miércoles 18, mayo 2022
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Evaluando los Costos y Beneficios del Proyecto Hidroeléctrico Diquís

El Instituto Costarricense de Electricidad sacó a concurso una consultoría con el fin de valorar en forma más integral los costos y beneficios del PH Diquís. Como actores que hemos manifestado ante la opinión pública nuestras preocupaciones con este proyecto, creemos pertinente el hacer algún análisis crítico constructivo de esta iniciativa.

Es un avance positivo el que el ICE busque tener una perspectiva más integral de los costos y beneficios del proyecto. Solicitar un equipo liderado por un economista ambiental o ecológico al lado de profesionales en las ciencias naturales y sociales indica voluntad de integrar un análisis que abarque las diversas dimensiones de los potenciales impactos del proyecto.

Se pretende clarificar la eficiencia del uso de los recursos naturales con la implementación de un proyecto de desarrollo. Es positivo que se acepte que el proyecto, por su complejidad social y ambiental, tiene una exigencia mayor por las características actuales de la cuenca del río Grande de Térraba. Así, se reconoce el valor de la riqueza sociocultural y de bienes y servicios producto de las funciones ecológicas de la cuenca.  Se reconoce también que el Diquís constituye una erogación importante de recursos escasos de la sociedad costarricense por lo que su uso debe dirigirse hacia proyectos cuya eficiencia sea a toda prueba,  cumpliendo objetivos de bienestar económico y social en las comunidades.

Se plantea que valoración de las “externalidades sociales y ambientales” debe incluir las positivas como las negativas y abre el marco técnico a cualquier metodología validada en el medio de la economía ambiental o economía ecológica. Se solicita que la firma consultora justifique técnicamente el abordaje metodológico utilizado, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, así como la posición de instituciones financieras internacionales.

Sin embargo, vale apuntar que hay una falta de claridad conceptual de partida que debe enmendarse y que afectará los resultados. La noción de “externalidades” generalmente no contempla el requerimiento de incluir tanto las reservas de capital natural como los flujos de servicios que resultan de sus funciones ecosistémicas. En este sentido habría que comenzar por prescribir una caracterización de los elementos del sistema complejo de existencias de “capital” natural, social, cultural, etc. Asimismo, utilizando un marco ordenador, la inclusión de todos los flujos de servicios afectados (de provisión, de regulación, culturales, etc.) prevendría una evaluación parcial o sesgada que minimice los costos de oportunidad socio-ecológicos del proyecto.

Igualmente, con base en el interés público que reclama el ICE, este proceso de definición debe abrirse al escrutinio de diversos actores en tanto no es un espacio resuelto ni a nivel técnico ni a nivel de instancias institucionales internacionales. El avance de la economía ecológica a nivel internacional es innegable. Éste se debe, entre otras cosas, a la integración del análisis de lo que se conoce como lenguajes de valoración. Esta integración no se hace uniformando todos los idiomas bajo la sombrilla de un análisis costo-beneficio “monetarizado”.

Los métodos de monetarización, dependen de presunciones metodológicas que pueden llevar a sesgos que generen consecuencias de injusta distribución de los costos y beneficios de la conservación y desarrollo. Asimismo, el análisis monetario asume que los valores culturales o ambientales siempre son compensables. En el caso del Diquís éste no es el caso para muchas de las comunidades indígenas involucradas. Pendiente aún está la consulta indígena requerida por el Convenio 169 de la OIT. No conociéndose aun los resultados del Estudio de Impacto Ambiental, es difícil suponer que los impactos ambientales sean compensables. Nuestra mayor preocupación se enfoca en los impactos potenciales sobre el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, tesoro nacional cuya conservación sustenta la autoridad moral que nos permite nuestra principal línea de argumentación conservacionista en el conflicto limítrofe con Nicaragua.

Por esta incertidumbre, la economía ecológica prescribe utilizar no un análisis de costo-beneficio sino un proceso de múltiples criterios que permita ordenar y comparar estos lenguajes de valoración, más allá que reducirlos a un solo criterio (el dinero). Este proceso de decisión de mayor calidad está en concordancia con lo que establece nuestra normativa desde el año 2004 (Decreto Ejecutivo 31849 – MINAE- SALUD-MOPT-MAG-MEIC) mediante la evaluación ambiental estratégica (EAE).

La EAE permite la integración participativa, abierta y eficiente, con representación de los actores directa e indirectamente involucrados. En este proceso, los diversos lenguajes de valoración reciben una oportunidad equitativa de ser validados, diálogo que fortalece la transparencia del proceso y la calidad democrática del mismo.

Asimismo, al reducirse las razones para que el proceso genere conflictividad socio-ambiental, se reducen las posibilidades de aumento en los “costos de transacción” que en el caso del Diquís ya han sido sustanciales. Estos son los costos que tiene el poder implementar un  proyecto dados factores que complican su concreción. En este sentido, la integración de los análisis financieros y de viabilidad con el ajuste económico por externalidades sociales y ambientales no puede dejar por fuera estos costos de transacción que se han acumulado ya en forma sustancial desde la primera encarnación de este proyecto: El Proyecto Boruca.

De poco nos sirve contemplar las pérdidas o ganancias por servicios ambientales que el proyecto podría generar (incluyendo como pide el ICE la emisiones evitadas) para determinar su viabilidad, si la inevitable judicialización del mismo nos va a costar a todas y todos los costarricenses una fortuna en costos de litigio. Es mejor ser prudentes y tomar una decisión con información de mejor calidad.

Dentro del marco del diálogo energético que facilita hoy día el gobierno nacional, reiteramos esta posición, la cual han propuesto y acuerpado también otros distinguidos científicos y ambientalistas/ecologistas costarricenses. Con el fin de poder continuar defendiendo esta posición abiertamente y no afectar nuestra participación en el diálogo energético, nuestra Fundación decidió no postularse en el proceso de consultoría del ICE. Esperamos poder así contribuir de mejor manera con el interés de la nación.

(*) Bernardo Aguilar González

Director Ejecutivo, Fundación Neotrópica

Presidente, Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica

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