jueves 8, diciembre 2022
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¿Quién mintió?

De cal y de arena

El afer Jiménez-Soley-Brenes no es un simple accidente de poca monta, merecedor de ser archivado en cosa de tres días. Sus repercusiones  en el funcionamiento de las instituciones del Estado son peligrosas en la medida en que horadan su independencia y exhiben la existencia de una voluntad superior determinada a quebrar el principio de frenos y contrapesos inserto en la configuración que el constituyente dio a ese entramado institucional. Un afer de esta naturaleza es de los que alimentan el descreimiento del ciudadano en los políticos y en los partidos. Una espesa nube oculta la verdad. La percepción generalizada es que alguien mintió a pesar del formal juramento a decir la verdad ante la instancia legislativa que abrió la investigación. Pero no parece que se vaya a poder precisar incontrastablemente quién incurrió en el perjurio. Es decir, la percepción de que hubo una trama para deshacerse de una funcionaria estorbosa y para dejar el camino libre a las influencias ahora que viene la elección de importantes cargos en la Procuraduría, va a reducirse a eso: una percepción no probada. Excepto que en las investigaciones se haga uso del detector de mentiras. ¿Se someterían Melvin Jiménez, Daniel Soley y Ana Lorena Brenes al detector de mentiras?

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En Costa Rica ningún viceministro goza de autonomía funcional u operativa, ni tiene autarquía jerárquica ni competencias exentas del principio de legalidad o de la regla de la rendición de cuentas. Esto una verdad de a puño, bien conocida por el presidente Solís, su ministro Jiménez y el abogado Daniel Soley, sometidos todos a las reglas del juramento constitucional que prestaron al asumir el cargo. Allí, en la Ley General de la Administración Pública, se consagra la normativa propia de la relación jerárquica, de la sumisión disciplinaria, de la legalidad, conveniencia y oportunidad de sus actos. El viceministro no tiene ámbitos discrecionales sino que está atado a las órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercer sus funciones. Pero sí le asiste el principio de desobediencia cuando reciba órdenes de actuar en ámbitos extraños a su competencia o para proceder en forma manifiestamente arbitraria, por constituir su ejecución abuso de autoridad. No me trago la versión de que aquel encuentro fue una inocente cita para compartir un café, no contaminada por las incomodidades provocadas por ciertos pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que mortificaron en la Casa Presidencial e indiferente a las perspectivas de inducir a su titular a dejar el espacio libre para nombrar su sustituto y el del dimitente Procurador de la Ética Pública, otro funcionario de tareas muy importantes en estos tiempos del descoyuntamiento ético en la gestión de la administración pública. Obviamente, la “agenda oculta” de la cita estaba marcada por un objetivo muy importante que no cabe concebir ignorado por el superior jerárquico.

Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista.

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4 COMENTARIOS

  1. Lo dicho por Alvaro Madrigal para mí sería de recibo total excepto por un detalle, y es que Daniel Soley y Ana Lorena son viejos conocidos y militantes del PLN, y lo siguen siendo. Ella está en el puesto por la mano de Oscar Arias y el PLN y Daniel Soley participó muy activamente de la campaña al lado de Johnny Araya Monge hasta el último día de la segunda ronda. Estamos hablando de dos posibles mañosos de la política nacional formados igualmente a la sombra del PLN y si no dudo que Soley pudiese haber hecho ofrecimientos como los que supuestamente hizo, tampoco tengo razones de peso para dudar de que Ana Lorena a fin de obtener el favor necesario para permanecer como Procuradora General de la República u otro puesto de su satisfacción pudiera escuchar atentamente posibilidades o bien; prestarse igualmente a montar un escándalo promovido por un sector de su partido el PLN y el grupo “La Nazión” con el fin de obstruir mediante la deslegitimación cualquier intento del gobierno por separarse un poquito de los intereses empresariales y políticos que hasta el momento han monopolizado un pequeño grupo empresarial y político costarricense.

  2. Ahora que fue encontrado culpable Roberto Dobles en cuanto la declaratoria de interés público la explotación de la mina “Crucitas», pregunto; quién era el Procurador General que avaló todo lo actuado por el gobierno de Oscar Arias en torno a este caso, para quien haya sido mis felicitaciones por avalar lo que ahora un tribunal declara ilegal. Por lo demás; a este sujeto o sujeta yo no le creería absolutamente nada y sin temor a equivocarme, en lo personal lo o la consideraría un mentiroso o mentirosa irremediable o un o una inepta que llegó a esa posición de manera muy cuestionable. Querer tapar esta verdad con tal de proteger el prestigio de la institucionalizad no tiene ni pies ni cabeza.

  3. Quién es creíble y quien NO. En ocasión del juicio que acaba de terminar contra Roberto Dobles y que de manera muy directa involucra a la Procuradora Ana Lorena y pone muy en entredicho su apego a decir la verdad y solamente la verdad, cito a continuación un fragmento de un artículo publicado recientemente en “El Semanario Universidad” http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/pais/14883-2015-01-28-10-54-29.html. “El caso de la mina Crucitas le restó simpatías en el sector ambientalista, pues en criterio de muchos el “abogado del Estado” terminó siendo el abogado de la empresa minera, en un juicio que al final demostró el contubernio entre la minera y la administración Arias Sánchez. Por este caso fue llamada antes a la Asamblea Legislativa, donde reconoció que Óscar y Rodrigo Arias le llamaron para preguntarle por el recurso de casación que iba a presentar tras perder juicio de Crucitas, y confesó también haber llamado a Rodrigo Arias (cuando este recién había salido del gobierno) para preguntarle a él (y no a la presidenta Chinchilla) si tenía los votos para su ratificación en 2010.

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