Columna Ambiente Crítico
Durante la legislatura anterior tuvimos la oportunidad de participar en las discusiones para la elaboración de un texto sustitutivo al proyecto de ley 17680, con el objetivo de afinar las reglas del juego para el aprovechamiento por parte del ICE de la energía geotérmica en el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Este texto sustitutivo fue un esfuerzo liderado por los exdiputados José María Villalta y Alfonso Pérez, desde la Comisión Especial de Ambiente y en respuesta al texto original propuesto por la exdiputada Maureen Ballestero.
Durante numerosas sesiones se discutieron, reescribieron y plantearon alternativas, con la participación de representantes tanto del ICE como del ACG. En estas sesiones se avanzó muchísimo en temas como el establecimiento y refinamiento de las áreas que efectivamente el ICE necesitaría utilizar tanto para la exploración y explotación, la retribución económica de los beneficios generados por la prestación del servicio resultante de las funciones ecológicas del volcán, los estudios técnicos ecológicos requeridos y el papel del MINAE como fiscalizador ambiental del proceso. Lo anterior partiendo de un escenario en el que primeramente se autorizaría al ICE el ingreso al área para los estudios que establece la ley y las investigaciones que fueran compatibles con los usos dentro de los parques nacionales, y eventualmente se autorizaría el aprovechamiento posterior a la segregación y compensación de los terrenos, es decir, sin necesidad de modificar los usos permitidos dentro de un Parque Nacional de manera general. De esta forma se buscaba reafirmar la naturaleza de los parques nacionales como área de protección absoluta.
En vista de que en días recientes tanto el proyecto 17680 como su texto sustitutivo fueron archivados por vencimiento del periodo cuatrienal (asimismo fue archivado otro proyecto similar para el Parque Nacional Volcán Tenorio), los diputados Otton Solís y Javier Cambronero presentaron un nuevo proyecto de ley titulado “Autorización al Instituto Costarricense de Electricidad para el Aprovechamiento de la Energía Geotérmica que se Encuentra en Áreas Protegidas” (Expediente N.º 19.233).
Este texto ha sido ampliamente analizado críticamente por entidades como la Escuela de Biología de la UCR, el Área de Conservación Arenal Tempisque, el Foro de Guanacaste y SITRAMINAE, en sendos textos circulados recientemente. A manera de ejemplo, puede consultarse el pronunciamiento de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, disponible en línea: http://feconcr.org/doc/geotermia/19233/Escuelabiologia.pdf
No pretendemos extendernos en el detalle de la importancia de las áreas en las que se encuentra el recurso geotérmico. Estas han sido zonas ampliamente estudiadas y valoradas (al punto de que sean áreas protegidas en diferentes categorías). Pero sí nos gustaría resaltar algunos detalles del proyecto presentado por los diputados Solís y Cambronero, a la luz de las discusiones previas sobre este tema y con el espíritu de llamar la atención sobre algunos puntos particulares donde parece que estamos andando y desandando los mismos caminos.
Coinciden los proyectos anteriormente mencionados (archivados y en discusión) en la consideración de que cualquier exploración y aprovechamiento geotérmico sea liderado por el ICE exclusivamente, por su trayectoria, experiencia comprobada y vocación de servicio público. Vale apuntar que hay otros proyectos que buscan autorizar a concesionarios públicos y privados el aprovechar los recursos geotérmicos existentes en las áreas protegidas del país.
El proyecto de Solís y Cambronero plantea una modificación de las actividades permitidas dentro de las áreas silvestres protegidas. Su objetivo es declarar de interés público la investigación, exploración y explotación comercial de los recursos geotérmicos dentro de las áreas protegidas del país dándole exclusividad al ICE, quien sería la única entidad autorizada para ejercer tales actividades. Además de cambiar las actividades permitidas (para los estudios previos) también incluye la desafectación y cambio de límites de las zonas en que se decida ejecutar el aprovechamiento. Esta sería una autorización general y no limitada a un área protegida particular, como se intentó con los textos previos
El proyecto plantea la geotermia como actividad permitida dentro de las áreas protegidas pero con un papel minimizado del MINAE. Desde el artículo 5 se indica que “El ICE comunicará al Minaet cada vez que inicie estudios de reconocimiento, prefactibilidad, factibilidad técnica económica y de impacto ambiental, para el desarrollo geotérmico en un área protegida (…) el Minaet reglamentará el ingreso de los funcionarios del ICE, personal autorizado y equipos a las áreas protegidas correspondientes”.
