Managua, 28 dic (dpa) – «El Ejército de Nicaragua está para defender la soberanía nacional y proteger los intereses nacionales, no para agredir campesinos que reclaman la protección de sus derechos», aseguró hoy el obispo Juan Abelardo Mata, de la diócesis de Estelí, región norte, durante la liturgia dominical.
El obispo se refirió a los hechos violentos ocurridos el miércoles, luego que tropas especiales del ejército y la policía nicaragüense dispersaran con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma, a un grupo de campesinos que se oponen a la construcción de un canal interoceánico que -sostienen- afectaría sus propiedades.
Durante la intervención policial y militar en los municipios de El Tule y Rivas, en la región sur aledaña a Costa Rica, resultaron lesionados seis civiles y 15 agentes policiales, miembros de la fuerzas especiales antimotines.
El obispo Mata criticó al gobierno del presidente Daniel Ortega por mantener «posiciones cerradas y duras» contra quienes reclaman sus derechos con la organización de marchas de protestas. Los campesinos temen que sus propiedades sean expropiadas, sin justa indemnización.
El sacerdote, muy conocido por sus posiciones críticas al gobierno de Ortega, se sumó a quienes reclaman la inmediata excarcelación de seis de los dirigentes de las marchas anticanal, que permanecen detenidos presuntamente para ser procesados judicialmente.
En opinión del obispo Mata el gobierno comente abuso de autoridad en contra de los ciudadanos que están reclamando su legítimo derecho «porque les quieren comprar sus tierras de mucho valor a precio de catastro».
«Y la manera como se aprobaron estas leyes, prácticamente dando en concesión parte de Nicaragua a un chino donde ni siquiera leyes (nacionales) van a imperar, es un verdadero abuso de autoridad y con mucha razón la gente ha venido protestando», subrayó el obispo.
La víspera, el vocero de la Autoridad del Canal Interoceánico, Telémaco Talavera, sostuvo por primera vez un encuentro con campesinos que no quieren vender sus propiedades para explicarle la política que aplicarán las autoridades para adquirir tierras por donde pasará la obra.
Durante el encuentro realizado en comunidad de La Fonseca, Nueva Guinea, unos 300 kilómetros al sur de la capital, los campesinos anticanal demandaron la derogación de la Ley 840, Ley del Gran Canal, que otorga una concesión por 100 años a la empresa china HKND, para desarrollar el megaproyecto.
La construcción del canal interoceánico está previsto a un coste de 50.000 millones de dólares, en un período de siete años y unirá el Pacífico con el Caribe, a lo largo de 278 kilómetros de extensión.
