viernes 28, enero 2022
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Diputados y Poder Ejecutivo analizan situación y futuro de la población indígena de Salitre

San José, 18 Dic (ElPaís.cr) – Los problemas para erradicar la violencia en la zona de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, los pronunciamientos de distintas entidades entre estas la Defensoría de los Habitantes y la evidencia palpable de que la población indígena de la zona sigue siendo víctima de agresión y discriminación llevó a los diputados a gestionar directamente con el Viceministerio de la Presidencia para busca una solución integral al caso.

Los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa recibieron a la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, con el objetivo de analizar los hechos registrados hasta la fecha y las posibles salidas a este conflicto.

La Viceministra brindó una rendición de cuentas de la cartera ante los diputados y a su vez señaló que Costa Rica históricamente no ha defendido a este sector de la población como se debería, y explicó que el Estado ha sido por mucho tiempo clasista y negligente ante la realidad.

Zúñiga indicó que Costa Rica debe saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas al señalar que más allá de Salitre existen 24 territorios aborígenes que han sido abandonados con el pasar del tiempo.

«Los Gobiernos y el Estado costarricense han sido inoperantes durante 50 años para hacer cumplir la Ley de Autonomía Indígena, la cual de manera contundente establecía competencias y responsabilidades a instituciones públicas para que atendiera los procesos de reivindicación de las tierras y de la indemnización a quienes antes de la promulgación de esta ley siendo personas no indígenas se encontraban en zonas de indígenas», dijo la Viceministra.

Parte de lo expuesto durante la audiencia, fue la convocatoria emitida este miércoles por el Gobierno de la República de convocar a sesiones extraordinarias el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Este texto legislativo fue elaborado a raíz de una iniciativa de los mismos pueblos indígenas, sin embargo ha estado estancado en la corriente legislativa por más de 20 años.

En este momento, el expediente 14 352 ya fue aprobado por la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Organización Internacional de Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y habitantes de diferentes regiones indígenas del país.

La funcionaria del Poder Ejecutivo expresó que, «sin duda alguna esto se traduce y es algo que consideramos necesario que quede instalado no solo en el abordaje del conflicto en Salitre».

Zúñiga comentó que esto es parte de un compromiso adoptado por el mandato Solís Rivera dentro de su plan de Gobierno, el cual al parecer se está llevando a cabo desde distintos ámbitos, como por ejemplo, actualmente se está trabajando en un estudio geográfico de las tierras de la zona en conjunto con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).

La funcionaria gubernamental mencionó que también se han tomado ciertas medidas como la implementación de puestos de control y vigilancia, el patrullaje de trabajadores del Ministerio de Seguridad Pública y las móviles de la policía instaladas cerca de este sector. Algunos congresistas criticaron estos antecedentes durante y luego de la sesión, ya que informes del ente defensor y el PNUD aclaran que los puestos de seguridad no trabajaban en ciertas horas, mientras que la vigilancia y patrullajes tampoco se realizaban.

«Como es posible que con la llegada de la piñera a esta zona sucedieran cambios tan drásticos en relación con lo evidenciado mientras vivían los propietarios en esta zona, de verdad es una lástima que todo se desarrollara de esta manera, y se puede decir que en este sector pasaron de vivir en clase media a clase trabajadora, eso hizo una tras-nacional en un cantón», expuso el diputado de esta zona y miembro de la Comisión, Marvin Atencio del Partido Acción Ciudadana (PAC).

La discusión en plenario se dará en muy poco tiempo y el destino de estos habitantes indígenas costarricenses está pronto a determinarse de una vez por todas, esto luego de que se analizara el proyecto y se estableciera que es una necesidad primordial para el país.

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