Ya lo dijo el FA: o se levanta el veto el 10 de diciembre a la Reforma Procesal Laboral, o se acaba el cariño.
El veto concierne al tema de las huelgas en los servicios públicos. Nadie quiere ver el verdadero problema de ese proyecto, cual es el de que regula aspectos sustantivos del Derecho Público de Empleo, rama del Derecho que sus autores y patrocinadores ya habían enterrado, pero que recientemente la Sala IV ratificó su existencia, con rango constitucional.
Se dice que solo los ríos no se devuelven y que las promesas eso es lo que son. Se dice que el País, el interés público, lo correcto, lo racional, debe estar por encima de cualquier otra cosa.
El asunto es sencillísimo. Una reforma procesal y laboral no puede, elementalmente, servir para regular el empleo público, menos para privatizarlo. Si se insiste, pues que el asunto vaya a la Sala, única a veces capaz de tomar las decisiones que necesita el País.
La Sala ratificó que no caben convenciones colectivas de trabajo en el empleo público, respecto de las relaciones de empleo en el Sector Público regidas por el Derecho Administrativo. Sin embargo, la cosa sigue igual. A nadie le importa nada. Ni siquiera a los que deben por oficio poner orden. Ya la Sala hizo lo suyo, o sea definir el marco regulatorio existente. Ya dijo que eran inaplicables. Y, sin embargo, las convenciones siguen como Johnny Walker.
La encrucijada en que está el Gobierno es horrible. Es una situación que heredó, cierto, pero esto no lo autoriza a hacer cosas que sencillamente serían atrocidades, como sería dar el paso a la entrada en vigencia de la Reforma dicha.
Las finanzas públicas están destrozadas. Privatizar el empleo público implicará aumentar el desmadre. Hay cosas con las que no se puede jugar. El costo político siempre habrá que pagarlo, respecto de cualquier decisión que se tome.
O Costa Rica cambia, enfrentando las situaciones con sensatez y con valentía, o seguiremos en lo que nada bueno nos ha dejado, sea las componendas en donde no interesa el País sino la conveniencia coyuntural.
A la Historia no hay forma de burlarla y a nadie perdona. No hay que guiarse por las amenazas. No es dejando de ver y afrontar los problemas como se resolverán. En época crítica es obligación por lo menos contener la crisis y es crimen permitir que se agrande.
Dr. Mauro Murillo A. es Abogado.
El FA no está en posición de acabar nada, sería suicidio no apoyar o amenazar con proyectos o acciones que también son de su interés, y en cuanto a los intereses de los sectores sociales el FA no tiene ningún control. Los sectores sociales organizados tienen intereses propios y se comportan DE MANERA INDEPENDIENTE a la hora de defenderlos, no le piden permiso ni consejo al FA ni a ningún otro partido político. Basta mirar el caso del ICE donde Jorge Arguedas, diputado de FA, actúa a título personal cuando amenaza al gobierno para que destituya a Carlos Obregón de la presidencia ejecutiva del ICE; mientras que por otro lado el FIT – ICE, quien aglutina a 7 de los 8 sindicatos del ICE, apoyan a Obregón en su actual gestión, siendo muchos de ellos también militantes y dirigentes de FA. Quién tiene más peso dentro del FA, Fabio Chaves o Jorge Arguedas, ambos con serias contradicciones desde hace años.