viernes 21, enero 2022
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Sobre la Reforma Procesal Laboral

El pasado sábado el Editorial de la Nación tildó de cínico al Presidente por querer compensar el levantamiento de un veto con un decreto. Semejante adjetivo  llamó mi atención y decidí ahondar en el tema.

El proyecto de Reforma Procesal Laboral nace  hace 12 años. En el pasado gobierno, el principal impulsar era el Frente Amplio, pero no el único. El proyecto fue definitivamente aprobado y en Casa Presidencial, la ex Presidenta lo veto.

Doña Laura veta el proyecto por un único tema: la permisión de huelgas en servicios esenciales, pero ese solo es una parte de los múltiples problemas que trae consigo la Reforma. El veto no enterró el Proyecto, claro está.   Luego, entonces, en campaña y para el directorio, el Sr. Luis Guillermo Solís  negocia el levantamiento del veto sin tener certeza de la constitucionalidad del acto. El adquirió compromisos con el Frente Amplio y el PUSC.

Después de una supuesta presión ineludible, el sr. Presidente levanta el veto y alega que  está de acuerdo con el tema vetado por doña Laura pero que de todos modos vamos adelante con la Reforma y para apaciguar las aguas crea un Decreto.  Para los abogados y estudiosos del Derecho, que se supone entendemos  de jerarquía normativa, esto simplemente, fue una burla.

El domingo, en cadena nacional dijo otra vez, que no creía en las huelgas en servicios esenciales, sin embargo, que siga adelante la reforma y esta vez no va un decreto si no otra reforma ya que tantos estudios no se iban a ir por la borda.

De este proyecto se ha dicho que trae una fórmula secreta para que los procesos pasen de 12 años a 1 año y que va a evitar la discriminación contra personas de bajos recursos que no pueden pagar abogados. La fórmula secreta se llama oralidad que no es tan secreta ni tan efectiva, que lo digan los que litigamos en el Contencioso-Administrativo donde hay medidas cautelares de 2 años o más y hay resoluciones donde hay que pensar rápido por la oralidad y tienen como resultado   resoluciones sin ningún fundamento legal. Que los procesos duran 12 años es una excepción y no lo normal. Lo  del “pobrecito” del trabajador se encargan muchos: el M.T., las universidades, los mismos juzgados con todo y jueces y hasta el derecho laboral y sus principios. Los que claman son los auxiliares de los juzgados que tienen asignados hasta 500 expedientes por persona pero esos gritos de ayuda parecen no escucharse.

Con el anuncio de la Reforma acompañaban el acta de defunción del empleo público, así lo hicieron ver y así quedó en la Reforma. Esa reforma pretende meterse a regular el empleo público, materia diferente al empleo privado, cada uno con principios propios. El empleo público hace mucho ganó su autonomía, es una materia independiente a la laboral. El laboralista no reconoce esa autonomía y quiere regular incluso la parte procesal del empleo público. Esto, para los especialistas en Derecho Público, no es digerible.

¿Que nos espera? La validez del levantamiento del veto no ha sido resuelta por la Sala Constitucional, claro que parece que el señor Presidente tiene mucha suerte en que se le resuelva a favor cuestiones de dudosa constitucionalidad, como el caso de don Melvin. De todos modos, La Reforma Procesal Laboral con toda seguridad será llevada a la Sala Constitucional.

Eugenia Murillo es abogada

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