoría de nuestra población adulta y votante en cómplices de facto y de derecho. Tanto lo que dejó de hacer e hizo SINTRAJAP en el caso del contrato con APM, como lo hecho por el pueblo cuando eligió y mantuvo durante décadas al PLUSC los hace culpables en sumo grado de lo que ha acontecido con nuestro Estado Social de derecho y su institucionalidad, por lo que culpar exclusivamente a los gobiernos que se han turnado en los al menos últimos 30 años no es otra cosa más que lavarse las manos y esconder la cabeza, y querer echarle la responsabilidad completa al actual gobierno de lo hasta ahora acaecido es un acto de cobardía e irresponsabilidad casi infinitas. El actual gobierno asume la responsabilidad de hacer justicia dentro de lo que la realidad y el marco institucional así lo ´permita y nada más, y de seguro que así lo hará.
Hoy por canal 6 se hizo una clarísima exposición de los excesos que contemplan las convenciones colectivas de JAPDEVA y RECOPE. Para JAPDEVA y para RECOPE las convenciones vencen a finales de este año, por lo que tendrán que renegociarlas y es aquí donde el asunto de la huelga en Limón por un contrato que se negoció y quedó en firme en la administración Chinchilla levanta sospechas. No será más bien que el motivo de fondo de la huelga de SINTRAJAP es presionar para que su convención no sea afectada hacia abajo ahora que tiene que ser renegociada. Me atrevo a asegurar que ASÍ ES. Estos cara de barro han puesto el contrato con APM como el motivo de su huelga, pero ya sabemos lo que en el fondo se traen. Espero que el sindicato de RECOPE no haga la misma cobardía. Pero salados, los excesos contemplados es esas convenciones caerán muy a pesar de ellos y a llorar a otro lado.
Muy clarificador, pero extemporáneo, el ensayo de don JLVC. He notado como el vulgo confunde su opinión personal acerca de Sintajav con la esencia del problema: la entrega de otro bien nacional y la posible desaparición de JAPDEVA. Los últimos gobiernos neoliberales- especialmente el de los Arias- nefastos para el país, hicieron de la destrucción del sindicato Sintrajav un hito a conseguir con las armas que fueren necesarias. El precio de ese hito: mancillar la Constitución Nacional, la deshonra de los poderes públicos y la humillación para el pueblo, principalmente el limonense.
De que el contrato con APM es un paso más de la corriente neoliberal no cabe la menor duda; de que la acción de SINTRAP es totalmente extemporánea por cuanto hace años el contrato había sido refrendado por la Contraloría y más recientemente los tribunales contenciosos sentenciaron a favor del mismo tampoco cabe la menor duda; la única conclusión razonable es que estos dirigentillos de SINTRAJAP se agarraron de ese contrato para justificar una huelga ante la opinión pública y los demás sindicatos con el oscuro propósito (agenda oculta) de proteger su abusiva convención colectiva, no hay otra explicación. La guerra era hace 3 años para ser efectiva, no ahora. Pero la buena noticia es que esa convención se pondrá como debe ser y la concesión para APM NO PROSPERARÁ, su caída ya inició con la revisión que la SETENA hará a todo el proceso de “viabilidad ambiental” que sin duda alguna la administración Chinchilla “choriceó”. El actual gobierno no permitirá que prospere algo que está viciado, y el ministro de Energía y Minas, jefe directo de SETENA y experto ambientalista no comerá cuento. Aquí se escriben al mismo tiempo dos actas de defunción; una para SINTRAJAP por no haber actuado a tiempo y jugar de vivillos y otra para el contrato con APM en manos de su enterrador la administración de Luis Guillermo Solís.
Creo que lo que se queda de lado, ha sido la poca o nula participación de la comunidad de Limón, de los seis cantones, en apoyo a la huelga. Esto por cuanto, lejano a todo análisis legal de corte constitucional y más aún, del «llamado a la protesta en la calle», en la provincia como tal, y aún en el casco urbano del cantón central, conformado por casi 62,000 almas, solo se levantaron a revolotear, aquellos que, (bajo el concepto legal del supuesto), supuestamente recibieron dinero por protestar. Soy limonense y resido justamente en el centro de la provincia, y puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que en este foro no se hace una lectura real del «conflicto social», puesto que, en caso de haberse dado la oportunidad a los más de cuatrocientos mil habitantes casi, de esta magna provincia, JAPDEVA, el sindicato y el perico del muelle, hace rato habrian dejado de existir. Fuera del ego ideologico, lo que si es necesario es considerar el criterio del pueblo (al cual siempre se dice proteger), cuya paciencia se achica cada dia, no tanto en contra de aquellos que roban, sino de aquellos que los dejan robar, quienes cara a cara nos maltratan y nos insultan, pero que irónicamente, reciben el salario gracias al esfuerzo del pueblo, que luego dicen defender….
Creo que la sociología no da para tanto, el funcionario público hoy en día es visto, ya ni siquiera como cómplice, sino inclusive, hasta de instigador, para que el de arriba delinca. Ejemplo que utilizo mucho es que en la empresa Claro no me quieren, porque me atienden entre sonrisas en menos de un minuto.,,,y en el ICE me quieren mucho, porque de mala manera, me atienden en dos horas…..Eso es lo que se ve….eso es lo que se percibe.