De 908 casos de ambientalistas asesinados en el mundo solo 10 se han resuelto
Según un estudio de la organización británica «Global Witness», entre 2002 y 2013 se asesinaron 908 personas en el mundo por la defensa del ambiente, entre quienes se encuentra Jairo Mora.
Latinoamérica registra la mayoría de los asesinatos de ambientalistas: 702 casos, es decir alcanza el 77%. Además, resulta dramático que dicho estudio revele que en solo 10 de los casos hubo alguna condena en este período de 11 años, lo que representa tan sólo un poco más del 1% del índice total de asesinatos.
El desenlace que tenga el caso de Jairo Mora resulta emblemático y clave para revertir la impunidad global de asesinatos por la defensa de la naturaleza, sin embargo el estudio se quedó corto: solo reporta el caso de Jairo para Costa Rica, y desde el sector ambiental hemos contabilizado 10 lamentables casos más si abrimos el lapso entre 1975 y 2014. Así que es deducible y muy probable que el total de asesinados en el mundo sea mayor al que se documenta en el estudio de los últimos 11 años, cifra similar al número de periodistas asesinados en el mismo periodo.[1]
El último caso documentado en nuestro país fue el de Diego Armando Saborío que según la prensa nacional habría sido asesinado “por defender a los animales silvestres de una finca propiedad de su familia, en Chamorro de Cutris en San Carlos” ( La Nación, 14 -10-15)
En 1975 Olof Wessberg, conservacionista que después de una larga lucha de más de 20 años creó la Reserva Cabo Blanco, fue asesinado en una visita a Corcovado donde exploraba la idea de convertirlo en Parque Nacional. El joven que había servido como guía había sido quien lo asesinó según una de las hipótesis fue “en beneficio” de los habitantes de Corcovado que no querían que su tierra se convirtiera en un Parque Nacional. El acusado fue juzgado, sentenciado y enviado a prisión (Tjäder, 2014).
Sigue la lista con Antonio Zúñiga, compañero indígena luchador en contra de la cacería ilegal en el territorio Indigena de Ujarrás muerto en circunstancias no esclarecidas en 1989. En 1992, Oscar Quirós, dirigente de la Lucha en contra la deforestación en Sarapiquí, murió asesinado a balazos, pero debido a sus constantes denuncias se cree que los responsables fueron madereros de la zona. Mientras que Jorge Aguilar que luchaba contra la cacería ilegal salió a patrullar en Cartago y familiares lo encontraron muerto.
En 1994, Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO) que habían participado en una larga y exitosa campaña contra la instalación de un enorme puerto astillero, murieron en extrañas circunstancias en un incendio justo después del triunfo. En 1995, David Maradiaga también miembro de AECO muere, tras una misteriosa desaparición de tres semanas.
En 2011, Kimberley Blackwell, conservacionista canadiense radicada en Costa Rica aparece asesinada dentro de su casa en San Miguel de Cañaza, Puerto Jiménez. La activista tuvo varios enfrentamientos con cazadores ilegales y se presume que la mataron por venganza. Inclusive, un cazador de la localidad estuvo en prisión preventiva como sospechoso de su asesinato. Pese a la presión de la familia, quienes contrataron un investigador privado; la gestión hecha por la embajada y hasta del primer Ministro canadiense, desconocemos si hubo condena para este caso.
Todas estas muertes se dieron en un contexto de persecución y amenazas documentadas que incluyen al menos: 12 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, 16 casos de amenazas de muerte, 20 casos de demandas y 7 demandas colectivas de más de 36 de activistas locales.
Ante estos graves hechos de violencia y de impunidad, los grupos ecologistas lanzamos la propuesta de crear la Comisión de Justicia y Verdad Ambiental con el fin de documentar atentados y proponer un fuero especial para los defensores del ambiente. Recién se presentó en comparecencia comisión especial investigadora de la Asamblea Legislativa en el marco del “Investigación sobre las responsabilidades del estado en el caso del asesinato del ambientalista Jairo Mora y otros casos de agresiones contra el movimiento ecologista” (Proyecto No.18804, Comisión Permanente Especial de Ambiente).
Esta iniciativa es apoyada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL,) y por John Knox, experto independiente de Naciones Unidas en Derechos Humanos y Ambiente.
El experto John Knox acogió la propuesta de crear una comisión para llevar un registro sistemático de las amenazas a ambientalistas en función de su trabajo. En sus recomendaciones finales asegura que en “lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el Experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas” (Informe completo).
La oportunidad de que se castigue a los responsables del crimen de Jairo Mora, es la esperanza de ser más consecuentes como sociedad con la imagen que se pregona de una «Costa Rica verde» y el «país más feliz del mundo».
Si se logra hacer justicia ambiental, Costa Rica servirá de ejemplo para el mundo, de otra manera seguiremos siendo cómplices de que redes mafiosas vuelvan a actuar animadas por la impunidad reinante.
[1] Según los datos del documento «Dataset: Journalists killed since 1992» publicado por el Comité para la Protección de los Periodistas en 2014, 913 periodistas murieron en el mismo periodo mientras desempeñaban su labor. Documento disponible en: https://www.cpj.org/killed/cpj-database.xls
Mauricio Alvarez Mora es presidente de la Federación Ecologista Costarricense (FECON).
Leo este artículo hoy 27 de enero. Ayer supimos el fatídico desenlace del juicio por el asesinato de Jairo. Ojalá no quede en la impunidad el trabajo negligente de la Fiscalía y el OIJ.
Pensar en la impunidad sobre los delitos en nuestro país es cosa de todos los días. Da pena y vergüenza que estas cosas pasen hoy en nuestro país, que se jacta de defender los derechos humanos y que todavía estas inconsistencias trasciendan los medios internacionales, para convertirnos en hazmerreír en países extranjeros. De una vez por todos es hora de sancionar a esos jueces corruptos y darles a esos oficiales del OIJ el entrenamiento requerido en el FBI o en otras policías profesionales de países desarrollados para que no sigan dando palos de ciego y queden como ignorantes ante la opinión pública. No a la impunidad. Los criminales asesinos de Jairo Mora deben ser castigados con todo el peso de la ley para que no se vuelvan a repetir hechos tan vergonzosos.