lunes 24, enero 2022
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El veto a la Reforma Procesal Laboral se debe levantar

La Reforma Procesal Laboral fue aprobada en la anterior Asamblea Legislativa por una mayoría de los partidos políticos incluso Liberación Nacional y con el apoyo de la Ministra de Trabajo del gobierno Chinchilla, hoy diputada de ese partido.

Esa reforma fue vetada por la Presidente Chinchilla por la presión de las cámaras empresariales aduciendo el riesgo de huelgas en los “servicios esenciales” y ese se convirtió en el tema de discusión sin que se mencionen los otros aspectos de esa reforma.

Debo aclarar que sin ninguna reforma, hoy las huelgas en los  “servicios esenciales” es un hecho común y aduciendo las más variadas excusas, como “defender la Caja”, hace un par de años, burlando las expectativas de los pacientes que esperaban una cita con un especialista o una cirugía durante largo tiempo, a veces años. Más recientemente y a raíz del problema con el cierre de quirófanos en el Hospital México, por un día se cerraron los pocos quirófanos funcionando e inclusive los que fueron prestados del Hospital del Trauma para  casos urgentes.

Lo que no se dice es que el meollo de esa reforma es adecentar los conflictos obrero-patronales que hoy en día van a largos juicios y para cuando se resuelven, la empresa demandada podría no existir ya o el trabajador podría haber pasado años usando sus pocos recursos y laborando en trabajos informales si es que consigue trabajo.

Quien no ha estado en un conflicto obrero-patronal entiende muy bien el problema si ha sido victima de un accidente de tránsito y el dueño del autobús que lo chocó va a un juicio que se prolonga por años para que cuando se resuelva, el ofendido ha gastado su tiempo y esfuerzo y el demandado ha alargado el proceso recurriendo a todo tipo de triquiñuelas para que el ofendido reciba una compensación menor, si es que la recibe.

La reforma como está planteada hace que los conflictos obreros-patronales se resuelvan en semanas o meses, llevando justicia al ofendido y disminuyendo el trabajo y gastos del sistema judicial.

En cuanto el tema de huelgas, mediante reglamentos u otros mecanismos, se podría regular con más claridad qué son los “servicios esenciales” y  cómo no se afectan.

Pareciera que el actual gobierno demostró con claridad qué entiende por servicio esencial en la reciente huelga en Limón cuando recurrió a la Fuerza Pública para abrir los muelles y restablecer el servicio con mano de obra externa, sin recurrir a excesos aun cuando hubo violencia quemando furgones o violencia quemando la imagen del Presidente de la República, lo cual  no es menos violento.

Este no es un tema de alianzas con partidos políticos para el directorio de la Asamblea Legislativa el próximo Primero de Mayo. Es un tema de racionalidad para resolver una injusta situación laboral.

Resta a los partidos políticos que apoyaron esa reforma y ahora la adversan, explicar la razón de tan radical cambio y si esto tiene que ver con la derrota sufrida en las pasadas elecciones o posicionamiento para las próximas.

Dr. Rodrigo Cabezas Moya

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