San José, 16 Dic (ElPaís.cr) – A diferencia de la gran parte de la clase trabajadora costarricense, el descontento manifestado por varios sectores empresariales ante la decisión del Presidente Luis Guillermo Solís de levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral (RPL), sigue siendo tema nacional tanto en las calles como en el Primer Poder de la República.
Y es que, aunque para muchos sindicatos fue un paso histórico el levantamiento del veto al expediente 15.990, para la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como para varias bancadas legislativas respaldadas por medios tradicionales, esto solo es «un paso de empoderamiento del gremio sindical».
«El sector empresarial confiaba en que el señor Presidente iba poner en una balanza los efectos de esta decisión. Esperábamos que el señor Presidente sopesara el efecto que una huelga en servicios esenciales que son aquellos que ponen en peligro, la vida y la salud de las personas y ya vemos que no es así», señaló Ronald Jiménez, Presidente de UCCAEP.
Para los sindicatos de empresarios, el Poder Ejecutivo prefirió mantener una alianza con la izquierda dentro del Congreso que «la calidad de los servicios públicos y la seguridad jurídica».
Ante esto, el sector empresarial aclaró que el proyecto debe corregirse, ya que según dicen este permite el ejercicio del derecho de huelga, cuando existe sindicato, aún aunque el porcentaje no represente la mayoría de los trabajadores. «El sector empresarial en forma unánime rechaza el levantamiento del veto a la reforma laboral», agregó Jiménez.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), se sumió a esta postura al enfatizar que lamentan la decisión del Presidente ya que esto genera «una situación de inseguridad jurídica», y un panorama de desconfianza en el país, que no da paso a la apertura de empleo de calidad.
Ahora bien, al parecer estas posiciones son respaldadas y compartidas dentro de la Asamblea Legislativa, el diputado Gonzalo Ramírez del Partido Renovación Costarricense (PRC), expresó que, «se equivoca el Presidente al levantar el veto y al mismo tiempo anunciar un decreto para prohibir las huelgas en servicios esenciales. Sabe el Presidente, o debería saberlo, que un decreto como ese no tendrá efecto porque no puede estar por encima de la ley».
Además, Ramírez comentó que a nivel nacional este paso jurídico «empodera a los sindicatos y es una mala señal para los empresarios, no creo que eso sea lo que quiere la mayoría de los costarricenses (…) al Presidente le falta firmeza pues trata de quedar bien con todos los sectores al mismo tiempo».
Por su parte, el Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Juan Luis Jiménez Succar, dijo que lo que pretenden es un Código Procesal Laboral consolidado, el cual será presentado por esta misma bancada; sin embargo, aclaró que de no ser consensuada la propuesta buscarán al menos cinco reformas al texto actual.
Finalmente, los liberacionistas indicaron que mantienen su posición en contra de las huelgas en servicios esenciales, y que si en plenario no se logra un acuerdo respecto a la reforma de este aspecto, no darán los votos para ninguna otra reforma a este proyecto.
Si se pudiera investigar a ciertos «empresarios» de estas «camaras» como parte del residuo corrupto del PLN se encontrarían algunas maquitrufias para la evasion de impuestos en sus empresas. Y ahora se rasgan las vesitduras contra el pueblo. Adelante don LGS tiene el respaldo del pueblo !
«descontento manifestado por varios sectores empresariales». Y qué esperaban? Por supuesto que muchos de ellos (no todos) se oponen a cualquier cosa que limite sus abusos contra los trabajadores. Pero resulta que aquí, la mayoría elige lo que se va a hacer, como dictan los mejores cánones de la democracia, y en este campo, los explotadores se reducen a una pequeña minoría, que con su dinero pretenden «comprar» a algunos políticos de muy mala fama, para emborronar la clara voluntad del pueblo, a punta de sobornos y articulillos de mala muerte en la mediática corporativa, propiedad de ellos mismos. Parece ser que esta vez los explotadores se van a tener que poner con Dios o les llueve. Ya no está el PLUSC en el poder. !Gracias a Dios!
No Jodás, a la neo-oligarquía (a los sindicatos de empresarios, a las familias herederas del poder y piñatas USAID-BID, a la familia propietaria de Canal 7, al cartel español, al cartel de oligarcas centroamericanos, al narcodueño de REPRETEL, a los lavadores de dinero vía desarrollos inmobiliarios en Escazú, las playas y otros lugares, etc.) y a los diputados de éste grupo oligárquico en el parlamento, les importa un pepino la salud de los costarricenses, les importa nada si se produce una huelga en un hospital público o no. Ese argumento es un estribillo, una máscara que utilizan para encubrir el verdadero motivo, y este es que todos estos empresarios han violado y violan el derecho de muchos trabajadores, violarle los derechos a los trabajadores, significa para ellos reducir los costos de operación, pero reducirlos en una forma desconsiderada e inmoral. Los malos empresarios saben que en el laberinto burocrático y de tiempo, muchos trabajadores dejan tirado su reclamo por desgate. Con esta legislación, al no poder cansar al trabajador en su justo reclamo, ellos se ven comprometidos a cumplir con la ley, a pagar lo que corresponde.