San José, 9 Dic (Elpaís.cr) – El Ministerio de la Presidencia tocó este lunes la puerta del despacho de una fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) que exigió cambios e todo tipo, para poner los 18 votos que logren salvar el proyecto de la Reforma Procesal Laboral, cuyo plazo cuatrienal se vence el próximo sábado y que llevaría al archivo del proyecto y al fin de la alianza entre la fracción oficialista de Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio.
El encuentro se dio debido a que el Gobierno está tratando de conseguir el apoyo de los liberacionistas, ya sea para lograr aprobar la moción del plazo de archivo del proyecto o para que éstos no se opongan a que el presidente Luis Guillermo Solís levante el veto al proyecto.
Esto debido a que sin los 18 liberacionistas, sumados al rechazo de otros legisladores como los cristianos Mario Redondo y Fabricio Alvarado, sería imposible ampliar el plazo porque para que así sea se necesita una moción aprobada por 38 legisladores. Además, se busca frenar al Movimiento Libertario, que ya afirmó que se iría a la Sala Constitucional si el veto se levanta.
La reunión entre el gobierno y los liberacionistas duró más de tres horas y en ella estuvieron presentes el ministro de la Presidencia Melvin Jiménez y su viceministro Daniel Soley, el diputado del PAC, Víctor Morales y los diputados verdiblancos Sandra Piszk, Antonio Álvarez y el jefe y subjefa de la fracción, Juan Luis Jiménez y Karla Prendas.
Las reuniones empezaron a ser evidentes cuando, a eso de las 3: 30 de la tarde, los diputados empezaron a pedir recesos de hasta media hora en el plenario para lograr que la reunión se llevara acabo, ya que el PLN solicitó a cambio de los votos un nuevo proyecto de ley que es una opción que Casa Presidencial tiene que consultar primero con el Frente Amplio.
La solicitud del PLN es que el Gobierno presente una nueva reforma que incluya el veto a la huelga en servicios esenciales de la administración anterior, además de la regulación a los procesos judiciales de materia laboral que propone el proyecto de ley que presentaron el PAC, el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Además, exigieron la intervención de la Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano, en los casos de huelga y que se mantenga la cláusula que permite la contratación de especialistas suplentes a los huelguistas para que los servicios esenciales no se interrumpan.
Liberación además pidió que este proyecto vaya por vía rápida para que esté listo antes de mayo del próximo año.
Las reuniones para ver el acuerdo continuarán este martes con la presencia del Frente Amplio incluida.
El futuro del proyecto tiene que estar decidido el próximo sábado.
El cambio prometido es levantar el veto. Si el presidente se doblega ante los intereses espurios y corruptos del PLN y de los panderetas perderá más del poco respeto que aún le resta.