Nos preguntamos qué sucedería si el MINAE considera que algún área presenta fragilidades ambientales por las que recomiende no iniciar la exploración. ¿Le sería posible denegar la autorización o restringirla a ciertas áreas? ¿Dónde está la consideración del MINAE como fiscalizador ambiental de los proyectos? Este tema se consideró en el texto sustitutivo de Villalta y Pérez, al punto de la sensibilidad de que si se segregaban los terrenos del área protegida, la autoridad del MINAE sobre la zona disminuiría a sus potestades generales en lo que sería área de amortiguamiento del área protegida.
Para los no expertos en el tema geotérmico, puede parecer inocuo que se realicen estudios de prefactibilidad y factibilidad en un área protegida. Recordemos que estos estudios en el caso de la geotermia no son estudios de escritorio, sino que implican la perforación de pozos y otras obras que ya por si mismas pueden generar un impacto sustancial. En el proyecto de Solís y Cambronero no se condiciona el inicio de estos trabajos a la aprobación de un estudio de impacto ambiental, sino que éste se puede iniciar “durante cualquier etapa de los estudios, de prefactibilidad y de factibilidad”. Si el estudio de prefactibilidad indica que no vale la pena la exploración, el ICE abandonaría el proyecto pero ya el área protegida habría absorbido los impactos. El mismo artículo 10 lo indica “En caso de que el estudio de factibilidad resultare negativo, el ICE retirará los equipos y las maquinarias utilizadas y recubrirá las plataformas de perforación y los caminos de acceso con una capa de tierra y restablecerá en la medida de lo posible las condiciones naturales del medio”.
En la propuesta de Villalta y Pérez se planteaba la segregación y cambio de límites como punto inicial, buscando que los terrenos segregados asumieran el impacto de los estudios previos, no el área protegida en sí. El ICE como ejecutor asumiría el riesgo. Si se determinaba que no había suficiente potencial, el ICE podría sin ningún problema entregarlos nuevamente al MINAE o bien disponerlos para conservación bajo su tutela. El proyecto tampoco establece ninguna obligación adicional que el ICE deba observar en términos ambientales para garantizar protección especial para las áreas en que se dé la exploración y aprovechamiento geotérmico.
Finalmente, esta nueva propuesta de ley no garantiza que la compensación económica se utilice para invertir en mejoras en las áreas protegidas que reciban el impacto, sino que establece que esta compensación la administraría de manera general el SINAC sin indicar ninguna prioridad de inversión posterior para las áreas de conservación afectadas.
Viendo los costos de oportunidad de las opciones energéticas disponibles y las cuidadosas medidas que se estaban tomando para su aprobación producto de un diálogo abierto e intenso, en anteriores manifestaciones mostramos nuestro apoyo a la iniciativa que se promovió en la Comisión de Ambiente de la anterior legislatura. Hoy manifestamos que no hace falta andar y desandar el camino. La Fundación Neotrópica se une a las objeciones planteadas por la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y otras organizaciones afines frente a esta propuesta de ley, la cual calificamos como inconveniente para el país.
Asimismo, nos manifestamos en desaprobación de las simplificaciones y ataques que están recibiendo los logros ambientales de Costa Rica por parte de algunos medios informativos con evidente mal uso de los resultados del Informe del Estado de la Nación. Reflejan estas notas un aparente sesgo hacia la minimización de los costos de oportunidad socio-ambientales de las iniciativas energéticas que se están discutiendo en el Diálogo Energético. Llevamos esta posición con respeto a este diálogo donde se discute ahora la matriz energética que queremos para nuestro país. La energía geotérmica es ya parte de esta matriz y la decisión de si esta participación aumenta en el futuro debe basarse en una discusión responsable, que no parte de cero.
Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por la no inclusión, desde el inicio del Diálogo Energético, de la posición y representación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) conforme lo hemos confirmado de nuestras conversaciones con los directores de las áreas. No es admisible que una institución responsable de la generación del 5% del Producto Interno Bruto (o de cerca del 10% de los ingresos por divisas) no esté presente en un diálogo cuyos resultados podrían afectar a los parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas, y, por ende, a los beneficios socio-ambientales de los que depende el bienestar de todas y todos los habitantes de nuestro país.
(*) Karla Córdoba Brenes y Bernardo Aguilar González son directores de la Fundación Neotrópica.
Aquí comparto con ustedes el siguiente enlace: «http://www.infobae.com/2014/11/11/1608116-holanda-acumula-energia-paneles-solares-ciclovias».