Uno de los mayores desafíos de la administración de justicia, que se ha transformado en su talón de Aquiles, es la forma como se nombran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que los deja en una posición vulnerable, a manos de quién los nombró. A pesar del clamor de la sociedad civil, los mismos no son designados por sus méritos académicos, y por una solvencia moral comprobada, con algunas excepciones, sino que designan a los amigotes del presidente de turno, el cual en la práctica “ le deben cuidar las espaldas cuando ya no está en el cargo”. Cuando lo que deben hacer, es guardarle lealtad a la constitución política y al pueblo, que es de donde emana el poder público, y acabar de una vez por todas con esa práctica malsana, y aberrante.
Ahora los ex presidentes se refugian en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), que les brinda inmunidad aparente, a la impunidad cometida en sus funciones públicas. Solo el ex presidente Guillermo Endara, renunció voluntariamente a este beneficio. El órgano judicial es el péndulo que mantiene el equilibrio de los poderes públicos, por lo que sus fallos deben ser justos, transparentes, y expeditos.
La crisis que corroe al sistema de justicia, ha deteriorado sus accionar, a tal punto que se escucha en los medios de comunicación, de venta de fallos, se supone, que de ahí, proviene el enriquecimiento ilícito. Se habla de un décimo magistrado, que negocia tras bambalinas con los magistrados, entre otros vicios, que son incompatibles con sus funciones. Dado los casos que se han presentado recientemente, les conviene a los miembros de esa corporación de justicia, enderezar esos entuertos, antes que el sistema colapse, y los arrastre.
En este momento se procesa al magistrado Alejandro Moncada Carvajal, que llegó a la CSJ, de la mano del ex presidente Martinelli, sin estar en la lista que proporcionó la sociedad civil. Se asocia a este señor presuntamente de ser censor de los medios de comunicación social en los tiempos de los militares, actor principal en una revuelta en la P.T.J. en los tiempos del procurador José A. Sosa, entre otros señalamientos. Alejandro Moncada es acusado por el colegio de abogados de enriquecimiento ilícito, corrupción de funcionarios públicos, entre otros delitos, ante la asamblea nacional de diputados. A la fecha la fiscalía del caso ha ordenado su separación del cargo, restricción domiciliaria, y secuestro de bienes.
Como estamos en los tiempos de navidad, en vez de llegar los reyes magos, se presentó un tío llamado Pipo, como salvador de este magistrado en su laberinto. Pero este mago santiagueño en su afán de darle una manito a su protegido, parece que por el largo viaje con el trineo jalado por unos búfalos, ha sufrido de amnesia, al entrar en contradicciones, con sus declaraciones, porque primero dijo que le había prestado la suma de 700,000 dólares, pero ahora cambia la versión, y dice que le prestó al sobrino postizo 1.8 millones de dólares, lo cual debe poner en alerta a los investigadores, porque alguien no está diciendo la verdad.
El juicio que se hace al Sr. Moncada, no importa, si es encontrado culpable o no, porque el proceso pasa del plano jurídico, al político, y la asamblea nacional requiere 2/3 parte de los votos para condenarlo en estricto derecho. Le tocará a la comunidad solicitarle a sus diputados, que voten a conciencia por los mejores intereses de Panamá. Los diputados, y sus partidos se están jugando su futuro político, porque si el pueblo percibe, que no han actuado honestamente, les pasarán su factura en la próxima elección.
Domingo Espinosa G. es escritor.
