viernes 28, enero 2022
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Palestina: Estatuto de Estado observador acordado por Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (CPI)

En el marco de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma (que establece desde 1998 la Corte Penal Internacional – CPI), que se reúne desde el pasado Lunes 8 hasta el próximo 17 de diciembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (ver  documento oficial ), la Asamblea acordó otorgarle a Palestina el estatuto de Estado Observador: Ello fue reportado tempranamente por la prensa en Israel (ver nota  del Jerusalem Post). Otra nota más detallada de otro medio israelí (Haaretz) indica por su parte que esta decisión se tomó sin ningún tipo de objeción por parte de los 122 delegados presentes a la cita: el número corresponde al de los Estados Partes al Estatuto de Roma (ver listado oficial) a la fecha.

El artículo 94 del Reglamento de la Asamblea prevé en efecto que: “Artículo 94: Estados que no tengan la condición de observadores.  Al comienzo de cada período de sesiones de la Asamblea, el Presidente podrá, con la aprobación de la Asamblea, invitar a un Estado que no sea Parte ni tenga la condición de observador a designar a un representante para que asista a los trabajos de la Asamblea. Ésta podrá autorizar al representante a hacer una declaración”. En esta condición participan, además de Palestina, unos veinte Estados que no son parte al Estatuto de Roma, incluyendo a Estados Unidos y a Rusia.

Se trata de un primer respaldo obtenido por Palestina, que viene a completar un largo recorrido de los representantes de Palestina ante la CPI en favor de la plena aplicación de justicia penal internacional en su territorio: a diferencia de los restantes Estados observadores a la Asamblea de Estados Partes, Palestina sí ha intentado en el pasado que se investiguen hechos realizados en su territorio por parte de la CPI, sin éxito hasta la fecha.

En efecto, la Oficina del Fiscal de la CPI rechazó en el mes de abril del 2012 una solicitud para que se investigara por parte de la CPI las acciones armadas de Israel en Gaza (ver comunicado oficial de la CPI de abril del 2012 en  francés  y en  inglés ): el rechazo formalizado en el 2012 se fundamentó en aquel momento en el hecho que Palestina (quién reconoció en enero del 2009 la competencia de la CPI),  no ostentaba la calidad de «Estado» reconocido como tal por las Naciones Unidas. Obtenido el estatuto de «Estado No Miembro Observador» por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de noviembre del 2012 en una acalorada votación (Nota 1), y con ocasión de la visita del jefe de la diplomacia de Palestina a la CPI en el mes de agosto del 2014, la misma oficina del Fiscal de la CPI indicó en este mes la imposibilidad que se investigara lo ocurrido en Gaza en julio/agosto del 2014, precisando que Palestina debía proceder a reconocer la jurisdicción de la CPI (ver comunicado oficial de prensa de la CPI en  francés  y en  inglés  de la Oficina del Fiscal). La actual Fiscal de la CPI consideró oportuno publicar en The Guardian  en el mes de agosto del 2014 un  artículo  en el que rechaza categóricamente la posibilidad de que la CPI conozca de los hechos ocurridos en Gaza, insistiendo en la necesidad de que Palestina suscriba el estatuto de Roma y reconozca la competencia de la CPI ahora que ostenta el estatuto de “Estado” no miembro Observador”.

Estas posiciones de la Oficina del Fiscal de la CPI nos recuerdan que el derecho penal internacional es un ámbito del derecho internacional que tiene profundamente preocupado a Israel y a algunos de sus aliados, en particular a su fiel socio norteamericano. Palestina depositó el 21 de enero del 2009 una declaración de aceptación de la jurisdicción de la CPI: nótese que el texto  omite precisar la nacionalidad, tanto de las víctimas como la de los “autores y cómplices de actos perpetrados en el territorio de Palestina desde el 1ero de julio del 2002” (traducción libre de : « the Government of Palestine recognizes the jurisdiction of the  Court for the purpose of  identifying, prosecuting and judging the authors and accomplices  of acts commitied on the territory of  Palestine since July 2002 » (Nota 2): un reconocimiento de este tipo abre por lo tanto la puerta para investigar las presuntas exacciones cometidas en Palestina, y no solo por parte de un bando.  Este acto de Palestina en favor de la aplicación de la justicia penal internacional fue considerado por el servicio jurídico del ejército israelí como una nueva forma de terrorismo, desconocida hasta entonces: el «terrorismo legal» (Nota 3). Un cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv del 23/02/2010 (ver  texto completo ) dado a conocer por Wikileaks en el 2011 ya indicaba el gran temor que generaba a la diplomacia israelí la CPI y la necesidad de contar con el respaldo de Estados Unidos, en los siguientes términos: «Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”.

