viernes 28, enero 2022
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Sobre el D.E. 38767 (Reglamento al 375 Código de Trabajo)

No nos interesa aquí el contexto en el que se emite, pero ciertamente no tiene relación lógica con el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral. Pareciera más bien busca paliar el repudio que podría causar el levantamiento del veto, veto que con cortedad de visión solo se refirió a la huelga y solo a un aspecto de esta.

El Reglamento solo se ocupa del tema de los “servicios públicos” asunto regulado  en el 375 del C. de Tr., el que prohíbe la huelga en tales servicios, acorde con el 61 de la Constitución. Esto exigía que por ley se determinasen esos servicios. Esto lo hace el Reglamento, que no es ley.

El Reglamento regula procedimientos, lo que no hace el 375. Ergo, si es reglamento del 375, fue entonces mucho más allá.

Recuérdese que los jueces deben desaplicar reglamentos “que sean contrarios a la ley” (art. 8 inciso 2, LOPJ), aparte de que la lesión al principio de reserva de ley implica también inconstitucionalidad.

El Considerando del D.E. 38767 transcribe el 375 del Código Laboral tal cual entró a regir en el  ´43. Pero no puede esquivarse que por voto 1692-92 la Sala había declarado inconstitucional, para las administraciones con régimen de empleo público, la remisión que la parte segunda de ese artículo hace de las diferencias obrero-patronales que surjan en los servicios públicos en los que se prohíbe  la huelga. El Reglamento, art. 3, autoriza recurrir a la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, o sea, autoriza la negociación o el arbitraje.

Dicho en palabras pobres: sigue el derroche de miopía. Nadie quiere ver lo que realmente debe interesar. La huelga está en función de la negociación o del arbitraje. Hay que tener nítido entonces si cabe o no negociación o arbitraje respecto del empleo público. Lo que supone antes el conocimiento de elementales verdades, que a nadie interesan o que ni siquiera tienen interés en conocerlas, menos en tener que hacerlas valer.

Verdades elementales:

  1. Servidores (o mejor empleados) públicos son los que prestan servicios personales bajo relación de empleo al Sector Público.
  2. Los empleados públicos deben regirse por un “estatuto” especial. Esto significa : que no se rigen por el Código de Trabajo (v. art.191 Constitución)
  3. No se rigen por el C. de Tr. porque están sometidos a una relación de empleo de naturaleza pública (de Derecho Administrativo, no de Derecho Laboral). Ver numerosos votos de la Sala Constitucional, último: 2013-14499.
  4. Precisión: Conforme a los artículos 111 y 112 de la Ley General de la Administración Pública, que mantienen la regla general de la naturaleza pública de la relación de empleo en el Sector Público, no están sometidos  al Derecho Público de Empleo aquellos trabajadores “que no participan en la gestión  pública de la Administración, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 111.” Este párrafo se refiere a los “empleados de empresas o servicios económicos del Estado encargados de gestiones  sometidas al derecho común”. Todo esto se ratifica  en el voto 2013-14499 cit., y lo que sigue.
  5. Al contrario de lo que sucede en el Derecho Laboral en el Derecho Administrativo de Empleo no hay negociación. Porque en el segundo no hay una relación contractual, entre otras razones.

Desde el ángulo del Derecho Administrativo de Empleo, el Reglamento en cuestión es absurdo porque se inscribe dentro de una visión errada de lo que es el empleo público.

Está claro que no caben convenciones colectivas en el empleo público. Sin embargo, no hace mucho se suscribió la MEP-SEC. Está claro que hay muchas suscritas que son nulas e inaplicables, como las municipales y las universitarias. A nadie le importa (y nadie es nadie; todo el mundo se hace el ruso). Está nítido que el Código de Trabajo no puede ocuparse del empleo público. Sin embargo, en el contexto de la mayor atrocidad jurídica concebible, la Reforma Procesal (¿solo procesal?) Laboral  olímpicamente cruza sin rubor, la frontera constitucional, dictando normas contrarias al Derecho Público de Empleo aun hoy vigente (enterrado sin certificado de defunción por los sindicatos y la zurda y desenterrado por la Sala).

Vamos bien. Sigamos jugando. Hay cosas no disponibles para componendas.

Dr. Mauro Murillo Arias es Abogado

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