El Derecho Civil, decano de los ‘derechos’ estudiados en la Carrera, es el más difícil de definir. En Roma, hace 2500 años se conoció con ese nombre al derecho del ciudadano (Ius Civile), que incluía lo que ahora son el Derecho Penal, el Derecho Administrativo, el Derecho Laboral , el Derecho Municipal, el Derecho Tributario, el Derecho Urbanístico, el Derecho de Familia, el Derecho de Menores, el Derecho Mercantil, el Derecho Industrial, el Derecho Procesal, el Derecho Agrario y alguno más: bajo el paradigma antiguo del Estatuto Personal, todo eso era “Derecho del Ciudadano” (Ius Civile).
Con el correr de los siglos, una por una, todas estas materias fueron separándose y diferenciándose del tronco del Derecho Civil, lo cual ha terminado por provocar que se lo defina por exclusión, como “lo que quedó” después de haberse sustraído todo lo demás. ¿Qué quedó? Un mortecino Derecho Sucesorio, junto a estructuras de Derechos Reales, Contractuales y de Obligación, cuya aplicación e importancia práctica se trasladó a otros terrenos: mercantil, industrial, urbanístico, etc.
Siendo así las cosas, por qué afanarse en buscar un candidato civilista para integrar la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia? Esa pregunta se la han hecho algunos en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa; y merece una respuesta lo más clara y detallada posible.
Porque el asunto no es tan simple: hay que considerar otros aspectos no muy corrientes. Hay que tomarse el tiempo paras recordar que en el siglo XIX asistimos en Alemania a una interesante operación teórico-sistemática que va a producir novedosos y sorprendentes resultados. Recordemos también que desde mucho tiempo atrás los principados alemanes estaban regidos ‘supletoriamente’ por el Derecho Romano Justinianeo: Derecho de Pandectas (y esto duró hasta los albores del siglo XX, en que entró en vigencia el justamente afamado BGB: el Código Civil alemán).
Pues bien, a inicios del siglo XIX, en vez de hacer como los franceses: redactar un Código Civil y tejer, durante muchos decenios, la preciosa tela de la exégesis; los Pandectistas alemanes, sobre la base de aquel Derecho de Pandectas, extrajeron del abigarrado conjunto la materia y la forma de un sistema conceptual general: de donde nació no sólo la llamada “Parte General del Derecho Civil”; sino incluso, en una sucesiva destilación, la “Teoría General del Derecho”.
Pero quedémonos en la Parte General del Derecho Civil, que abarca: a) una teoría del sujeto o de la persona; b) una teoría del objeto o de las cosas; c) una teoría de los actos (negocios, contratos, etc.); d) una teoría de las situaciones jurídicas (derechos reales, obligaciones, etc.), concebido todo ello en el marco de la “sociedad civil” o “mercado”, que según decía Hegel, es el ámbito de encuentro entre “personas libres e iguales” (Derecho Privado).
Esta materia así elaborada, cuya teorización, junto a la de los franceses, es uno de los esfuerzos doctrinarios y eurísticos más imponentes en la historia del pensamiento jurídico occidental, sirvió para dar forma a prácticamente todas las demás disciplinas que aparecieron en la Panoplia del Derecho entre el siglo XIX y el siglo XX, incluidos el Derecho Penal moderno, el Derecho Administrativo, el Derecho Procesal y el propio Derecho Constitucional; porque pandectistas fueron Feuerbach y Binding, Otto Mayer, Adolf Wach, Gerber y Otto von Gierke; y es la misma materia que constituye el territorio natural del civilista moderno, el cual, de ese modo, no sólo no sería el melancólico poseedor de “lo que quedó”, poseedor de “un sobrante”, sino el dueño y señor de una doctrina sin la cual no se puede comprender ninguna de las pujantes disciplinas emanadas del viejo Derecho Civil.
El corolario de todo esto es que los auténticos civilistas: ‘generalistas del Derecho’ en el sentido que hemos indicado, no sólo son imprescindibles en la Sala Primera (que además conoce de todo asunto civil, comercial, industrial, notarial y agrario), sino que serían muy necesarios en las Salas restantes.
En fin, aparte de los aspectos históricos y teórico-sistemáticos aquí expuestos, parece ser que en la actual coyuntura, la cuestión de la búsqueda de un criterio para hacer la mejor elección se ha querido zanjar invocando una estadística que muestra una mayor cantidad de casos contencioso-administrativos en los registros de entradas de la Sala Primera. Pero aparte de todo lo ya dicho, aquella estadística podría conducir a conclusiones equivocadas; porque entre los procesos que son de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa están los llamados “civiles de hacienda”; y hay que explicarle al que no lo sabe que los “procesos civiles de hacienda”, que en la estadística suman como administrativos, no son procesos administrativos: son procesos de naturaleza nítidamente civil.
(*) Walter Antillon Montealegre es Catedrático Emérito de la Universidad de Costa Rica.
Señor Antillón, le está pidiendo peras al olmo. La mayoría de los diputados (por no decir todos) no entienden, ni les interesa, las consideraciones teóricas y de cultura jurídica que usted ha hecho en este artículo. Ni siquiera los diputados abogados, probablemente, realizaron estudios de filosofía, historia o teoría general del Derecho; para ellos este tipo de conocimiento no sirve para nada, por eso estamos como estamos. En la Corte Suprema lo que hay son abogados y no juristas y mucho menos maestros del Derecho, los tiempos en que había un Alberto Brenes Córdoba, un José María Vargas Pacheco, un Enrique Guier Sáenz, un Fernando Baudrit Solera o un Pablo Casafont Romero, quedaron atrás hace mucho tiempo. Pregunte a los diputados o a los magistrados si saben quiénes fueron estos personajes y le aseguro que no saben absolutamente nada de ellos, mucho menos van a saber de los Pandectistas, los Exegetas, los Codificadores o más recientemente de los abolicionistas o de los garantistas. ¡Esa es nuestra triste realidad jurídica!