viernes 21, enero 2022
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2014: Otro año difícil para los indígenas de Salitre

San José, 31 Dic (ElPaís.cr) – Con intervenciones de la Defensoría de los Habitantes, directrices gubernamentales, comparecencias legislativas entre otras acciones, el 2014 vino a sumarse a otro año de conflictos por territorio para los indígenas de la zona de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas.

Si bien es cierto, esta comunidad ha sido víctima de abuso territorial en años anteriores; sin embargo, este año inició y casi que cerró con implicaciones mayores, en las que varias familias perdieron sus casas, cultivos y posesiones personales inclusive más de una sola vez.

En recapitulación, el 9 de octubre de este año luego de que se evidenciaran múltiples abusos a esta población, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión que tendría como propósito el desarrollo de los pueblos indígenas.

Esto se dio en el marco de la ratificación de la Ley de Autonomía de las Comunidades Indígenas, la cual lleva más de 20 años en la corriente legislativa; además en abril de 2013 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentó un informe en el que solicitaba la ratificación de esta ley.

Sin embargo,  el proyecto de ley aún está en gestión esto a pesar de que febrero, marzo, julio, noviembre y diciembre fueron meses sumamente difíciles y llenos de tensión no solo para los indígenas de Salitre, sino también de otras regiones del país.

Uno de los acontecimientos que ubican este año como un período de conflictividad territorial, fue registrado el 6 de noviembre, en el que cerca de cien oficiales de la Policía en más de 10 vehículos en conjunto con miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), e inclusive funcionarios de la Fiscalía General de la República allanaron varias casas y ranchos de familias que son parte de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Indígena (AID).

Cabe recordar, que con base en la actual Ley Indígena (N. 6. 172), las personas no indígenas tienen prohibida la posesión de tierras aborígenes sin una justificación, mandato irrespetado en varias ocasiones.

Ante esto, y luego de varias entrevistas llevadas a cabo por la instancia legislativa que analiza la situación el Presidente Luis Guillermo Solís decidió desplegar cuerpos policiales que vigilaran la zona para evitar invasiones de finqueros o decualquier otra persona, pero esto tampoco puso un alto al problema.

La Viceministra de la Presidencia, indicó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que «Costa Rica debe saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas».

“Los Gobiernos y el Estado costarricense han sido inoperantes durante 50 años para hacer cumplir la Ley de Autonomía Indígena, la cual de manera contundente establecía competencias y responsabilidades a instituciones públicas para que atendiera los procesos de reivindicación de las tierras y de la indemnización a quienes antes de la promulgación de esta ley siendo personas no indígenas se encontraban en zonas de indígenas”, dijo la Viceministra.

Únicamente durante el mes de diciembre, la comunidad indígena de Salitre fue víctima de más de cinco abusos territoriales.

Un informe de la Defensoría de los Habitantes remitido a la cartera de la Presidencia señala que, «hemos verificado que la presencia de la Policía oscila al son del conflicto y que no se ha iniciado el censo de propiedades acordado por la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, con los indígenas y los finqueros, tanto así que ni siquiera se han realizado los estudios registrales de las 15 fincas que fueron recuperadas por los indígenas en julio pasado”.

Este mismo informe reveló que en este último mes del año la Policía de la región denegó el auxilio de desalojo en favor de la señora Camelia Morales Ortiz.

La Defensora Montserrat Solano manifestó en comparecencia legislativa que durante una visita que realizó a dicho territorio constató que, «no existe ningún puesto de control policial, ni ningún registro de ingresos y salidas, ni observe ningún patrullaje».

Las entrevistas realizadas por la Comisión legislativa, la información revelada por la Defensoría y las palabras de cientos de familias indígenas costarricenses evidencian que el 2014 no estuvo dirigido a la protección de esta población, por lo que varias entidades gubernamentales hicieron un llamado durante las últimas semanas de año para que este Gobierno pueda reivindicar la seguridad ciudadana en esta y otras zonas.

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