martes 25, enero 2022
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Brasil: Violaciones de DDHH en dictadura era «política de Estado»

Brasilia, 10 dic (dpa) – Las torturas, asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos formaban parte de una política de Estado durante la dictadura militar brasileña (1964-1985) y dejó al menos 434 muertos y desaparecidos, según el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad, entregado hoy a la presidenta Dilma Rousseff.

«En la dictadura militar, la represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en una política de Estado, ideada e implementada en base a decisiones emanadas de la Presidencia de la República y de los Ministerios militares», afirma el texto.

«Esta política de Estado movilizó a agentes públicos para la práctica sistemática de detenciones ilegales y arbitrarias y de tortura, que se abatió sobre miles de brasileños, y para la práctica de desapariciones forzosas, asesinatos y ocultación de cadáveres», agrega el informe, que rechaza los argumentos de las Fuerzas Armadas según los cuales esas prácticas eran «actos aislados».

El documento, que resultó de dos años y siete meses de investigaciones, incluye una lista de 377 agentes del Estado acusados de participar en los crímenes, entre ellos los cinco presidentes del régimen militar y los tres oficiales que integraron la Junta que gobernó el país durante meses, entre agosto y octubre de 1969.

La CNV defiende que los agentes del Estado acusados de torturas, asesinatos, ocultación de cadáveres y otros delitos deben ser castigados penalmente y no pueden verse beneficiados por la Ley de Amnistía dictada por el régimen militar en 1979.

«Leyes de autoamnistía constituyen una ilegalidad internacional; hacen perpetuarse la impunidad y propician una injusticia continuada, negando a las víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia, en directa afrenta al deber del Estado de investigar, enjuiciar, juzgar y reparar graves violaciones de derechos humanos», afirma el texto.

En este sentido, afirma que «la extensión de la amnistía a agentes públicos vinculados a torturas, asesinatos y otros delitos es «incompatible con el Derecho brasileño y con el orden jurídico internacional», ya que tales prácticas constituyen «crímenes contra la humanidad, imprescriptibles y no susceptibles de amnistía».

Al comentar el informe, uno de los integrantes de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), el ex ministro brasileño de Justicia José Carlos Dias, dijo que la comisión no tiene poderes para abrir juicios contra las personas acusadas de crímenes contra los derechos humanos, pero debe «decir lo que piensa». «No podemos aceptar que la amnistía sea un instrumento de impunidad», señaló.

«Los agentes del Estado al matar y torturar, no practicaron un acto político, sino delitos comunes. La amnistía no se extiende a agentes del Estado que recurrieron a excesos y a la violencia contra los opositores. No se trata de revisar la ley, sino de reconocer que no es aplicable para estos agentes del Estado», dijo.

Por otra parte, los autores del informe volvieron a lamentar la escasa colaboración de las Fuerzas Armadas con las investigaciones realizadas por el grupo.

El coordinador de la CNV, Dalmo Dallari, destacó como ejemplo el desapareción, en la década del 70, de militantes de izquierda capturados por fuerzas del Ejército en la represión al movimiento de la guerrilla del Araguaia, y cuyos cuerpos no pudieron ser recuperados.

«La guerrilla de Araguaia dejó a 70 desaparecidos en el marco de una acción militar. Los guerrilleros fueron detenidos por las Fuerzas Armadas y desaparecieron. Son las Fuerzas Armadas las que tienen la información sobre lo que ocurrió. Una de las frustraciones que nos queda es la de no haber logrado avanzar como desearíamos en la ubicación de restos mortales de los desaparecidos», expresó.

Dallari también defendió la continuación de las investigaciones, tanto para encontrar los restos mortales de los desaparecidos como para confirmar las sospechas sobre asesinatos de campesinos e indígenas, que no han sido dilucidadas por el grupo.

El documento final de la CNV fue entregado en la mañana de hoy -Día Mundial de los Derechos Humanos- a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien estuvo tres años presa y fue torturada por las fuerzas de represión política en la década del 70.

En un emotivo discurso, la mandataria reelecta en octubre pasado lloró al recordar a las víctimas de la represión política y al afirmar que, para los familiares y amigos de los muertos y desaparecidos, el silencio sobre los crímenes les hace sufrir «como si ellos se murieran otra vez y siempre, día a día».

Al mismo tiempo, Rousseff indicó en su discurso que no pretende anular la Ley de Amnistía, al enfatizar que los brasileños reconquistaron la democracia «a través de luchas duras, a través de sacrificios humanos irreparables», pero también «a través de pactos y acuerdos nacionales».

«Así como respetamos y honramos -y siempre lo haremos- a todos los que lucharon por la democracia, a todos los que cayeron en esa lucha enfrentando la truculencia ilegal del Estado…, también reconocemos y honramos los pactos políticos que nos llevaron a la redemocratización», subrayó.

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