San José, 3 Dic (Elpaís.cr) – El Gobierno presentó el reglamento que servirá de base para que se le pague la indemnización a los cientos de empleados agrícolas y sus familias que sufrieron intoxicaciones, debido a la exposición al nemagón en las décadas de los 60 y 70.
Este pago se hará contestando al fallo que emitió la Sala Constitucional el mes de setiembre anterior, en el que orden al Estado pagar estas deudas.
Por ello la ley 8130 denominada “Determinación de beneficios sociales y económicos para la población afectada por el DBCP” entró en vigencia a partir de su publicación en el diario digital La Gaceta este lunes 1 de diciembre, tras 13 años de espera por parte de los trabajadores afectados y sus familias, pero los afectados siguen presentando demandas no resueltas en lo que respecta al abordaje sanitario y al cumplimiento de las indemnizaciones debido a la ausencia de un reglamento.
Por ello, ese reglamento se presentó este martes con el objetivo de regular el otorgamiento de indemnizaciones a las personas que comprueben haber sufrido daño físico y moral como consecuencia del uso directo o indirecto del producto conocido como DBCP, ingrediente activo del nematicida Nemagón.
Tras un primer acercamiento directo con las familias afectadas en mayo anterior y otras dos sesiones de trabajo en junio y octubre respectivamente, las autoridades de los ministerios de Trabajo y Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS), coordinadas por el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, acordaron brindarle una atención integral a la problemática y darle un seguimiento comprometido a los casos.
“Nuestra intención es resolver finalmente la situación de estas familias y subsanar la deuda que el Estado tiene con ellos. Este debido reglamento viene a facilitar los procesos de identificación e indemnización de afectados, pero lo realmente importante es que las instituciones competentes priorizarán la atención a los afectados”, explicó la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.
El reglamento establece el procedimiento para solicitar el reclamo administrativo, la determinación del daño físico y moral por parte del INS y los montos de las indemnizaciones para los afectados directos e indirectos como los familiares de los trabajadores.
Los requisitos para solicitar el beneficio son presentar la solicitud o reclamo administrativo completo, copia de la cédula del interesado, certificación de Cuotas Obrero Patronales o en su defecto una certificación del Banco Popular que demuestre haber aportado al ahorro obligatorio como trabajador de una bananera en el período de 1967 a 1979 y además someterse a los exámenes médicos o de laboratorio que el INS considere necesarios.
Como parte de la estrategia de atención integral, el Ministerio de Salud coordinará con la Caja Costarricense de Seguro Social para promover procesos de sensibilización entre los funcionarios de salud y que estos brinden la atención adecuada y diferenciada a los afectados que recurran a los servicios públicos.
Este reglamento ya cuenta con el aval de la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda sobre la procedencia de pago de indemnizaciones por lo que los interesados pueden acercarse a partir de ahora a recibir su pago.
