sábado 29, enero 2022
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Defensoría encara al MOPT sobre Ruta 27

San José, 21 Ene (ElPaís.cr) – Luego que la Contraloría General de la República (CGR), rechazó una adenda al contrato de concesión de la Ruta 27, la Defensoría de los Habitantes comenzó a meterle presión al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y asegura que si se va presentar otra ampliación al documento se requieren nuevos estudios.

La defensoría además solicitó a la cartera de Transportes información vinculante al respecto, ya que considera necesario saber si van a desistir de esta figura, si se van hacer cambios o si únicamente se continuará con el proceso de arbitraje correspondiente.

Al MOPT se solicitó información sobre costos e ingresos, además de datos sobre el proceso de recuperación de la inversión mediante los peajes, así como también el plazo proyectado de entrega de la carretera al país. La entidad vial también deberá entregar una copia del contrato una vez que este quede listo.

La Defensoría aclaró que, todas estas solicitudes son parte de una investigación que se está llevando acabo para mantener un control de los ingresos por peajes en la Ruta 27.

Cabe aclarar, que la adenda al contrato presentada por el Ministerio de Transportes pretendía resolver ciertos vacíos legales que están vigentes desde el 2010 y otras diferencias que mantiene el Gobierno con la concesionaria de la carretera San José-Caldera (Global Vía).

A finales del año anterior, el MOPT indicó que «producto de la conciliación hay claridad en que la concesionaria efectivamente invirtió en obras $258 millones a valores del año 2000, de los cuales ha recuperado $104 millones”, es decir, un 40% del monto total.

Actualmente, las mayores diferencias mantenidas entre dicho Ministerio y la empresa adjudicada de la carretera es por montos invertidos y recuperados por parte de Global Vía, mientras que para la Defensoría el panorama no es muy distinto.

«La importancia de conocer cuánto de la inversión ha recuperado el concesionario radica en que si los ingresos por peajes ya alcanzan el monto de la inversión, pues eso determinaría el fin del contrato de concesión y el traslado de la obra a manos de los costarricenses», puntualizó el ente defensor mediante un comunicado.

La Defensoría mantendrá la presión a la cartera de transportes, debido a que si eventualmente se logra este traslado y se presenta una nueva adenda se podría llevar a cabo una ampliación de dicha ruta.

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