Menos confidencial, recientemente se leyó en un artículo titulado: «US is ‘absolutely adamant’ that Palestine not go to ICC and wreck the peace process — Power” que para la diplomacia de Estados Unidos, «The ICC is of course something that we have been absolutely adamant about. Secretary Kerry has made it very, very clear to the Palestinians, as has the President. I mean, this is something that really poses a profound threat to Israel” (sic). Salvo error de nuestra parte, debe ser la primera vez en la historia del derecho internacional que se afirme públicamente que una jurisdicción penal internacional constituye una verdadera amenaza  para un Estado considerado como un aliado: un hecho que amerita ser recalcado y analizado. Algunos podrían ver en esta manifestación pública algo que se asemeja a una verdadera confesión. No sería la primera vez que se oyen extrañezas de esta índole de parte de representantes diplomáticos: la edición del The Washington Post 29/11/2012  refiere a otra inédita manifestación pública, esta vez proviniendo de la diplomacia británica: Reino Unido estaba dispuesta a votar en favor del texto que reconoce a Palestina el estatuto de Estado No Miembro Observador, siempre y cuando Palestina diera garantías de no accionar los mecanismos de la Corte Penal Internacional (CPI): “The U.K. suggested that it might vote “yes” if the Palestinian Authority offered assurances that it wouldn’t pursue charges in the International Criminal Court, but apparently came away unsatisfied refiere The Washington Post, un medio usualmente bien informado. Otra extrañeza que, sumada a la anterior y a muchas otras más, nos indica que se busca, por parte de algunos, evitar a toda costa que la justicia penal internacional pueda aplicarse en Palestina. En declaraciones del jefe de la delegación norteamericano David Scheffer después de la conferencia de Roma de julio de 1998 en la que se adoptó el Estatuto de la CPI, este alto funcionario de la administración del Presidente Clinton admitió que durante las negociaciones,  Estados Unidos « endoso» los temores de Israel: « En ce qui concerne Israël enfin, David Scheffer reconnut après Rome que la délégation américaine avait endossé la crainte d´Israël d´être victime d´accusations devant la future Cour en raison de sa politique dans les territoires occupés “ (Nota 4). 

En el mes de febrero del 2010, eminentes especialistas del derecho internacional publicaron una carta pública en la que consideraban que, desde el punto de vista jurídico, la Oficina del Fiscal de la CPI sí podía ejercer sus competencias para investigar lo ocurrido en Gaza y en Cisjordania (ver texto integral de esta carta pública en francés). En agosto del 2014, un grupo de abogados y de expertos británicos presentó similares argumentos  con relación a la ofensiva militar israelí en Gaza del 2014 (ver  nota  de prensa). Tanto en el primer como en el segundo caso, la misma (y temerosa) Oficina del Fiscal de la CPI rechazó cualquier posibilidad de iniciar investigación alguna. Estas actuaciones fueron atenta y pacientemente observadas por todos, Palestina incluida.

Notas

Nota 1: Véase nuestra breve nota publicada en La Celosía, el 27/12/2012, disponible aquí.

Nota 2: Con relación a los efectos de esta declaración de Palestina desde el punto de vista jurídico, véase PELLET A., «The declaration of Palestine and the jurisdiction of the International Criminal Court », 8, Journal of International Criminal Justice, Issue 4 (2010), pp. 981-999.

Nota 3: Véase FERNANDEZ J., La politique juridique extérieure des Etats- Unis à l´égard de la Cour Pénale Internationale, Paris, Pedone, 2010, p. 325.

Nota 4: FERNANDEZ J., op. cit. , p. 172

(*) Nicolás Boeglin es Profesor, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

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